“El objetivo del Gobierno es reprimir la visibilización de la protesta en la calle”
“El objetivo del Gobierno es reprimir la visibilización de la protesta en la calle”, resume Luis de los Santos, abogado de la sociedad andaluza de juristas Grupo 17 de Marzo. Denuncia el uso “perverso” contenido en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que podría estudiar este mismo viernes el Consejo de Ministros. La nueva normativa será uno de los puntos centrales de debate en las jornadas sobre 'Criminalización de la Protesta Social y las estrategias de Resistencia Ciudadana' que tienen lugar casualmente entre el viernes y el sábado en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en la calle Blanco White de Sevilla.
El objetivo del encuentro, organizado por 17 de Marzo y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), es visibilizar cuáles son los mecanismos de criminalización y represión que pudiera haber detrás del ejercicio del derecho a la protesta social. Los juristas señalan que la futura norma “huye del derecho penal al administrativo”, sancionando infracciones que vienen suplir la ausencia de faltas en el nuevo Código Penal. “Ahora la Administración será juez y parte; es un proceso sin garantía”. “Es hacer del policía, juez; él decide, bajo directrices polìticas o personales”, apunta Pastora Filigrana, también letrada del Grupo 17 de Marzo. “Eso provoca una gran indefensión para el ciudadano”.
Los más afectados serán las clases medias, según De los Santos, “que seguirán empobreciéndose si se deciden a salir a la calle” porque, a su juicio, “lo que más duele ahora es una condena económica”. “Se trata de la desmovilización y el miedo a través de una muerte civil”, apunta el abogado, que previsualiza el proceso: “Al ser una sanción administrativa, el perjudicado tendrá que interponer una demanda si quiere defenderse, por la que tendrá que pagar una tasa... Se cierra el círculo: Ley de tasas, Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal, nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal... Es la represión invisible”.
Según opinan, lo que se ha conocido del anteproyecto recuerda a la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que “se amplió en 1973...como ahora con la ley de seguridad ciudadana”. “Es una vuelta atrás que pretende criminalizar e invisibilizar la movilización social”, coinciden los abogados del 17 de Marzo. De los Santos se pregunta por el motivo para reformar la llamada 'ley Corcuera' ya que, según recuerda, el último barómetro del Centro de Iinvestigaciones Sociológicas, del pasado julio, señala que la inseguridad ciudadana es el principal problema de España para el 0,2% de la población encuestada.
“Ahora se pretende castigar a la persona, al que protesta, no a los hechos”, aseguran. “La ley ya no va a ser igual para todos: el que acepta las reglas tiene garantía, pero los que no las aceptan y quieren protestar, no se les garantiza que puedan levantarse y movilizarse”, explica Pastora Filigrana. “Se legisla contra el que no está de acuerdo con el sistema”, lamenta.
Más de la mitad de las personas agredidas, en contextos de movilización
Durante los años 2011 y 2012, los informes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en protestas sociales. “Desde el 15M se ha apreciado un picotazo para arriba del número de denuncias, sólo de las que llegan al juzgado”, indica la abogada.
En concreto, según el informe de 2012 de la CPDT sobre tortura y maltrato policial, se produjeron en Andalucía una decena de situaciones en las que fueron agredidas 27 personas, que representan un 57% del total de las personas afectadas en Andalucía de las que da cuenta el informe. A nivel nacional, según la CPDT, de las 851 personas agredidas durante 2012 en las 288 situaciones recogidas en el informe, 102 fueron movilizaciones sociales (okupación, ecologistas, sindicales, vecinales….) en las que se vieron afectadas 591 personas, lo que supone un 69% del total de personas agredidas. “¿Por qué este nivel de represión en la protesta social?”, se preguntan desde 17 de Marzo.
Respecto a Andalucía, según este grupo de juristas, dicho informe recogía alguna situación en la que la agresión policial estuvo motivada por el intento de grabar la agresión a otra persona. En otros casos, el intento de grabar la actuación abusiva de los agentes, fue objeto de multas administrativas. Ya en octubre pasado, el anuncio del Gobierno de que se estaba estudiando la prohibición de tomar imágenes a la policía en manifestaciones, generó un amplio debate sobre el derecho a la información y la impunidad de los agentes antidisturbios al ir con el rostro papado y sin número de identificación.
El encuentro de este fin de semana prevé abordar, entre otras cuestiones, 'La criminalización del activismo: Los ficheros ideológicos o listas negras de activistas', las 'reformas penales y administrativas futuras para criminalizar la protesta', 'La criminalización hacia el periodismo y medios de comunicación' y 'La criminalización del abogado en la defensa: caso Alfon' (los “daños colaterales”), 'La ocupación de viviendas en Andalucía: desobedeciendo el código penal' y las 'Consecuencias de la violencia represiva y respuestas desde lo colectivo'.
