El Parlamento andaluz bloquea el debate sobre la comisión de investigación de los contratos exprés del Gobierno de Moreno

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha frenado la admisión a trámite de la petición formulada por el PSOE para crear una comisión de investigación “para analizar” los más de 4.600 contratos de emergencia de bienes, servicios y suministros que realizó el Gobierno de Juan Manuel Moreno en 2020, 2021 y 2022, por un montante de 1.300 millones de euros.

El órgano rector de la Cámara, que preside Marta Bosquet (Ciudadanos), ha pedido a los socialistas “que concreten o precisen el objeto de la comisión” para justificar que su solicitud responde a “un asunto de interés público”, como exige el artículo 52.1 del reglamento. La petición no se ha rechazado como tal, pero su tramitación sí ha quedado en suspenso hasta que el PSOE corrija su redacción. Las diputadas socialistas que forman parte de la Mesa no han modificado el texto en ese momento, de modo que en la práctica la iniciativa de su grupo no será debatida en el próximo Pleno, como pretendían.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, lo considera un “veto injustificado”, una “cacicada” para impedir que en el Parlamento andaluz se debata y vote la creación de una comisión de investigación acerca de los contratos exprés de la Junta. El PSOE vierte sospechas de “corrupción” sobre dichos contratos, apoyándose en los casos que investiga la Fiscalía en la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, ambos gobernados por el PP, donde familiares de la presidenta y el alcalde intermediaron presuntamente con comisionistas que cobraron grandes cantidades de dinero público por gestionar la compra de material sanitario.

Los socialistas andaluces, en modo campaña electoral, vienen arrojando sospechas de corrupción sobre el Ejecutivo por su gestión de la pandemia, incluida una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el consejero portavoz, Elías Bendodo, por los 4.000 contratos exprés de personal público para hacer frente a la Covid-19. Fuentes próximas a la presidenta Bosquet advierten de que “las comisiones deben investigar hechos concretos para determinar responsabilidades políticas, y no investigar para ver qué se encuentra, que es como hacer una causa general”.

Espadas acusa a la presidenta del Parlamento, en connivencia con el Gobierno de Moreno, de frenar su solicitud para que el debate de la comisión de investigación sobre los contratos exprés no se sustancia en el próximo Pleno, previsto para los días 26 y 27 de abril, porque está convencido de que el presidente andaluz anunciará el adelanto electoral justo después.

En ese último Pleno sí se debatirá y votará el dictamen final de la comisión de investigación de las irregularidades en la Faffe, que señala como responsables políticos a los ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. La teoría de Espadas es que Moreno disolverá el Parlamento el 3 de mayo y convocará elecciones el 26 de junio. La decisión de la Mesa sólo impide que se celebre el debate en el próximo Pleno porque, si la previsión electoral de Espadas se cumple, la citada comisión de investigación tampoco llegaría a crearse, pues la legislatura habría sido disuelta antes.

En estos tres años de legislatura se han registrado siete peticiones de comisión de investigación, y la Mesa del Parlamento sólo ha paralizado la calificación de ésta última. Las anteriores fueron la comisión de la Faffe -la única que llegó a crearse-, dos sobre la crisis de la listeriosis (una a iniciativa de Adelante Andalucía y otra del PSOE), otra sobre la gestión de las residencias de mayores y las muertes que se produjeron durante la pandemia (Adelante), otra sobre la supervisión de las cajas de ahorro (Vox) y otra más sobre los contratos de emergencia de personal laboral de la Junta (Unidas Podemos).

Sólo la primera salió adelante, pero todas fueron calificadas y debatidas en Pleno. Algunas de estas solicitudes, como las de la crisis de la listeriosis, apenas contenían tres líneas, sin la argumentación extra que ha aportado el PSOE en su propuesta de investigación sobre los contratos. Sin embargo, el letrado ha considerado que “el objeto” de la misma no estaba bien definido.

Espadas ha cifrado en 150 las solicitudes de comisión de investigación que se han registrado en la historia del Parlamento andaluz, y asegura que ésta es la primera que “la Mesa veta para su debate”. En realidad, no es la primera vez que ocurre. La Mesa ha inadmitido a trámite 19 peticiones de comisión de investigación de la oposición entre 1986 y 2016, durante distintos gobiernos del PSOE.

Los socialistas aceptaron la comisión de investigación del fraude de los ERE en 2012, cuando perdieron la mayoría absoluta y su socio de Gobierno entonces -Izquierda Unida- lo puso como condición sine qua non. Hasta entonces habían pasado 17 años sin comisiones de investigación en el Parlamento. Posteriormente, de nuevo con gobiernos del PSOE en minoría, se crearon comisiones sobre las irregularidades en los cursos de formación a parados y sobre la Faffe.

El sistema de contratación de urgencia de la Junta de Andalucía, sin publicidad ni concurrencia competitiva, se amparaba en un marco jurídico excepcional que el Ministerio de Sanidad habilitó para que las comunidades hicieran frente a los efectos de la Covid 19, en un momento en el que los mercados internacionales estaban colapsados por el exceso de demanda (faltaban EPIS, mascarillas, test...). 

El PSOE ha registrado este jueves un escrito pidiendo a la Mesa de la Cámara que se reúna esta tarde y “reconsidere” su decisión de inadmitir a trámite su solicitud. En caso de que no lo haga, Espadas asegura que se trata de “una vulneración de los derechos fundamentales” de su grupo parlamentario, y amenaza con denunciarlo ante el Tribunal Constitucional.