Las políticas andaluzas de igualdad se tambalean ante la presión de Vox: cinco dimisiones en seis meses
En los seis primeros meses del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha dimitido una docena de altos cargos, ocho de ellos designados por la formación naranja, y cinco vinculados a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Las políticas de Igualdad se han convertido en el eslabón más débil, cuestionado y zarandeado de la Junta de Andalucía. “Somos un sándwich que recibe presiones diarias de la derecha y de la izquierda”, dice un alto cargo. No hay un solo día en el que su titular, la consejera Rocío Ruiz, salga del foco público por decisiones o declaraciones suyas o de Vox, socio de legislatura de PP y Cs.
Las políticas de igualdad eran hace seis meses el mayor espacio de consenso político dentro del Parlamento andaluz. Hoy son motivo permanente de discusión visceral entre las izquierdas y las derechas, el ejemplo más notorio de la polarización política (junto con la Memoria Histórica y la inmigración). Hace poco más de seis meses hubo un acuerdo de máximos en la Cámara andaluza para aprobar por unanimidad o amplio consenso la reforma de la Ley de Igualdad, la normativa que protege los derechos del colectivo LGTBI o la Ley de lucha contra la violencia de género.
Ahora, todas esas normas están en tela de juicio. Vox irrumpió en la política andaluza con un discurso negacionista contra las desigualdades de género y exigiendo la derogación de todas estas leyes, algo que aún mantienen en su programa.
El PP logró disuadirle de la supresión de estas normas, pero ha permitido que un nuevo lenguaje político vaya permeando en la Administración andaluza: se rechaza el uso no sexista del lenguaje, se rechaza el informe de impacto de género que acompaña a los Presupuestos Autonómicos (reconocido por ley) o se sustituye el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar.
Ahora conviven ambas terminologías y los socios de la Junta permiten la duplicidad de ciertos recursos públicos para contentar a Vox, de quien depende la aprobación de los Presupuestos. En 2020, por ejemplo, se creará un teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar dirigido a personas mayores o niños que son agredidos en el ámbito doméstico.
PP y Cs han transigido a esta demanda, pero hacen oídos sordos al argumentario de la extrema derecha: “No sustituye al teléfono para víctimas de violencia machista, lo complementa”, dicen. La Junta ya tiene un teléfono de ayuda al menor y a las personas mayores.
El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha comparecido esta semana para hacer balance de los primeros seis meses de mandato: asegura que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no empezó a trabajar de verdad hasta el 26 de mayo, después de las elecciones municipales. “En este tiempo ha hecho más propaganda que trabajo real”, dice Hernández.
Al hacer balance de sus primeros seis meses, Vox ha destacado por encima de todo una cosa: “Hemos acabado con el lenguaje imperante sobre violencia de género, hemos introducido asuntos que no se podían cuestionar porque el discurso mayoritario lo impedía”.
La presión de Vox sobre el área de Igualdad seguirá siendo una constante en esta legislatura, le da rédito político dentro y fuera de Andalucía, le sirve para reafirmarse ante los suyos, para tensar al Gobierno y para tensar a la oposición de izquierdas. Cada vez que incurre en el terreno de las políticas sociales, la extrema derecha se convierte en el epicentro de la vida pública andaluza. Todo gira en torno a ellos.
Éste es el contexto asfixiante que rodea a la Consejería de Igualdad. En estos seis meses ha dimitido el viceconsejero de Igualdad, la secretaria general técnica de Igualdad, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el jefe de gabinete de la consejera de Igualdad y la delegada territorial de Igualdad en Almería. La Junta no ha vinculado ninguna de estas dimisiones con la presión que ejerce Vox.
Crisis o normalidad
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, dice que es “una casualidad” que todos los cesados sean nombramientos de Ciudadanos (la mayoría de Igualdad). Su explicación es que el Gobierno es un mismo equipo, coordinado, y lo mismo da que el dimisionario sea del PP o del partido naranja.
“Lo bueno de esto es que los equipos se renuevan y quien entre ahora lo hará mejor que el anterior”, avisa el portavoz de la Junta. La versión del PSOE es otra: la cascada de ceses y dimisiones es un “síntoma de la inestabilidad y de crisis” que zarandea al nuevo Gobierno andaluz, un síntoma de la incomodidad de muchos altos cargos por las “tragaderas” con las exigencias de Vox.
Probablemente hay una explicación más certera entre la versión de la Junta y la de la oposición. Muchos de los ceses se deben a razones personales, enfermedad, exceso de presión o pérdida de confianza de los jefes. Sin embargo, tampoco es habitual que se caigan del organigrama consejeros, viceconsejeros y directores generales al poco de tomar posesión de sus puestos, y eso abre muchas incógnitas sobre el Gobierno, y da a la oposición la oportunidad para rellenar los huecos con teorías de todo tipo.
