La nueva “flexibilización” para aprobar planes urbanísticos en Andalucía levanta suspicacias en la oposición y ecologistas

En Andalucía hay 201 municipios con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en fase inicial y 135 con aprobación provisional. Según la Junta, un total de 336 planes se podrían agilizar en virtud de una nueva medida que ya se les comunicado a los ayuntamientos: se les aplicará la tramitación de urgencia en los procedimientos de aprobación de los planeamientos urbanísticos de competencia autonómica y municipal, lo cual reducirá “a la mitad” los plazos establecidos, según las estimaciones de la administración autonómica. El objetivo último de “favorecer la actividad económica” en los municipios andaluces y “contrarrestar el impacto económico que va a provocar la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19” no convence a los partidos de la oposición ni al movimiento ecologista.

El Consejo de Gobierno tomó conocimiento el miércoles de la adopción de esta medida, que no está contemplada bajo la figura de la Orden ni de la Instrucción sino que “se les ha dado a los ayuntamientos la explicación y justificación que pueden usar para aplicar el trámite de urgencia si quieren usarlo”, detallan fuentes de la Consejería de Fomento, que añaden que a los 336 municipios citados habria que sumar los planes que están en avance, es decir, con el documento estratégico hecho.

La medida se ha creado “para que los ayuntamientos aprovechen este parón y vayan agilizando la tramitación de sus planes y, cuando empiece el periodo de recuperación, puedan ya gestionar sus suelos y un inversor quiere construir o lo que sea. Es para que agilicen los trámites”, resumen las fuentes.

“Los municipios pequeños y medianos tienen mucha dificultad para crecer porque no tenían capacidad de solventar el tema administrativo”, añaden, asegurando que se trata de una medida que tiene un carácter “voluntario” y es “transitoria” hasta la aprobación de la nueva Ley Andaluza del Suelo, que “se quiere tener pronto”. “Todos tienen que cumplir la norma, que es la misma, y eso lo determinará cada PGOU de cada municipio. Se trata de agilizar los trámites”, insisten, reforzando la idea de que los municipios “estén preparados para cuando haya negocio o construir VPO, y puedan desarrollar sus planes urbanísticos en todos los sentidos, tanto residencial como de servicos públicos”.

“A efectos prácticos no vale para nada”

Rodrigo Sánchez Haro, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, considera que la medida es “humo” porque “a efectos prácticos no vale para nada” ya que “el problema de los PGOU no está ahí sino en que los informes sectoriales están tardando lo más grande”. “El problema es de recursos humanos y de agilización de los trámites de la propia Junta de Andalucía, no en reducir los plazos a la mitad. Esto no soluciona nada, es márketing de la campaña en la que están instalados”, asegura el portavoz socialista.

“Lo que hay que hacer es que sean reales los plazos porque, aunque se reducen a la mitad, ¿la Junta se compromete a tener el informe en mitad del tiempo?”, se pregunta. Sánchez Haro señala que los delegados territoriales de medio ambiente y urbanism le trasladan que sólo se están resolviendo las cuestiones urgentes, lamentando que la Junta “intenta reducir cuestiones como esta al simplismo y a veces las cosas no son tan simples, porque aquí no se va a agilizar ningún trámite”.

“El cuello de botella está en que, para sacar adelante un PGOU, se necesita una tremenda cantidad de informes sectoriales. ¿De qué sirve que se acorte el plazo a la mitad si te falta algún informe? Si no lo tienes se te va a paralizar y vuelta de nuevo a la casilla de salida”, señala. “La Junta necesita una gran cantidad de técnicos para poder sacar todo esto adelante. Muchas veces le ponemos el foco en los ayuntamientos pero muchas veces no tiene por qué ser así pero, una vez presentado, le mayor porcentaje de tiempo se va en la redacción de los informes sectoriales para ver si cumple con la normativa, con el impacto ambiental, etc.”, indica.

El “ladrillazo” de principios de siglo

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Fomento, Diego Crespo, señala que la medida “parece que es la salida simple a esta crisis del Covid-19 para intentar reactivar un poco la economía” pero podría suponer, a su juicio, “volver un poco al modelo de principios de siglo del ladrillazo, de construir lo que se quiera”.

Según el diputado la medida es “un retroceso” y “no es la forma adecuada de salir de la crisis” porque “la crisis es ecológica también y es consecuencia de cómo hemos maltratado al planeta en las útimas décadas”. Crespo recuerda que el Gobierno de PP y Ciudadanos ya anunciaron la nueva Ley del Suelo “y ahora aprovechan para decir que simplifican los trámites en materia urbanística y para todo tipo de construcciones”.

Crespo señala también que la Junta ya aprobó en un sentido “similar” una medida de hace un año con la aplicación del silencio administrativo positivo en materia urbanística. “Esto es la vuelta al 'pelotazo' y a que la constrccion sea el motor del empleo en Andalucía cuando eso precisamente fue lo que nos llevó a la crisis de 2008, de la que todavía no hemos salido”.

“Un 'todo vale' a partir del Covid-19”

Para Luis Berraquero, coordinador de Movilizaciones de Greenpeace en Andalucía, opina que la medida también tiene su derivada ecologista ya que “se está flexibilizando la normativa para que municipios que no tienen planes de ordenación urbana aprobados puedan desarrollar construcciones”. “Eso nos preocupa y, sobre todo, porque se está generando un 'todo vale' a partir del Covid-19, como ya ocurrió con la anterior crisis económica, y es más de lo mismo que con el 'decretazo'”.

Berraquero reconoce el impacto socioeconómico de la pandemia en Andalucía “pero parece que estamos queriendo salir de la crisis invirtiendo en sectores que sabemos que son vulnerables, y eso se está viendo claramente con el tema del turismo o el ladrillo. Se está aprovechando todo esto para generar nuevas ventanas de oportunidades de inversión en el ladrillo”.

Para el representante ecologista, las competencias de suelo son de las comunidades autónomas pero hasta qué punto el Ministerio de Transición Ecológica deberia estar velando por que este tipo de flexibilizaciones no atenten contra espacios naturales protegidos, por ejemplo, para que haya una especie de salvaguarda del territorio, porque parece que la Junta o no la está queriendo hacer o va a tener una mirada muy laxa sobre este tipo de custodia, en la línea del 'decretazo', con la excusa de dinamizar o acortar plazos“.

“Obviamente, las organizaciones ecologistas no queremos que no se desarrolle la economía pero no podemos poner los huevos en la misma cesta que sabemos que nos ha llevado a una crisis y que ha terminado alicatando la costa andaluza de arriba a abajo”, concluye Berraquero.