El SAS deberá indemnizar a las farmacias con más de 10 millones de euros por vetarlas para dispensar determinados fármacos
Otro pago que tendrá que realizar el nuevo Gobierno de Andalucía como resultado de gestiones de legislaturas previas: 10.700.249,86 euros para los titulares de farmacia, que entre 2010 y 2015 no pudieron dispensar una serie de fármacos en virtud de una resolución que sólo permitía que lo hicieran directamente los hospitales. El Consejo Consultivo de Andalucía ha resuelto que sean compensados con esta cantidad tras sendas sentencias del Tribunal Supremo (TS) y previamente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a favor de los farmacéuticos, quienes tuvieron que esperar hasta 2015 para que el SAS diera marcha atrás.
El veto se impuso por una resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en diciembre de 2010 y siendo entonces consejera de Salud la ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero. Mediante la misma, se acordó que la dispensación de medicamentos cuyos principios activos estuvieran incluidos en ciertos subgrupos se realizaría en los servicios de farmacia de sus hospitales y no en las oficinas de farmacia “por requerir una particular vigilancia, supervisión y control”. La medida se refería a un total de 114 medicamentos. Esto provocó, primero, una reclamación de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y luego de los colegios oficiales de farmacéuticos de las distintas provincias, basándose en que esta limitación era competencia estatal.
En concreto, afectó a 14 grupos terapéuticos, con medicamentos tales como hormonas sexuales o productos endocrinos, entre otros, que tras las sentencias en los tribunales, el SAS se vio obligado a que regresaran a las farmacias para su dispensación, previa receta, para pacientes no hospitalizados. Inicialmente, los farmacéuticos reclamaron más de 13 millones de euros por este perjuicio, pero finalmente se ha fijado en los casi 11, y fuentes de las dos partes confirman que existe un acuerdo para su pago cuanto antes.
De hecho, se esperaba que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera el pasado año y se iba a hacer un primer pago el último cuatrimestre de 2018 y otro el primero de 2019, pero “cuestiones administrativas” y el posterior cambio en la gerencia del SAS, como resultado de las elecciones autonómicas, “han retrasado todo”, según explica José Luis Márquez, presidente de la Ceofa.
Éste reconoce la “buena predisposición del SAS para hacer frente al lucro censante”, si bien pide que se pague a los farmacéuticos “con carácter inmediato”. Para ello, los demandantes tuvieron que certificar una a una las cuantías de los más de 3.500 titulares de farmacia de la comunidad autónoma, que dejaron de ingresar una media de dos millones de euros por ejercicio con ese veto. “Ya ha tenido que pagar el SAS las costas por los procesos que ganamos en los tribunales contra esa resolución que invadía competencias estatales y que nos perjudicó durante cinco años y medio”, recuerda.
Desde la Ceofa puntualizan también que en 2012 hubo un cambio por parte de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad -el competente en la materia- que limitaba la dispensación de los medicamentos de 12 grupos terapéuticos a los hospitales, entre los que se encontraban muchos de los incluidos en la resolución de la Junta de Andalucía tumbada por los tribunales hace cuatro años, por lo que la vuelta a las farmacias sólo ha afectado a un total de cuatro.
De este modo, el Consejo Consultivo de Andalucía considera que el daño “es efectivo, evaluable económicamente, individualizado, antijurídico e imputable a la administración contra la que se reclama”, por lo que determina la compensación.
