La Junta inspeccionará las hipotecas en busca de cláusulas abusivas
La Junta de Andalucía va poner en marcha una campaña de inspección de escrituras hipotecarias para vigilar si se cumplen los requisitos previstos en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con las cláusulas suelo de entidades bancarias.
Así lo ha anunciado a eldiario.es/andalucia la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz, quien ha explicado que para llevar a cabo esta campaña se tendrá en cuenta “el marco de la sentencia del Tribunal Supremo” que, recientemente, ha declarado abusivas las cláusulas suelo de bancos como BBVA, Cajamar y Caixa Galicia.
De ese modo, la Secretaría General de Consumo de la Junta sancionará a cada una de las entidades bancarias en las que se compruebe, tras esta campaña de inspección, y tal y como señala por tanto el Supremo, que han impuesto cláusulas abusivas en sus préstamos hipotecarios.
La Ley Andaluza de Consumo plantea para casos de infracciones graves, donde encajarían estos supuestos, sanciones económicas de hasta 400.000 euros, aunque Dolores Muñoz apunta que “esta cifra podría ser mayor en virtud de la acumulación de la misma práctica de inclusión de cláusulas abusivas por parte de una misma entidad”.
Desde la Junta se descarta, eso sí, iniciar una acción civil colectiva por todos los casos denunciados, ya que, según aconsejan los letrados de la administración autonómica, cada préstamo hipotecario tiene sus particularidades y cláusulas distintas, lo que haría inviable, a su juicio, dicha demanda conjunta.
Aumento de multas en la futura Ley
Paralelamente, la Secretaría General de Consumo trabaja actualmente en el borrador de una Ley de Protección a las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria, cuyas líneas básicas giran en torno a la transparencia económica y en la información del contrato, así como en la evaluación de la solvencia de la persona solicitante, la necesidad de que se faciliten ofertas vinculantes y el fomento de la mediación y el arbitraje de consumo en este ámbito.
Se trata, en definitiva, de que el consumidor tenga mayor protección frente a la letra pequeña de los préstamos hipotecarios y vierta mayor transparencia en su relación con los bancos. Además, la ley prevé aumentar, tanto en cuantía económica como en tipología, las sanciones previstas para las infracciones que se puedan cometer por parte de las entidades de ahorro. En ese sentido, Dolores Muñoz ha avanzado que las multas podrán llegar hasta un quíntuplo del beneficio obtenido por el banco con la inclusión de cláusulas abusivas.
Denuncias de los consumidores
Cabe recordar que en abril pasado, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), presentó ante todas las comunidades autónomas requerimientos para sancionar a una veintena de bancos por la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas. Las denuncias interpuestas por FACUA ante la Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas piden a las autoridades de protección al consumidor “que asuman sus competencias sancionadoras ante uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España”, según señala la propia asociación.
Por eso, piden a las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de las comunidades autónomas que asuman su potestad sancionadora ante prácticas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores. Y reclaman que, en el ejercicio de sus competencias, declaren abusivas las cláusulas suelo, insten a los bancos al cese de las prácticas y la devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios y apliquen multas proporcionales al beneficio obtenido por ello.
Para el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ahora “toca sancionar” y pide que la Junta de Andalucía inste a los bancos a anular las cláusulas abusivas. “Es algo que ninguna administración ha hecho pero está dentro de sus competencias”, argumenta. Sobre las multas, Sánchez considera “una ridiculez para un banco” los 400.000 euros que la norma establece como máximo, por lo que solicita que la administración autonómica también haga uso de otro apartado de la Ley Andaluza de Consumo por el cual “puede llevar a cabo el comiso del beneficio”, es decir, “hacerse con la misma cantidad ingresada como beneficios por el banco por la aplicación de cláusulas abusivas”.
Para ello, desde luego, “hace falta voluntad política”, asume el portavoz de FACUA, quien también espera que la nueva ley sobre préstamos hipotecarios que prepara la Junta no se quede en papel mojado. “Los fraudes no se evitan con leyes, porque se incumplen. Lo que hace falta es que las administraciones den respuesta frente a ese fraude y actúen porque tienen en su mano las competencias y las herramientas para hacerlo”, puntualiza.
