La Fiscalía da 'carpetazo' en 24 horas a la denuncia que advertía de vacunaciones de Covid en Huelva sin seguir el protocolo

La Fiscalía de Huelva ha decidido archivar el expediente gubernativo abierto a raíz de una denuncia de 29 de enero que alertaba de que en la provincia onubense se habían puesto vacunas contra la Covid-19 “sin seguir” el procedimiento legalmente establecido. La resolución firmada por el fiscal jefe, Alfredo Flores, se ha adoptado apenas 24 horas después de que el Ministerio Público recibiese informes de la Delegación Provincial de Salud de la Junta que se le había solicitado el pasado 1 de febrero, según hace constar el decreto de archivo.

De la documentación remitida este miércoles por la Delegación Provincial de Salud sobre las circunstancias denunciadas, protocolos y normativa para la vacunación “consta la existencia de un completo y detallado protocolo de vacunación y ningún incumplimiento del mismo”, sentencia el fiscal jefe. Según detalla, recibió “ayer” [por el miércoles, a tenor de la fecha del decreto de archivo, este jueves 25] informes de los dos hospitales de la capital y de los tres distritos sanitarios de la provincia, así como el protocolo de vacunación para Covid-19 aprobado en Instrucción 8/2020 de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta en su segunda versión, de 11 de enero.

Recuerda el fiscal que en el escrito de una particular, “presentado en su nombre y en el de su madre de 82 años y donde no se aportaba ninguna documentación, se denunciaba, una situación general de incumplimiento de los protocolos de vacunación del Covid-19 por parte de la Delegación Provincial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con perjuicio para su madre”. “No se concretaba denuncia contra persona en Huelva ni se atribuía a alguien identificado un acto concreto”, insiste el fiscal, que detalla que “se solicitaban actuaciones que suponían una investigación general y prospectiva sin unos mínimos indicios claros y relevantes que permitiesen en ese momento una actuación acorde con las exigencias constitucionales”.

Denuncia “sin datos contrastados”

“La cuestión era, dilucidar, en primer término, si los hechos denunciados pueden incardinarse en algún tipo penal, y en segundo lugar si existía algún elemento o principio de prueba en concreto que permitiese iniciar diligencias de investigación. No constaban datos contrastados y suficientes, de delitos que justificasen una investigación general penal en nuestra provincia habida cuenta de que no constaba ni siquiera identificada una persona física ni algún acto de la misma con perjuicio para la denunciante, ni siquiera una falta de capacidad de la madre de esta que le impidiese denunciar por sí misma”, argumenta la Fiscalía.

El escrito de la Fiscalía hace referencia a un “único caso publicado en prensa el 22 de enero”, en alusión al la “concejal en la localidad de Bonares que por ello había dimitido”, como efectivamente así fue, sin que conste que entre las diligencias de averiguación que se abrieron por parte de la Fiscalía se haya hecho alguna indagación al respecto más allá de los informes remitidos por la Junta.

La Fiscalía concluye que “de la documentación remitida consta la existencia de un completo y detallado protocolo de vacunación y ningún incumplimiento del mismo”, para añadir a continuación, sin que deje constancia de averiguación alguna, que “es destacable como el informe del distrito sanitario norte explica el procedimiento seguido cuando se contaba con más vacunas disponibles de las suministradas a profesionales de los grupos 1 y 2, de tal forma que, para evitar su perdida, se ofrecía su suministro a los del grupo 3, entre los que se encuentran todos aquellos que trabajan en centros y establecimientos sanitarios según el protocolo de vacunación”, apunta el escrito, fechado este mismo jueves.

El fiscal jefe, además de decretar el archivo ateniéndose a la información facilitada por la administración andaluza, ha querido dejar “expresa constancia del reconocimiento al trabajo y profesionalidad de todo el personal sanitario y sociosanitario de la provincia”. Asimismo, remite copia del decreto a la denunciante, a la Delegación Provincial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Andalucía.