El abogado del exdirector de Vitalia pide su libertad porque no existe riesgo de fuga
El abogado del exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, que desde el pasado viernes se encuentra en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) por el 'caso de los ERE', ha formalizado ya su recurso contra el auto de prisión y ha pedido la libertad para su cliente porque no se va a sustraer a la acción de la Justicia ni va a perjudicar la instrucción de la causa, según ha informado a eldiario.es/andalucia.
La juez le imputa a Albarracín sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil. Vitalia es, según el auto de la juez, la consultora más beneficiada en los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. Junto a Albarracín otros dos antiguos trabajadores de Vitalia (Eduardo Pascual y María Vaqué) se encuentran también ingresados en la cárcel, de Sevilla I,
El auto de prisión para Albarracín, al que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, destapó el presunto pago, según la juez, de 4,3 millones de 'sobrecomisiones' a los entornos de CCOO y UGT. En concreto, la la juez relata que el exdirector de Vitalia entre 1995 y 2011 “presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CCOO, a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados”, procedentes de las sobrecomisiones “pactadas” con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación. Albarracín “daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta”, según se desprende del auto.
Vitalia pudo “corromper de manera continuada a cargos de la Junta”
Por otro lado, y según informó Europa Press, “la empresa Vitalia obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del señor Guerrero”. Según la juez, estas “sobrecomisiones” eran acordadas por Albarracín “con la Administración andaluza, representada entre otros” por el director general de Trabajo, pero “con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos; Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por otro”, así como con “la colaboración de las aseguradoras, que eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado”.
Según la declaración de Albarracín ante la juez, “los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta”, pues “teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían”, añadiendo que “piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo -el dinero público- no echaban cuenta”. El imputado, que trabajó en Vitalia entre 1995 y 2011, cuando la empresa cerró, declaró por espacio de siete horas el jueves ante Alaya, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza por delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil. Su letrado tachó este caso de “enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía”.
