La precampaña ha arrancado en el último pleno de la legislatura
El último pleno de la legislatura en el Parlamento de Andalucía ha terminado este lunes con los gritos de “más curaciones, menos elecciones”, proferidos desde las filas reservadas a la ciudadanía, tras una sesión convocada con carácter extraordinario para debatir sobre la situación de las urgencias en los hospitales y el tratamiento para enfermos de hepatitis C, pero que ha derivado hacia el debate sobre el adelanto electoral. No era ya tanto que la prensa estuviera más pendiente de los movimientos en San Telmo -donde poco después se celebraba el Consejo de Gobierno de deliberación del adelanto electoral- sino porque los propios diputados estaban más interesados en este otro asunto que en las razones del pleno.
Hay que sumarle a esto que la sesión ha sido aprovechada por los dos grupos mayoritarios (PP-A y PSOE-A) para pactar la renovación de sus consejeros en la Cámara de Cuentas, que queda con ello cerrada a la posibilidad de que entre otro partido por lo menos hasta 2017. Y también, que el PSOE-A ha aprovechado para proteger la campaña de la posibilidad de que Mercedes Alaya llamara a declarar a alguno de sus parlamentarios que han sido señalados por la jueza en el caso ERE y para los que se ha garantizado la condición de aforados metiéndolos en la comisión permanente una vez que se disuelva la cámara, por donde los populares no han entrado, ni tampoco IU.
El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha escenificado la pataleta de esta formación tras la ruptura “unilateral” del pacto por parte del PSOE-A, que sus hasta ahora socios atribuyen a la desconfianza por la inestabilidad generada con la posibilidad del referéndum que la coalición de izquierdas se había reservado convocar sobre su continuidad en el Gobierno de Andalucía. Tras reiterar la convencimiento de IU de que “no hay razones objetivas” para el adelanto electoral, ha criticado que el PSOE-A “vuelva a las andadas” con decisiones como la de los aforados. “Los andaluces deben de estar flipando”, ha resumido sobre lo vivido los últimos días y especialmente en “este pleno estafa”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado que tanto IU como el PP-A pretendan arrojar “una sombra de imputación” sobre los exconsejeros que han quedado blindados como aforados hasta que se constituya el nuevo Parlamento de Andalucía: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo han entrado en la diputación permanente donde ya estaba Manuel Recio, el cuarto de los señalados por la jueza. “No están imputados”, ha recordado.
La consejera se ha quedado prácticamente sola
En este contexto, la consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha subido al estrado para hablar de las medidas que ha puesto en marcha su departamento en estas dos materias. De las urgencias ha destacado que el servicio se ha reforzado con 562 profesionales. De la hepatitis C ha celebrado que Andalucía vaya a garantizar “que nadie se quede sin tratamiento por cuestión de dinero”, dado que imperará “el criterio médico”. Lo cierto es que ha terminado hablando para muy pocos diputados porque la mayoría ya había abonado el salón de plenos.
La réplica desde el PP-A se la ha dado Ana Corredera, quien ha afeado que Susana Díaz se hubiera ya ido del pleno para presidir el Consejo de Gobierno porque “su interés personal y su ambición es más importante que lo que ocurre en la sanidad”. Le ha reprochado también que no hubiera “podido esperar siete semanas más” y convocar con las elecciones municipales de mayo, “lo que hubiera supuesto un ahorro para los contribuyentes andaluces de unos 14 millones de euros”.
Cuanto tocaba levantar la sesión, ha hablado Manuel Gracia, presidente de la cámara, para “pedir excusas” a los diputados por si en alguna ocasión se han sentido “maltratados” por alguna de sus decisiones. Igualmente, ha mostrado su “satisfacción” por estos tres años y por haberlos compartido con ellos.
