La Junta de Andalucía da diez días al centro marbellí que ofrece títulos sin homologar para que regule su situación

La Junta de Andalucía ha “requerido formalmente de apremio” al Marbella International University Centre (MIUC) para que aporte información sobre sus nuevos acuerdos para prestar enseñanzas universitarias y regule su situación administrativa, según ha asegurado en el Parlamento andaluz el consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Tal y como ha informado elDiario.es Andalucía, MIUC está impartiendo enseñanzas con el aval de la Universidad de West London, pero sin la autorización de la Junta de Andalucía ni inscripción en el registro del Ministerio de Educación, lo que cuestiona la validez de los títulos que expida.

De la comparecencia del consejero también ha quedado claro que el acuerdo con la Universidad de Singidunum (Serbia), bajo el que el MIUC fue autorizado en noviembre de 2021, ya no está en vigor. “Nosotros tuvimos conocimiento de la pérdida de relación con la universidad serbia en diciembre [de 2023]”, ha relatado Gómez Villamandos. Técnicos de su consejería se reunieron con representantes de la entidad ese mismo mes. Después, la consejería ha requerido al centro de estudios marbellí que entregue en diez días el nuevo convenio suscrito con dicha universidad inglesa, o que “aporte la información necesaria que permita aclarar cuál es su actual estado administrativo”, explican fuentes de la consejería.

La pérdida de vigencia del acuerdo con la universidad serbia y la falta de autorización (al menos por ahora) del acuerdo con la West London genera un ínterin que deja en el aire los títulos expedidos por el centro. Así parece reconocerlo el propio centro, que en respuesta a este medio asegura que está tramitando la “adaptación de la autorización”, con el objetivo de que “en ningún caso, se vean perjudicados los alumnos”.

Ni el consejero ni MIUC han aclarado cuándo decayó el acuerdo con la universidad serbia y cuándo empezaron a ofertarse los títulos de la West London que no tienen, por ahora, amparo de la administración autonómica.

Acusaciones al anterior Gobierno socialista

MIUC empezó a ofrecer supuestas enseñanzas universitarias en 2014 sin autorización de la Junta de Andalucía, que denegó su solicitud en 2019. Sin embargo, el centro interpuso un recurso de alzada y logró la autorización en noviembre de 2021 para impartir enseñanzas universitarias conforme con el sistema educativo serbio, gracias a su acuerdo con la Universidad de Singidunum, una universidad privada radicada en Belgrado.

Para explicar estos antecedentes, el consejero ha apuntado al anterior gobierno del PSOE, al que ha acusado de “negligencia” al no ejercer sus labores de inspección desde 2014, cuando el centro empezó a funcionar sin autorización.

También porque, según ha dicho, el recurso de alzada de MIUC se estimó por defectos de forma en la tramitación que podrían haberse evitado. “La documentación que [la Junta de Andalucía] enviaba a la Agencia Andaluza del Conocimiento no era la adecuada. Pensando bien, se olvidaban de mandarla. Esto llevó a que cuando presentaron un recurso, se constatara que había habido falta de diligencia, y un defecto de forma, que es lo peor que puede haber. Por eso fue aprobada [la autorización]”.  

Antecedentes de MIUC

MIUC es un centro educativo que opera desde una parcela cedida durante 40 años (a contar desde 2012) por el ayuntamiento de Marbella, a cambio de un canon de 55.000 euros anuales. Se da la circunstancia de que la sociedad titular del centro estaba inicialmente domiciliada en el despacho de Juan Luis Balmaseda, abogado de cabecera de la alcaldesa Ángeles Muñoz y su difunto marido, Lars Broberg, así como administrador de sus sociedades patrimoniales. En su inauguración, realizada en 2014 cuando el centro no podía impartir ninguna enseñanza universitaria ni tenía permiso alguno de la Junta de Andalucía, Muñoz sostuvo que el centro “eleva la calidad y la oferta educativa” en Marbella.

Un año después, el despacho de abogados Martínez-Echevarría anunció la presentación de una querella por estafa y publicidad engañosa en representación de un grupo de alumnos afectados. Las tasas, según contó el letrado entonces, podían llegar a 19.000 euros, que los alumnos pagaban en la creencia de que cursaban estudios en un centro con vocación internacional, cuando se hacían con una universidad serbia de bajísima calificación y ni siquiera estaban reconocidos por la Junta de Andalucía. El centro no ha explicado qué ocurrió con esta querella anunciada públicamente.