Junta y Gobierno central vuelven a firmar convenio para la atención sanitaria de los presos en Andalucía
La Junta de Andalucía y el Gobierno central finalmente han suscrito el acuerdo para garantizar la prestación de asistencia sanitaria a la población interna de los centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma. No se trata de un convenio cualquiera ya que, a comienzos de 2012, se rompió la colaboración que durante 17 años venían manteniendo ambas administraciones para la atención especializada de presos de tal forma que el SAS garantizaba la atención e intituciones penitenciarias asumía los costes. Las negociaciones llegaron a buen puerto y en agosto se rubricó definitivamente el nuevo convenio
Dicho acuerdo, firmado entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de la Junta, acaba de publicarse en el BOE. Instituciones Penitenciaras abonará una cantidad o módulo por cada recluso para atender sus diferentes necesidades de atención médica y sanitaria que puedan surgir. El acuerdo evita tener que pagar a la Administración sanitaria autonómica correspondiente cada una de las facturas por cada acto de atención que preste a los reclusos en un centro penitenciario.
El acuerdo supone 3,9 millones de euros con destino Andalucía (2.600.239,18 euros correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2013, y 1.300.119,59 euros que se corresponde con cuatro trimestre natural de 2013, a pagar en el ejercicio 2014). El convenio, en vigor desde el pasado agosto, tiene de vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, pudiendo ser prorrogado de forma expresa mediante sucesivas adendas donde conste la estipulación de las cantidades que se abonarán. Sin embargo, aún no se ha solucionado el pago por parte de Instituciones penitenciarias de la atención durante el año 2012, que el SAS calcula en unos 5 millones de euros.
El ámbito de aplicación del convenio se circunscribe en las áreas de educación para la salud, medicina preventiva y vigilancia epidemiológica, salud ambiental, formación, salud mental, consultas de especialidades, reserva de camas en los hospitales del SAS para los ingresos procedentes de centros penitenciarios, y protección radiológica y seguimiento de exposiciones.
En el ámbito penitenciario, ambas administraciones se comprometen a realizar protocolos conjuntos que especifiquen los tipos de patologías y criterios de derivación de los pacientes, desde los centros penitenciarios a las consultas de los hospitales de referencia, así como los desplazamientos de los facultativos especialistas a las cárceles.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que se mantiene atenta a la población reclusa, emitió en 2008 un informe que intentaba aclarar la compleja, a veces, distribución de competencias entre diferentes administraciones responsables de esta materia, así como reflexionar sobre la intenciones políticas para solventar lo que consideraba “graves deficiencias” al respecto.
Según APDHA, el nuevo acuerdo entre Junta y Gobierno (el primero se firmó el 17 de noviembre de 1995) adolece de “los mismos defectos”. Entonces, llamaron la atención acerca de que la Junta de Andalucía y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, firmantes también ahora, “en vez de asumir la responsabilidad que tiene cada cual y coordinar sus recursos, así como intercambiar información de la misma realidad sobre la que deben trabajar (y que no ambos perciben igual), se escudan cada cual, en numerosas ocasiones, en las responsabilidades del otro para no asumir nuevos retos y abordar esta problemática, siendo las personas enfermas y privadas de libertad las mayores afectadas por esta discordancia”.
En este sentido, aún se desconocen muchos de los detalles del nuevo convenio marco, capítulos que aún siguen abiertos y que se irán solventando poco a poco. La Consejería de Salud dice en este sentido que aún quedan cuestiones por concretar respecto a las fórmulas de pago y la facturación, rechazada de plano 'preso por preso' como pretendía el Ministerio. El departamento se está reuniendo estos días para decidir cuál es el planteamiento definitivo a presentar a Madrid, sin conocer tampoco qué pasará a partir del 1 de enero de 2014. Antes, el acuerdo se renovaba automáticamente pero después de la última experiencia, la Consejería quiere tener bien atado cómo se abonará la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios.
