La mutua de los funcionarios empeora en Andalucía: los sindicatos critican la falta de recursos y sobrecarga de trabajo
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) está encallada en Andalucía. La falta de recursos públicos para la mutua de los funcionarios está lastrando al servicio desde hace tiempo en toda España, según denuncian los sindicatos mayoritarios del sector CSIF y UGT, pero se está cebando especialmente con los andaluces. El sector entiende que el presupuesto anual, que para 2021 fue de 1.813 millones de euros, se queda corto para las necesidades que tiene la mutualidad de los funcionarios españoles, ya que ese dinero está destinado para todas las delegaciones que tiene MUFACE en nuestro país. Por eso, trabajadores públicos y sindicatos piden un mayor esfuerzo económico, especialmente para Andalucía.
MUFACE es el organismo público que ofrece servicios sociales y de asistencia sanitaria a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). Es decir, es el equivalente a la Seguridad Social del resto de los trabajadores del sector privado. El problema es que los más de 310.000 mutualistas que hay en Andalucía sufren las carencias propias de un organismo con falta de recursos. Según las cifras de MUFACE, 1,4 millones de funcionarios españoles hacen uso de sus servicios, mientras que solo cuenta con algo más de 700 trabajadores que se dividen entre los servicios centrales y los provinciales. A eso hay que sumarle que MUFACE cuenta con un concierto con la sanidad privada (ASISA, Adeslas y DKV) para el que el Gobierno invertirá 3.500 millones de euros entre 2022 y 2024.
Pero el día a día de los trabajadores públicos y su relación con la mutua demuestran que algo está fallando. Francisco Amaya, sindicalista del CSIF, advierte que la situación andaluza es “de las peores del país”. “En atención primaria estamos algo mejor que en el resto de especialidades donde los problemas se acumulan”. Ejemplos hay de todo tipo para explicar a qué se enfrentan tanto los trabajadores que acuden a los servicios mutualistas como los profesionales que trabajan en ellos. Si un funcionario jienense necesita acudir a un especialista médico, “casi con total seguridad tendrá que viajar hasta Granada o Córdoba porque en Jaén no habrá”. Lo mismo ocurre con los funcionarios que hagan uso del concierto con ASISA en Cádiz: si necesitan atención hospitalaria solo pueden recibirla en Puerto Real.
“Pagamos por un servicio que no tenemos”
“Esto hace que paguemos un servicio que luego no tenemos. Adeslas o ASISA dicen que es imposible dotar el servicio de calidad con el presupuesto con el que cuentan”, afirma Francisco Amaya de CSIF. Pero el problema también lo padecen a diario los profesionales de MUFACE que no cuentan con los recursos necesarios. “Los trabajadores andaluces de MUFACE tienen una carga de trabajo muy elevada, por encima del resto de España. Eso supone un marcador indirecto de que MUFACE tiene muchos problemas en Andalucía. Si los trabajadores tienen mucha carga de trabajo se debe a que, por una parte, faltan trabajadores y a que también tienen muchísimo más trabajo que en otras zonas”.
A este crisol de molestias se suma el hecho de que desde 2011 los nuevos funcionarios ya no forman parte del MUFACE, sino que se integran en la Seguridad Social, lo que a juicio del sector implica la extinción programada de esta mutua cuando los trabajadores públicos previos a ese año comiencen a jubilarse. En el caso de Andalucía, los funcionarios de nuevo ingreso a partir de 2011 utilizan el Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que quienes fuesen funcionarios antes de esa fecha podían elegir entre la Seguridad Social o MUFACE a través de la compañía privada que desearan. A día de hoy, entre el 60 y el 70% de los trabajadores públicos hacen uso de la sanidad privada por haber ingresado a la AGE antes de 2011, lo que implica que aún hay una mayoría de trabajadores que necesitan de MUFACE. “Una de las ventajas que tenían las compañías privadas es que daban citas mucho más rápidas que en el SAS, pero esto ha cambiado porque dicen que como MUFACE les paga menos dinero, pues ponen menos citas”, explica Francisco Amaya.
Desde UGT también apuntan a los mismos problemas que ve el sindicato mayoritario CSIF en MUFACE. Fuentes de UGT confirman que esta mutua lleva “tiempo con problemas en cuanto al personal”. Sostienen que las retribuciones juegan un papel muy importante para la falta de trabajadores que tiene el MUFACE. “Los complementos específicos que tienen los puestos son muy bajos y no pueden tener productividades. Entonces, la gente se va a las plazas públicas que tienen mejores complementos”. Para este sindicato es evidente que este es uno de los grandes problemas que bebe directamente de la falta de inversión pública. “Hay poco personal tanto en las oficinas como en las sedes centrales, lo que afecta también a la sede electrónica y por lo que se da peor servicio”. Algo que se manifiesta habitualmente en las reuniones con MUFACE. La mutualidad se defiende recordando que necesitan más dinero para ofrecer mejores funciones.
“Es el problema de siempre de descuidar al cliente interno. Como MUFACE es para los funcionarios y no es algo que se vea desde fuera, no se pone tanto interés como en el SEPE o la Seguridad Social”, afirman fuentes de UGT. “Desde la dirección de MUFACE son los primeros que conocen los problemas que tienen y quienes los sufren puesto que se les va el personal”. En UGT creen que Hacienda y Función Pública deberían apostar por una mayor inversión en esta mutua. En otro sentido, como falta plantilla para atender a los 313.000 mutualistas andaluces, en UGT también reconocen que se tienen que derivar a los trabajadores entre sedes, aunque estas se encuentren en provincias distintas. Por ejemplo, en Almería no hay radioterapia por lo que un funcionario almeriense ha de ir hasta Granada e incluso en otros casos para gestiones más básicas también puede llegar a producirse la derivación.
Un concierto “novedoso”
Desde el Ministerio de Hacienda defienden la gestión que se hace del MUFACE a preguntas de elDiario.es Andalucía. Recuerdan que el concierto para 2022-2024 es una “novedad” al contemplar una inversión en tres años destinada a asegurar “el acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional” a los funcionarios. Este concierto “garantiza a las personas mutualistas, titulares y beneficiarios, la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud del que forma parte MUFACE, así como otras novedades en mejora de la prestación como un protocolo COVID en relación con la realización de pruebas diagnósticas de infección aguda, tratamientos de protonterapia, prestaciones para víctimas de violencia de género, la telemedicina o la reproducción asistida, por ejemplo”.
Eso sí, sobre cómo den el servicio en este concierto, desde Hacienda recuerdan que deben ser las entidades privadas las que pongan a disposición de los clientes los recursos con los que cuenten y que “MUFACE, a través del concierto de asistencia sanitaria, suscribe un contrato de concesión de servicios con las entidades de seguro para la provisión de dicha asistencia en los términos y condiciones que establece el propio concierto”. Dicho de otro modo, MUFACE no tiene ninguna relación con los trabajadores de la sanidad privada por lo que no tienen potestad para exigir cambios en su forma de trabajar, ya que esa competencia es exclusiva de las entidades con las que se ha llevado a cabo el concierto.
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