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El medio ambiente en 2020 en Andalucía: entre la “revolución verde” y el “postureo ecológico”

El lince ibérico

Alejandro Ávila

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, enarboló la bandera de la “revolución verde” desde el corazón ambiental de Andalucía, Doñana, por su 50º cumpleaños. Lo hizo en 2019. Meses después, las asociaciones ecologistas acusaría al ejecutivo andaluz de “postureo ambiental” o greenwashing.

2020 ha sido un año de varios reveses para el medio ambiente en Andalucía. El primer revés lo recibió en pleno confinamiento, cuando la Junta de Andalucía, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, aprobó por decreto ley la “simplificación” de un centenar de trámites burocráticos, 21 leyes y seis decretos. La medida, afectaba, entre otros ámbitos, al medioambiente de una región cubierta por espacios protegidos en una tercera parte.

Un nuevo ladrillazo

Juan José Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, apuntaba en abril el rechazo de su organización a la medida porque intentaba “relajar las normativas de carácter protector. Había riesgo de que el Partido Popular intentara eliminar ciertas garantías, como ya había ocurrido con la Ley de Costas. Esas políticas son las que se intentan aplicar en Andalucía”. Más del 14% de la costa andaluza está urbanizada y, como subraya Greenpeace, “al calor del resurgimiento de la burbuja inmobiliaria, se ha incrementado el número de proyectos que amenazan los ecosistemas costeros”.

Esa “simplificación” de los exigentes trámites ambientales ha abierto las puertas a una nueva burbuja inmobiliaria de ladrillazos, como los denunciados por Ecologistas en Acción, a través de Facua, en el litoral gaditano y localidades como Trebujena, el Puerto de Santa María, Chiclana, Vejer, Barbate, Valdevaqueros o San Roque.

Presidencia de la Junta de Andalucía asumió en septiembre las competencias de cambio climático, que hasta la fecha eran de la Consejería conjunta de Agricultura y Medio Ambiente, y, además, fichó como comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético a Juan Manuel Muñoz Romero, que ostentaba hasta septiembre de 2019 un cargo directivo en Sando, la empresa de construcción malagueña. Ambas decisiones se recibieron con mucho escepticismo por las organizaciones ecologistas.

Algarrobico: el coloso en pie

Símbolo de la destrucción del litoral español, del laberinto jurídico patrio y de los desvaríos políticos. El Algarrobico sigue en pie tras más de 15 años de embrollo ambiental y legal. Este año, por enésima vez, se le ha vuelto a poner fecha “próxima” a su derribo. Quince años dura ya el mayor culebrón ambiental del país.

A finales de octubre, el ejecutivo andaluz anunció que presupuestaría su derribo y lo defendió como una pieza de su “Revolución Verde” marcándose un importante tanto político. Moreno Bonilla ha destacado que se trata de “un compromiso político y moral con las generaciones futuras” y la “demostración palpable de un cambio real en el modelo de política ambiental”. Acto seguido, los grupos ecologistas le reprocharon que lo suyo era “postureo ambiental” porque estaba obligado a hacerlo.

El (pen)último episodio de esta historia interminable es que el Ministerio para la Transición Ecológica afirmó a finales de diciembre que estará “en disposición” de demoler el hotel “con toda celeridad” en cuanto la Junta de Andalucía disponga -es decir, pague y recupere- de los terrenos sobre los que se construyó.

Cemento sobre Doñana

La carretera que una Huelva y Cádiz por Doñana ha vuelto sobre la mesa del debate político en este año que termina. Un viejo sueño del Partido Popular, que los populares andaluces rescataron durante su campaña electoral: la autopista entre las dos provincias, atravesando Doñana. El espacio protegido es un obstáculo insalvable: para unir Cádiz y Huelva por tierra hay que atravesar el espacio protegido más importante de la Península Ibérica, hogar del lince ibérico y punto neurálgico de las migraciones de aves entre Europa y África.

