La Junta reta al Gobierno a debatir con todas las comunidades su decreto antidesahucio
La Junta ha lanzado hoy un nuevo reto al Gobierno central: la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para abordar el problema de los desahucios y donde pudiese dar “pormenorizado detalle” de su decreto-ley de función social de la vivienda. Una norma que ya ha despertado el interés de otras comunidades. Canarias va a estudiar la “viabilidad jurídica” de esta medida por la que el Ejecutivo andaluz podrá expropiar temporalmente (tres años) una vivienda a los bancos para impedir el desahucios a familias en riesgo de exclusión social, y donde recoge la posibilidad de sancionar a banca e inmobiliarias que tengan viviendas vacías y no las saquen al mercado del alquiler. Mientras Madrid ya la rechaza de plano, según su presidente, Ignacio González, porque “todas las medidas que van directamente a poner en cuestión el derecho de propiedad privada son muy, muy peligrosas”, Murcia, también gobernada por el PP, se mantiene tibia, al ver que la banca “tiene que ser parte de la solución porque ella ha sido parte del problema”.
La propuesta la planteó la consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, e invitó a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a citar a todos los consejeros del ramo para hacerles ver que “las comunidades autónomas pueden y deben ejercer sus competencias para paralizar los lanzamientos”, como ha hecho Andalucía. El ofrecimiento llegó minutos antes de que, precisamente, un miembro del Ejecutivo de Rajoy, la ministra Ana Mato, asegurara que le encantaría que este decreto se hubiera debatido en el Congreso de los Diputados. “Todas las propuestas que se hagan tienen que hacerse en un marco general, no creo que tengamos cada uno de nosotros que hacer una propuesta concreta”, declaró en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. “A mí me gustaría más que lo hiciéramos todos por consenso, en conjunto y dentro del marco del Congreso de los Diputados”, añadió.
La única vía de que se diera ese gran consenso político al que aludía Mato sería, según la consejera andaluza, que el Gobierno central diera luz verde a la iniciativa legislativa popular, admitiendo la dación en pago y con efecto retroactivo, en lo que consideró es “su oportunidad de oro” para resolver la situación crítica que atenaza a muchos españoles por una “violación sistemática” de un “derecho humano” como es el de la vivienda.
Cortés aprovechó su intervención en comisión parlamentaria para recordar que, tras su publicación hoy en el BOJA, a partir de este viernes las personas en situación de desahucio ya podrán iniciar los trámites para que se concrete esa expropiación de la vivienda a los bancos. Aunque la medida pudiera provocar una avalancha de solicitudes, las exigencias impuestas por el Ejecutivo andaluz son muy estrictas, porque se debe demostrar que el desalojo provoca una situación de exclusión social. Para ello, se tiene que demostrar que la vivienda objeto del desahucio es la residencia habitual y permanente, que no se posee ninguna otra propiedad, y que la finalidad del préstamo solicitado sea el pago de la casa.
Otros puntos de referencia para medir la situación de endeudamiento son que la hipoteca se haya multiplicado por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. El tope para acogerse a la medida es que los ingresos no superen tres veces el Iprem (el Indicador público de rentas de efectos múltiples, es decir, el antiguo salario mínimo, y que son unos 532 euros al mes).
Aparte de exigencias de corte económico, se entenderá que existe “un supuesto de especial vulnerabilidad” cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación
La Consejería de Vivienda carece del dato de cuántas personas podrían ser beneficiarias, pero el punto de partida son las 119 familias que ya han pedido su auxilio en la red de oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (ofrecen asesoramiento e intermediación entre afectados y entidades financieras, y desde octubre ha logrado la paralización de 964 desalojos). La Junta, no obstante, dice que esta medida tiene garantizada su cobertura presupuestaria.
La portavoz popular en esta comisión, Alicia Martínez, recriminó a Cortés que con su decreto lo único que hace es “subirse al carro” de las medidas sociales que ya ha puesto en marcha el Gobierno central, como la paralización de los desahucios durante dos años, con lo que ha demostrado su capacidad de “ponerse del lado de los ciudadanos”. Martínez atacó a la consejera por la “demagogia” y “oportunismo” de presentar este decreto aprovechando el debate en el Congreso de la ILP, y la “palabrería” que encierra, porque dudó de su “efectividad”, por lo que resumió que Cortés debe acabar eligiendo “si se sitúa como consejera o detrás de la pancarta”.
Lo sorprendente de la intervención de Martínez fue que en ningún momento aludió a la “inseguridad jurídica” que puede significar esta medida, tal y como ha venido defendiendo su partido desde su aprobación el pasado martes, ni tampoco a que pueda acabar en un recurso ante el Tribunal Constitucional por una colisión con el derecho de propiedad. Estos dos argumentos quedaron reducidos sólo a que es una norma que “genera muchas dudas”.
