El Ayuntamiento de Málaga afronta juicios por la plusvalía por un millón de euros
El Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a reclamaciones judiciales por la aplicación del impuesto de plusvalías valoradas en más de un millón de euros. En 2017, el Consistorio tuvo que devolver más de 253.000 euros en vía administrativa por la aplicación indebida de este impuesto, y más de 218.000 euros después de haber sido condenado en vía judicial. El impuesto fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional para las ventas o herencias “a pérdidas”, y ha empezado a ser cuestionado por otras instancias incluso con ventas cerradas con ganancias. Sin embargo, muchos ayuntamientos se resisten a aplicar estos criterios porque para ellos supone una fuente esencial de ingresos.
El Ayuntamiento de Málaga tramitó 283 recursos sobre las plusvalías durante 2017, según el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, que aclara que no dispone del dato de cuál es el importe total reclamado en estos recursos, ni información sobre los recursos presentados y resueltos en el mismo año. No obstante, sí sabe cuántos recursos fueron resueltos en 2017: 186, de los cuales 47 fueron estimados y siete estimados parcialmente. El total devuelto en vía administrativa fue de 253.166,56 euros, incluyendo tanto las devoluciones instadas por los interesados como las iniciadas de oficio.
Algunas de estas reclamaciones están empezando a llegar a los juzgados. En 2017 se dictaron en Málaga veinte sentencias sobre este impuesto, por un importe total de 218.131,69 euros. Pero es mucho mayor lo que está por llegar: en 2017 se remitieron 22 expedientes para su resolución en vía judicial, por un importe total de 1.002.730,80 euros. Los juzgados irán resolviendo estos asuntos en los próximos meses.
Eldiario.es/andalucía ha obtenido esta información a través de los mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, después de intentar en vano obtenerla a través de otros cauces oficiales.
Un impuesto polémico parcialmente anulado
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo municipal que se conoce más y mejor por su denominación popular: la plusvalía. Como su nombre indica es un impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten o se constituye sobre ellos un derecho que limite el dominio. En las compraventas, el impuesto lo paga quien transmite; en las herencias o donaciones, quien hereda.
La base imponible se calcula aplicando al valor teórico del suelo en el momento de la transmisión un porcentaje variable en función del número de años que hayan pasado desde la anterior transmisión, con ciertos límites. Una vez calculada la cuota, el obligado al pago debe autoliquidar y tiene de seis meses o de un año (si lo solicita expresamente) para pagar. Es decir, debe disponer de una cantidad líquida suficiente para pagar a la Hacienda municipal. La plusvalía municipal genera polémica porque obliga a quien hereda un inmueble a disponer de efectivo en poco tiempo, lo que no siempre ocurre.
Además, la aplicación del impuesto ha generado situaciones injustas cuando los ayuntamientos han exigido el pago del impuesto pese a que en el momento de la venta o herencia el inmueble tenía un valor inferior al que tenía en la anterior transmisión. En febrero de 2017 el Tribunal Constitucional anuló el impuesto para los supuestos en que el inmueble se vende o se hereda a pérdidas, puesto que en esos casos no gravaría el incremento del valor real de un bien sino su “mera titularidad”.
Más recientemente, los tribunales han empezado a cuestionar el impuesto incluso en el caso en que se trate de una venta cerrada con plusvalías, al apreciar errores de cálculo en su aplicación.
Málaga: un impuesto por el que ingresa más de 61 millones
Las plusvalías sostuvieron las cuentas municipales en los años de pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Su peso relativo no ha dejado de crecer hasta convertirse, tras el IBI en el segundo impuesto municipal por recaudación. Por eso, los municipios han denunciado el perjuicio patrimonial que les produce la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, y han pedido desde que se conoció una “compensación” para resarcir “al cien por cien” a las haciendas locales por los impuestos que dejarán de ingresar.
La liquidación del presupuesto de 2016 (última disponible) recoge que el ayuntamiento de Málaga ingresó 61.967.473 euros por este impuesto, pese a que preveía ingresar 43,4 millones.
Cuando se conoció la sentencia, anunció que suspendía a partir de entonces el cobro del impuesto si la venta o la herencia se había producido “a pérdidas”. Quienes ya hubieran liquidado debían pagar y, si así lo estimaban, reclamar a la espera del futuro desarrollo legislativo. “Las plusvalías ya cobradas quedarán reclamadas por aquellas personas que entiendan que ha habido una minusvalía, aportando la documentación que así lo constate y a la espera de este desarrollo de la ley”, dijo el entonces gerente del organismo municipal, según recogió Sur.
La sentencia del Tribunal Constitucional obliga al legislador a modificar la Ley de Haciendas Locales (y su normativa de desarrollo), pero de momento la proposición de ley sigue tramitándose. Hasta que entre en vigor la nueva ley, existe un vacío legal que está provocando una diversidad de interpretaciones en los tribunales y un ritmo variable de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional según el municipio.