No obstante, el presidente andaluz ha rechazado de pleno este proyecto durante su legislatura, la espada de Damocles nunca se retira de la cabeza de un espacio protegido que, en los últimos años, ha sufrido amenazas tan serias como un virulento incendio que quemó más de 10.000 hectáreas, un proyecto de gas de Naturgy y el robo del agua subterránea que da vida al ecosistema, por la agricultura ilegal.

Doñana es agua

El agua sigue siendo el gran problema de Doñana. Desde hace años, en Doñana se libra una batalla por el agua acuciada por los efectos del cambio climático, pero, sobre todo, por el robo de agua subterránea de agricultores ilegales que inundan el norte del espacio protegido.

Carlos Dávila, responsable de Doñana en la organización SEO/Birdlife, apuntaba que “hay dos Doñanas: la de dentro y la de fuera de la valla, pero no se pueden gestionar de manera diferente. Se están cerrando pozos ilegales, pero queda mucho por hacer... hay una falta de ordenación en el sector agrícola de la zona”.

Nueve de las 22 especies en riesgo que crían en el humedal patrimonio de la humanidad han visto disminuir sus poblaciones desde 2004, según los informes de seguimiento de la Junta de Andalucía. Además, la escasez de conejo, sometido a los estragos de una pandemia, pone en riesgo a especies protegidas como el águila real, el milano real o el lince ibérico.

La buena noticia para el espacio protegido es que, como anunció la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG) en noviembre, cerrará otros 170 pozos en el entorno de Doñana en los próximos meses, que se sumarán a los 300 que la CHG ha clausurado en los últimos años.

El lince escapa de la extinción

El medioambiente andaluz sí da algunos motivos para el optimismo. Ni los atropellos durante el confinamiento, ni la falta de financiación europea ni de liderazgo en 2019 le han impedido al lince ibérico seguir dando saltos de felino para escapar de la extinción y ya son casi 900 los animales que campan libres por España y Portugal.

Los expertos coinciden en que los datos del censo publicado este año, con datos de 2019, son excelentes: 894 ejemplares de lince ibérico son un éxito, después de que se convirtiera en el felino más amenazado del planeta a comienzos de siglo, con apenas 90 ejemplares vivos.

El año en blanco sin cabeza visible en la lucha contra la extinción del lince no ha hecho mella en la conservación del lince ibérico. La jubilación en febrero de 2019 del artífice de la recuperación del felino, Miguel Ángel Simón, coordinador del programa del lince,-dejó sin líder visible la lucha por el felino más amenazado del planeta y durante dos años no ha habido financiación europea.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, son 583 adultos repartidos entre España (476, un 81,6%) y Portugal (107) y 311 cachorros nacidos en 2019. Andalucía, el último reducto para este felino hace casi 20 años, se ha convertido ahora en uno de los grandes motores de la especie.

El vuelo raso de las aves esteparias

Menos fácil lo tienen las aves esteparias que, a sus amenazas habituales (caza, agricultura...) unen ahora la construcción de plantas fotovoltaicas en su hábitat. La organización SEO/BirdLife ha apremiado en diciembre a la Junta de Andalucía a “garantizar que el desarrollo renovable en la región no se realice a costa de su biodiversidad. La organización ambiental considera imprescindible que el Gobierno regional ponga a punto, no más tarde del primer trimestre de 2021, una adecuada planificación para el despliegue de proyectos solares fotovoltaicos (PSF) y garantizar una correcta evaluación de su impacto en la biodiversidad”.

Denuncian que especies como el sisón común, la avutarda, la ganga ortega o la alondra ricotí pueden verse afectadas. En Huelva siguen en pie de guerra contra los fosfoyesos que contaminan con residuos peligrosos y radioactivos a los ciudadanos onubenses y reclaman que la marisma vuelva a su estado natural.

La Mesa de la Ría ha vuelto a rechazar el proyecto de Fertiberia que “pretende cubrir con una fina capa de tierra las miles de toneladas de fosfoyesos que se han depositado durante casi sesenta años” y que, aunque el Gobierno central haya aceptado la Declaración de Impacto Ambiental, van a luchar por que otras administraciones frenen el proyecto y obtengan, por fin, “una marisma restaurada y limpia”.

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