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El PP andaluz “estudiará” sumarse a la petición de una moratoria en los desahucios

La consejera de Fomento afirma que "Andalucía va a perseverar para ser un territorio libre de desahucios"

Olga Granado

¿Van a apoyar ustedes la moratoria que la Junta de Andalucía le ha pedido a la banca para que desahucie a familias en riesgo de exclusión social mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso contra el decreto de la función social de la vivienda? Es la pregunta que desde la tribuna de intervenciones del Parlamento de Andalucía ha lanzado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, a la bancada del PP durante el pleno de este miércoles, donde este decreto centraba las comparecencias de la mañana. Y lo ha hecho repetidas veces hasta que algunos populares han asentido con la cabeza. En realidad, esto no quiere decir que la vayan a apoyar de facto, pero al menos lo van a “estudiar”, según han confirmado poco después desde el PP a la prensa.

Es el único compromiso que la consejera ha arrancado al PP de Andalucía, que cuando se aprobó este decreto no votó en contra, sino que se abstuvo, pero que luego se ha tenido que tragar como su partido, desde el Gobierno de la Nación, lo ha recurrido dejando en suspenso la norma hasta que haya un pronunciamiento, que puede tardar cinco meses. En el Consejo de Gobierno de este martes se acordó enviar un escrito a los bancos solicitándoles dicha moratoria, que la Junta de Andalucía espera que sea bien acogida dado que la actitud del sector “ha sido colaboradora hasta el momento”, en palabras de Elena Cortés.

Esta ha criticado nuevamente que el Gobierno de la Nación lo haya recurrido, “yendo contra las 12 familias que habían podido salvar su vivienda gracias al decreto”, así como dejando sin esperanza a otras seis que tenían el expediente iniciado. Ha lamentado el “insulto a la inteligencia” en los argumentos esgrimidos para intentar tumbar la norma, como el supuesto “colapso financiero” que va a provocar en el país, y ha recordado cómo el PP inicialmente ni se planteó recurrirlo. “La solución va a venir si logramos darle una función social a las más de 700.000 viviendas que están vacías en Andalucía”, ha esgrimido la consejera, quien ha abogado por que la comunidad autónoma se convierta en “un territorio libre de desahucios”.

Por el PP ha intervenido Alicia Martínez, quien ha atacado a IU, “que se atribuye la paternidad de este decreto”, mientras su gente “compra vivienda embargadas”. Ha arremetido así contra Diego Valderas, “que se aprovechó de un desahucio para comprar su vivienda y que es quien tendría que haber subido a esta tribuna a dar explicaciones”. En su opinión, el Gobierno de la Nación ha aprobado reformas hipotecarias que ya evitarán 120.000 desahucios en España. “El recurso se ha interpuesto porque lo determina el Consejo de Estado, no por sugerencia de la UE”, ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que “una comunidad autónoma no es competente para limitar el derecho a la propiedad”.

Paralelamente continúa la tramitación en el Parlamento de Andalucía del proyecto de ley que completará el desarrollo legislativo de este decreto -ampliamente convalidado por la calle- y donde se introducirán algunas modificaciones, en gran medida propuestas que han hecho llegar colectivos de lucha contra los desahucios. Está por ver si el PP se abstendrá de nuevo cuando toque votarlo, lo que probablemente tendrá que decidir cuando todavía no haya una resolución sobre el recurso presentado por Madrid.

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