La petición de la titularidad pública de la Mezquita vuelve en medio de las promesas laicistas del PSOE ante el 20D
Quienes defienden la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba –en manos de la Iglesia desde que la inmatriculara a su nombre por 30 euros en 2006 admitiendo no tener título de dominio alguno sobre ella- han vuelto a pedir al Parlamento andaluz que ponga en marcha los mecanismos necesarios para hacer que el monumento sea un bien público y no de la Iglesia. Y lo hacen días después de que el PSOE haya avanzado sus propuestas electorales de carácter laicista de cara a las generales del 20 de diciembre, poniendo la pelota en el tejado del gobierno socialista andaluz para maniobrar o no ante la jerarquía eclesiástica por la titularidad y gestión del emblemático monumento cordobés.
La plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que viene denunciando la apropiación que la Iglesia ha hecho del monumento al que oficialmente sólo denomina Catedral, ha solicitado esta pasada semana a los grupos parlamentarios andaluces que impulsen y tramiten en la cámara “cuantas acciones sean necesarias para reclamar por la vía jurídica la restitución al dominio público de un monumento único del patrimonio histórico andaluz para el disfrute de sus ciudadanos”, según reza expresamente el documento entregado al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.
Reclaman así que sea la administración andaluza –gobernada por el PSOE- quien tome la iniciativa para establecer la titularidad pública del monumento, sobre el que también se solicita que desde la cámara andaluza se promueva “la elaboración de un informe detallado que valide desde el punto de vista histórico y jurídico que la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido siempre un bien de dominio público, como demuestra el hecho de que su construcción, conservación y mantenimiento ha recaído secularmente bajo responsabilidad preferente del Estado en sus distintas instituciones”.
Cabe recordar que esta petición para que los grupos parlamentarios promuevan acciones contra la apropiación de la Iglesia del monumento se ha hecho cuando, en su programa electoral para las elecciones generales del 20D, el PSOE ha prometido medidas de corte laicista para profundizar en la aconfesionalidad del Estado como suprimir de la escuela pública la enseñanza de la asignatura de religión, revisar el Concordato con la Santa Sede y retirar los símbolos religiosos de los edificios de carácter público, salvo que sean elementos estéticos o artísticos o estén en espacios de culto.
Está por ver si los socialistas moverán ahora ficha contra la Iglesia con acciones concretas en el debate de la Mezquita-Catedral, algo que desde la plataforma que promueve su titularidad pública se ha pedido en reiteradas ocasiones –en el Parlamento, al Defensor del Pueblo, en el Congreso y en la UE- y hasta ahora sólo ha encontrado como respuesta la reiterada voluntad de diálogo con la Iglesia que los responsables de la administración andaluza han declarado sobre este asunto.
Gestión profesional y protección del monumento
Además de la titularidad pública, la plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos ha solicitado a los grupos parlamentarios andaluces una segunda petición de actuación sobre el monumento cordobés, ésta más ligada a su gestión patrimonial. Así, en el escrito presentado la Plataforma alerta del grave deterioro que sufre el monumento “en su difusión y su identidad” cuando “desde hace 15 años, el Cabildo ha borrado el término Mezquita de todos los soportes de difusión cultural y turística (folletos, carteles, entradas, vídeos, web) y falsea intencionadamente su historia con el propósito de ocultar su huella islámica y andalusí en beneficio de una lectura excluyente católica”.
En ese sentido, solicitan “la inmediata intervención de la Junta, en su calidad de administración competente en la tutela y vigilancia del patrimonio histórico andaluz”, con la creación de “un estatuto jurídico singular” propio para el monumento “atendiendo a su naturaleza de bien cultural de primer orden” en el ámbito autonómico, nacional e internacional.
Asimismo, requieren de la administración autonómica que promueva la clasificación de la Mezquita-Catedral como ‘Conjunto cultural’ y que garantice una gestión “orquestada por un órgano profesional que se atenga a criterios científicos, dirigido por personas acreditadas en el ámbito del patrimonio cultural” para garantizar su máxima protección.
