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El Gobierno de Moreno ultima la privatización del sistema de Justicia juvenil en Andalucía

El último centro público de menores infractores, en Torremolinos, cerró hace casi un año

Javier Ramajo


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El último centro público de internamiento para menores infractores que quedaba en Andalucía, el San Francisco de Asís, en Torremolinos (Málaga), cerraba sus puertas hace casi un año en aras de una “unifiicación de gestión” en todos los centros en los que se ejecutan las medidas adoptadas por los juzgados de menores. Ahora, la Junta de Andalucía ha sacado a licitación pública, por vía de urgencia, la gestión de un nuevo centro en Málaga, que tendrá 50 plazas y que 'sustituye' al de Torremolinos al situarse en la misma provincia. La licitación, en realidad, se había adjudicado ya a una entidad a finales de noviembre pero un problema de última hora con la compra del inmueble ha impedido la formalización del contrato, según fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

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Esta licitación, cuando vuelva a adjudicarse definitivamente, culminará un proceso por el cual la gestión de los 13 centros de internamiento y 47 centros y servicios de medio abierto y mediación penal de menores serán ya todos gestionados mediante contratos administrativos por entidades privadas especializadas en la intervención con menores infractores. Definitivamente, todos los servicios de la denominada justicia juvenil quedarán bajo el “modelo de gestión indirecta”, según la definición que utiliza la Junta, que apunta que se trata de un sistema “elegido por la administración andaluza en los años noventa ante la insuficiencia de medios y el coste económico de los recursos públicos”. De hecho, años atrás pasaron de gestión directa a indirecta, además del de Torremolinos, los centros de internamiento La Jara en Alcalá de Guadaíra, Jesús Redentor (actual 'El Molino') en Almería, 'San Rafael»'(actuales Medina Azahara y Sierra Morena) en Córdoba, y San Miguel en Granada. Este modelo, argumentó la Junta cuando cerró San Francisco de Asís, “resulta de todo punto satisfactorio desde la perspectiva de la intervención con menores infractores”.

La Junta argumentó también que la reorganización de los centros y servicios de justicia juvenil en la provincia de Málaga encontraba su motivación en “la conveniencia y necesidad de unificar el modelo de gestión en todas las provincias de Andalucía”, añadiendo que dicha unificación se alcanzaría incorporando a la provincia de Málaga en la planificación del mapa de centros y servicios de justicia juvenil un nuevo recurso que se licitará en el ejercicio 2021 (aunque finalmente será en 2022 por el citado problema para la formalización del contrato). La acción se completaría “redistribuyendo las existentes en Andalucía con el fin de hacer efectivo el superior interés del menor mediante el cumplimiento de la medida en su entorno social y familiar”. La idea de la Consejería era tenerlo operativo para este próximo mes de marzo, aunque finalmente será algo más tarde cuando entre en funcionamiento, explican fuentes del departamento dirigido por Juan Marín.

Contratos millonarios

Al margen de esa licitación para Málaga, la Junta ha adjudicado recientemente la gestión de otros ocho centros de cinco provincias a entidades privadas para el período 2022–2025 por un importe total de licitación de 275 millones de euros, IVA incluido. La licitación de los centros, divididos en lotes según el inmueble pertenezca a la administración o sea de titularidad privada, han sido adjudicados entre noviembre y diciembre a Ginso (Tierra de Oria en Oria –Almería– y Marchenilla en Algeciras –Cádiz–), Fundación Diagrama (Los Alcores en Carmona –Sevilla–, Medina Azahara en Córdoba y Lagunillas en Jaén), Afanas (Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María) y Meridianos (El Molino en Almería y Sierra Morena en Córdoba), que paralelamente han tenido que realizar determinados ajustes en sus plantillas para adaptar sus estructuras al número de plazas establecidas con la Junta en aras de la mencionada “redistribución”. De hecho, hay un ERE anunciado en los centros de Ginso de Cádiz y Almería

Así, según explica a este periódico el gerente de Afanas, Jesús Santiago, han sido ocho los trabajadores afectados en el centro Bahía de Cádiz tras ejecutarse un ERE el pasado diciembre. Aunque en el centro Bahía de Cádiz se ha pasado de 85 a 77 trabajadores (educadores, monitores, psicólogos, trabajadoras sociales, vigilantes, etc.), de acuerdo con el comité de empresa se ha abierto “una bolsa de sustituciones” para que los empleados que han salido puedan trabajar puntualmente si así se requiere, explica el gerente de Afanas a este periódico.