Una de las explicaciones oficiales es que Ciudadanos es una formación política muy joven, con apenas cinco años, y sin cuadros medios ni banquillo para ocupar todos los puestos que han ganado en el Gobierno de coalición. El partido naranja tiene cinco de las 11 consejerías de la Junta y ha tenido que hacer muchos equilibrios parar no vaciar la estructura orgánica y el grupo parlamentario enviando personal de confianza a la Administración.
Al contrario de lo que ha hecho el PP, que ha colocado en la Junta a ex dirigentes, ex diputados, ex alcaldes y ex concejales, Ciudadanos ha recurrido a independientes, a perfiles profesionales, personas no vinculadas a la política activa, e incluso ha mantenido a cargos de confianza del PSOE que trabajaban para la Administración anterior. Esa filosofía de profesionalizar la política y llevar al Gobierno a gestores de la empresa privada ha dado mucho rédito electoral a los de Juan Marín, pero también quebraderos de cabeza.
“Se ha fichado a profesionales ajenos a la política que, una vez dentro, se dan cuenta de que el ritmo de trabajo es más frenético, el salario es más pobre, el foco mediático es abrasador, la presión de la oposición es diaria y los trámites burocráticos lo hacen todo más lento”, dice una fuente de la Consejería de Igualdad.
Esta semana ha dimitido el viceconsejero de Igualdad, Francisco José Martínez López, que fue rector de la Universidad de Huelva. No lo ha hecho por la presión, según explicó a este periódico, sino por las “discrepancias” con la consejera sobre el modo de gestionar el departamento. “No han sido diferencias políticas sino por el ritmo de trabajo”, dice Martínez, que niega rotundamente estar detrás de las decisiones y declaraciones más polémicas de Ruiz (como la negación de la brecha salarial de género, que luego rectificó).
La consejera de Igualdad trata de sacar adelante su agenda, pero cada día tropieza en un agujero dialéctico que ha cavado Vox. La diputada de extrema derecha Ángela Mulas aseguró durante el debate presupuestario que su grupo quería eliminar el IAM, con un presupuesto de 42 millones de euros (el 2% de la Consejería), y convertirlo en un instituto de ayuda a víctimas de violencia intrafamiliar. Ruiz tuvo que volver a desmentir algo que nunca se había planteado -ni siquiera está recogida esa medida en ningún acuerdo-, pero lo hizo con desgana, después de que otros tres miembros de la Junta ya habían salido al paso.
Ceses y destituciones
Probablemente de todo el gabinete, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, es quien ha hecho el casting más exhaustivo y exigente para conformar a su equipo, con hasta 30 entrevistas personales, como él mismo ha reconocido. Hasta ahora ha habido una dimisión y una destitución. “Estamos acostumbrados a que en el PSOE y en el PP nunca dimita nadie, porque ahí hay gente que no tiene un trabajo al que volver, y se agarra al cargo como un clavo ardiendo. Pero Ciudadanos ha fichado a profesionales que tienen carrera y trabajo. Si a los seis meses se han dado cuenta de que la política no es lo que ellos esperaban, no han vacilado en volver a su empleo anterior”, explica un miembro del departamento de Economía.
El área de Empleo, otro de los departamentos sensibles de la Junta, y donde Ciudadanos fichó al llamado “comando antifraude”, también ha sufrido esta semana la dimisión de su viceconsejera, Isabel Balbín. Balbín era directora de Programas Especiales de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, fue la primera en denunciar desde dentro el supuesto fraude en los cursos de formación a parados de la Junta, ayudando a destapar la operación Edu, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre los fondos de formación de la Junta. El asunto llegó a juicio pero fue sobreseído en distintas causas provinciales. La jueza María Núñez Bolaños le dio carpetazo a la causa general y recientemente la Audiencia ha cuestionado esa decisión y desautorizado a la magistrada.
De todas, la dimisión más rápida fue la del primer consejero de Hacienda, Alberto García Reyes, que abandonó el cargo a los seis días de tomar posesión por problemas de salud. También han dejado sus puestos Elisa Fernández-Vivancos, delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada; Pilar Ariza, secretaria general Universidades; Isabel Álvarez, directora general Fondos Europeos (que aún no ha sido sustituida); Antonia Morales, delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Almería; Miguel Luis Guijarro, delegado de Empleo y Economía de la Junta en Málaga; Concepción Cobo, secretaria general de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible; María Luisa García Gestoso, directora del Plan Estratégico de Vacunaciones; Mercedes Sánchez Vico, directora del IAM; Sebastián Díaz Ruiz, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Málaga y los viceconsejeros de Igualda y Empleo.
