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ARAGÓN

Codesport quebró porque sí: el juez declara fortuita la insolvencia del emporio de Agapito Iglesias

El constructor soriano, paradigma del ascenso y caída de los señores del ladrillo con la burbuja, salva otro escollo judicial 

El empresario mantiene la propiedad de la empresa a través de la que tanto él como Soláns controlaron el Real Zaragoza

Plaza: ¿proyecto fallido tapadera?

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En mayo de 2006, Agapito Iglesias compró el Real Zaragoza

En mayo de 2006, Agapito Iglesias compró el Real Zaragoza Campeones 2008 (commons.wikimedia.org) / Zaragoza

La quiebra de Codesport, el emporio del constructor Agapito Iglesias, paradigma del auge y declive de los señores del ladrillo en la comunidad en la última década, ha sido declarada fortuita, con lo que el empresario soriano queda exonerado de cualquier eventual responsabilidad en la insolvencia del grupo, cuya liquidación ordenó el juez en mayo, 14 meses después de entrar en concurso, con una deuda ordinaria de 47,98 millones.

El auto despeja un poco más el tenebroso horizonte judicial al que se enfrenta el empresario,  absuelto por el Supremo en el caso de los pagarés de la empresa pública Plaza, por el que la Audiencia de Zaragoza le había condenado a cuatro años de prisión; con la sentencia que le condenaba a devolver 12 millones de euros al Gobierno de Aragón revocada, aunque pendiente de revisión por el Supremo, con sobreseimiento en el caso del presunto soborno al Levante por el Real Zaragoza cuando él era accionista mayoritario y presidente y con una acusación en el  caso saqueo de Plaza que se diluirá si el tribunal aprecia la prescripción de la presunta falsificación en la que se basan los cargos. Sus principales nubarrones son ahora la  causa por fraude fiscal contra la sociedad anónima deportiva por el finiquito del jugador Peter Luccin y el asunto de los saneamientos en un polígono industrial, por el que espera sentencia.

El magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza, Juan Pablo Rincón, ha archivado la llamada ‘pieza sexta’ del concurso, dedicada a determinar posibles responsabilidades en la insolvencia de una empresa, tras coincidir la administración concursal y la Fiscalía en considerarla “fortuita”.

La insolvencia de Codesport “trae causa de la caída del mercado inmobliario (específicamente el de naves industriales), la pérdida de valor de los activos inmobiliarios de la concursada y la pérdida de valor de las inversiones de la concursada en empresas del grupo y asociadas”, señala el ministerio público, que asume el criterio de los administradores.

“Apenas son recuperables 1,5 millones” de 48

El informe de la empresa Asesores Concursales Integrales, designada como administradora de Codesport, señala cómo las inversiones inmobiliarias del grupo se depreciaron un 44 % y las existencias, un 58 %, a lo que se añade el hecho de que “desde el 2012 no ha desarrollado, prácticamente, ningún tipo de actividad y ha mantenido un coste de estructura sobredimensionado”, de entre 1,56 y 1,83 millones anuales.

“También ha contribuido a incrementar esa carga estructural la gran cantidad de procedimientos que soporta”, añade, así como el hecho de que “no son recuperables en su mayoría” los préstamos a empresas del grupo y a otras asociadas, que suman 40,5 millones; el grueso, casi tres cuartas partes de ellos (28,8), a favor de empresas quebradas o en concurso como Codesport Euskadi, Praleya o Zaragoza Plaza Center. “De estas cantidades (…) apenas son recuperables 1,5 millones”, indican.

Esas  inversiones y préstamos perdidos equivalen al 85 % del agujero de 47,98 millones de euros, casi 8.000 millones de las antiguas pesetas, que el Grupo Codesport sumaba cuando el juez ordenó su liquidación.

Sin embargo, los administradores concluyen que “no se desprenden indicios de culpabilidad en relación con el cumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso” de Codesport y que sus responsables no han “impedido conocer la verdadera situación de la empresa” durante su tramitación, por lo que descartan que se tratara de una insolvencia culpable.

La empresa que controlaba el Real Zaragoza

Los informes y resoluciones del concurso narran cómo en los últimos meses Codesport ha ido liquidando siete de las UTE (Unión Temporal de Empresas) con las que participaba en otras tantas obras finalizadas o cerca de su terminación, mientras mantiene vivas otras tres (Walqa, con Inabensa, y Burbáguena y Variante Ejea con Sumelzo), y ha disuelto cuatro sociedades de las que era propietario o socio: Óptima Estudio de Arquitectura, Escaleno 2000, Multiinversiones 2010 y Grupo Diamante 2006.

Ese capítulo de los informes revela cómo Agapito Iglesias sigue siendo el dueño de Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa a través de la cual primero la familia Soláns y después su grupo empresarial controlaron la mayoría accionarial del Real Zaragoza.

El traspaso se materializó mediante tres operaciones registrales efectuadas de manera consecutiva el mismo día, el 14 de diciembre, ante el mismo notario de la capital aragonesa: Grupo Codesport transmitió sus 778 participaciones de Zaragoza Sport Arena XXI a Clipasodes 2006 “por la mitad de su valor nominal” y traspasó al empresario “la única participación de la que era titular en la sociedad Agapito Iglesias García SL”, en este caso por su valor nominal, antes de que la primera entidad transfiriera, a cambio de su valor nominal, “la única participación de la que era titular” en la segunda.

El peso en la SAD

Es decir, que Codesport traspasó su propiedad de Zaragoza Sport Arena XXI a Clipasodes, y la de esta al constructor, con lo que este mantiene el control sobre la sociedad y esta se aleja del perímetro económicamente ruinoso del grupo inmobiliario.

Según los administradores concursales, Zaragoza Sport Arena XXI, que carece de fondos propios, fue destinataria de una inversión de 5.120.601,50 euros por parte de Grupo Codesport.

Esa sociedad cedió hace tres años a la Fundación Zaragoza 2032 “los derechos políticos inherentes” a su 90,23 % de las acciones de la sociedad anónima deportiva, cuyo peso accionarial quedó reducido a menos de la mitad del capital social tras la ampliación en la que la nueva entidad gestora asumió íntegramente los 2,4 millones de euros que se sumaban a los dos iniciales.

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