Según el secretario de Acción Sindical de la FE CCOO y responsable de la sección sindical en Diagrama, Diego Rodríguez, “el poco efectivo seguimiento que la Junta de Andalucía hace de estas licitaciones permite que, aunque las empresas adjudicatarias ganen millones de euros con ellas, se acaben despidiendo a trabajadores”. A juicio del representante sindical, “tanto en Los Alcores como en Medina Azahara no han sacado cuatro vacantes (tres de educador y una de psicólogo) que repercuten en la RPT del centro”. Es decir, “cuatro trabajadores menos a los cuales no se ha renovado sus contratos temporales con las nuevas adjudicaciones”.

Diagrama confirma esa información. “Esos puestos habían quedado vacantes y no se han cubierto. Todas esas vacantes estaban por encima del personal exigido en los pliegos de dichos centros. De hecho, aun sin esos puestos, ambos centros siguen teniendo una plantilla con más trabajadores que los que se contemplan en los pliegos, con lo cual seguimos ofreciendo una intervención socioeducativa por encima de los requisitos que nos pide la Junta de Andalucía, en línea con nuestra política de gestión en este tipo de recursos”, indican fuentes de la fundación.

Según el representante de CCOO, “se trata de personas que dejan de trabajar en los centros porque o son despedidos o cuando sus contratos de obra y servicio finalizan no se renuevan y por tanto no se consolida el empleo”, lamenta, concluyendo que “estas empresas ganan dinero, y bastante, con estos contratos y el perjudicado es siempre el trabajador y, en este caso, las arcas públicas andaluzas”.

Respecto al ERE anunciado en los centros de Ginso de Cádiz y Almería, fuentes de la entidad señalan que dicho ERE “es consecuencia del menor número de personal requerido en los nuevos pliegos de dichos centros”. “La reducción responde a una decisión positiva de la Junta de Andalucía de intentar que los menores de centros de internamiento estén lo más cerca posible de sus hogares, para lo que se han redistribuido plazas, reduciendo en provincias como Almería y Cádiz en favor de otras como Málaga”, explican desde Ginso.

“Por ello -prosiguen las fuentes-, el reducir menores en algunos centros ha implicado un número menor de personal requerido aunque, con el objetivo de dar el mejor servicio posible, Ginso va a mantener en su plantilla de ambos centros un ratio mayor al exigido por pliegos. Además, con el foco en mantener el mayor número de empleo posible, la organización sin ánimo de lucro está intentando recolocar al máximo número de empleados en otros centros del territorio español, así como ofreciendo unas condiciones muy favoralbles en las negociaciones de buena fe que actualmente está manteniendo con los sindicatos”.

Relación de naturaleza administrativa

La Consejería informa a este periódico que ha licitado los centros de internamiento de menores infractores de Andalucía de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “teniendo en todo momento presente los principios que rigen la contratación en cuanto a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y demás principios recogidos en esa norma”.

Asimismo, “en la planificación y elaboración de los pliegos que han de regir esta contratación, consciente de la experiencia e importancia que tiene el personal de los centros, se ha tenido presente el IV Convenio Colectivo de Protección y Reforma, ha aumentado las ratios de personal, ha incluido relaciones de puestos de trabajo, ha permitido la movilidad entre puestos para beneficiar a los trabajadores”. Aseguran las fuentes que “en todo momento, conforme establecen los pliegos, se va a exigir el cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación”, habiendo incluido “cláusulas sociales en beneficio de los trabajadores y del servicio a prestar”.

No obstante, la Consejería indica que la relación, de naturaleza administrativa, se refiere a “las entidades adjudicatarias del servicio de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en centros de internamiento, no con su personal ni con el de las empresas que ésta subcontrate para prestaciones accesorias al servicio”. “La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación ante cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso actuará de conformidad con los pliegos que rigen esta contratación, donde se recogen mecanismos, entre las que se encuentran las penalidades y la resolución del contrato”, aseguran, concluyendo que “las organizaciones sindicales CCOO y UGT son conocedoras del trabajo que la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación realiza por la buena prestación del servicio y por el respeto a los derechos de los profesionales de los centros”.

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