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La ‘Jornada de Movilización General’ que preparan las Marchas de la Dignidad será el 22 de octubre

Cabecera de la manifestación de la columna de las Marchas de la Dignidad de 2014 desde Andalucía.

Carmen Reina

Tras la reedición en Madrid de la manifestación de las Marchas de la Dignidad por segundo año consecutivo en marzo, el calendario de movilizaciones que este colectivo había preparado para este año 2015 ya tiene fecha para su segunda graita: el 22 de octubre es el día elegido para celebrar la denominada 'Jornada de Movilización General' a la que quieren atraer al máximo número de trabajadores y sectores de la sociedad.

Según ha acordado la Asamblea Estatal de las Marchas de la Dignidad reunida el pasado fin de semana, el jueves 22 de octubre será la jornada laboral elegida para llevar a cabo su objetivo de “paralizar” la actividad en el país con una movilización cuya filosofía se centrará en ideas como “caminando hacia la huelga general, desmontando sus mentiras, contra el paro y la crisis, unidad popular y movilización continuada”, sin olvidar el lema histórico de este movimiento social: “Pan, trabajo, techo y dignidad”.

La convocatoria de esta jornada de movilización se realiza para “impulsar un proceso de transformación social, política y económica” algo que, dicen, “sólo será posible en base a un auténtico proyecto de unidad popular desde la base”.

La unidad popular a la que hacen referencia las Marchas de la Dignidad –un concepto que ha sido propuesto por algunos partidos políticos de la izquierda y movimientos sociales de cara a las próximas elecciones generales de otoño- se debería llevar a cabo en su opinión para “confluir sin hegemonismos, ni exclusiones, todos aquellos que realmente están por el cambio”.  En este sentido, el movimiento 22M, quiere dejar constancia que “las Marchas de la Dignidad no son patrimonio de proyecto político-electoral alguno, sino que pertenecen única y exclusivamente a la mayorías social trabajadora”.

En los últimos meses, quienes componen las Marchas de la Dignidad dicen haber constatado “el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora, consecuencia de la profundización en la precarización socio-laboral, así como en la continuidad de los recortes en los servicios públicos”, motivo por el cual ha tomado cuerpo la acción prevista para el 22 de octubre. “No estamos saliendo de la crisis, tal como nos pretenden vender desde el gobierno, sino que las repercusiones de ésta se están haciendo estructurales para configurar un nuevo modelo socio-político, muy perjudicial para los derechos de las gentes y de los pueblos”, señalan entre sus argumentos para la movilización.

Los detalles de la organización de la Jornada de Movilización General del 22 de octubre se ultimarán en una próxima reunión de la asamblea de las Marchas de la Dignidad en septiembre en Madrid, a la que acudirán los representantes de los distintos territorios y organizaciones incluidas en este colectivo.

Reunir 48.000 euros para la querella por los incidentes del 22M

Por otro lado, las Marchas de la Dignidad están inmersas en estos días en un proceso para recaudar entre sus integrantes y simpatizantes los 48.000 euros que el juzgado les reclama en concepto de fianza para interponer en firme la querella contra mandos policiales y altos cargos por los incidentes ocurridos tras la manifestación en Madrid el 22M. De momento, en la primera semana de recaudación y según las fuentes consultadas, han logrado reunir 10.000 euros.

En, un comunicado remitido a sus simpatizantes y colectivos que las apoyan para recaudar entre todos el montante solicitado, las Marchas de la Dignidad explican que el juzgado argumenta dicha fianza previa debido “a los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados” por los hechos del 22M.

Los querellados contra los que las Marchas de la Dignidad interponen esta querella criminal son una veintena de personas entre altos cargos y mandos policiales, entre los que destacan la entonces delegada del Gobierno en Madrid y actual presidenta de la Comunidad madrileña, Cristina Cifuentes, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Los delitos que el colectivo del 22M les imputan por los hechos ocurridos tras la manifestación de 2014 son de lesiones, coacciones, amenazas, falsedad en documento público, prevaricación y delitos contra los derechos constitucionales y cívicos, entre otros.

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