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IU pregunta a la Junta de Andalucía por qué dejó prescribir una cuantiosa sanción a Endesa
El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este martes que preguntará en la sesión de control del jueves en el Parlamento de Andalucía por las supuestas “presiones” que, según ha dicho, sufrió el funcionario encargado de instruir la multa a Endesa tras la “estafa” de la empresa a más de 400.000 familias en la comunidad autónoma. El líder de IU ha acusado a la Junta de Andalucía de actuar con “negligencia e incompetencia” para dejar prescribir la sanción.
En su opinión esto responde a que la presidenta, Susana Díaz, se comporta como “guardiana de los intereses del IBEX 35”. Por eso, cuando el funcionario renunció a seguir con el caso, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio “dilató” el caso para “ganar tiempo” y que cuando llegó su relevo “no pudo más que dar carpetazo al asunto porque el tiempo para la instrucción ya había caducado”.
En esta línea, ha apuntado que si a nivel nacional son el PP y C's “los defensores de las grandes empresas”, pese a que “estafen” a los ciudadanos, “en Andalucía es Susana Díaz”. Ha recordado que la presidenta se reunión con el responsable máximo de Endesa, Borja Prado, un encuentro que le hace pensar que serviría, como ella manifestó, para “dar tranquilidad a los inversores o para ser la buena guardiana de los privilegios del IBEX 35”.
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha respondido que según la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, en manos de la que se puso el caso, no ha existido “obstrucción ni perturbación” al trabajo del funcionario. Es más, ha dicho que la inspección deja abierta la puerta a un posible expediente que sancione incluso a este trabajador.
Sobre la prescripción ha explicado que, ante la dimisión de este trabajador antes de que terminara el periodo sancionador, la norma obligaba, por un lado, a paralizar y cerrar el expediente tramitado y, por otro, a nombrar un nuevo instructor, “que contó con apenas mes y medio”. Ha recordado que se ha instado a la suministradora a devolver las cantidades indebidamente cobradas, “lo que se ha producido”: más de 400.000 andaluces usuarios de la compañía han recibido ese dinero “que asciende a un global de unos 20 millones de euros”.
