El Gobierno de Aragón lleva siete campañas sin aplicar la deducción del IRPF por usar transporte público

Los usuarios aragoneses del transporte público llevan siete campañas del IRPF sin poder beneficiarse de las deducciones fiscales por el uso de esos sistemas de movilidad que las Cortes de Aragón incluyeron en la reforma fiscal de 2016, y que desde entonces forma parte de la legislación tributaria del país pero que nunca ha llegado a ser desarrollada.

La reforma fiscal incluía sobre el papel incluía beneficios fiscales para los usuarios del transporte público y para quienes invirtieran en entidades de economía social como cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, de hasta cincuenta euros por contribuyente en el primer caso y de hasta 4.000 en el segundo.

Sin embargo, la propia redacción del artículo incluía una ‘cláusula de salvaguarda’ que dificultaba de entrada la aplicación de la primera de esas deducciones, que iban a aplicarse sobre la cuota íntegra autonómica, es decir, sobre la cantidad final a pagar a la comunidad en la declaración del IRPF.

“Una vez entre en vigor el reglamento”

Así, la reforma fiscal contemplaba “una deducción por el importe de dichos gastos, con el límite de 50 euros” para “los contribuyentes que incurran en gastos para adquirir abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, incluidas las cuotas para el uso de sistemas públicos de alquiler de bicicletas”.

Sin embargo, a renglón seguido añadía un matiz de calado; tanto, que su falta de desarrollo ha impedido que haya podido comenzar a aplicarse: “esta deducción se podrá aplicar una vez entre en vigor el reglamento que establezca las condiciones de su acceso, control y comprobación”, señalaba la norma.

Ese reglamento nunca llegó a ver la luz, con lo que la deducción nunca ha podido llegar a ser aplicada. 

En el caso de las aportaciones a la economía social, medida cuyo planteamiento provocó un encontronazo con el Ministerio de Hacienda que por aquella época dirigía Cristóbal Montoro, la deducción estaba supeditada al cumplimiento de requisitos como tratarse de entidades con empleo, pero no se postergaba su desarrollo a la existencia de nuevas normas.

Más de cien millones al año en trenes y autobuses

“Se intentó desarrollar, pero al final se demostró que era muy complicado tanto su implementación como el control de la medida”, admiten en la Consejería de Hacienda, que en aquella época estaba dirigida por Fernando Gimeno.

La propuesta partió de Chunta Aragonesista (Cha), que unos meses antes había entrado a formar parte como socio minoritario del primer Gobierno de Javier Lambán, aunque finalmente ni los aragonesistas ni las otras dos formaciones que apoyaron la reforma fiscal, Podemos e IU, han intentado actualizar la medida, planteada como un incentivo para el uso del transporte público y, paralelamente, de reducir el empleo del vehículo privado, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.

“No había ningún desacuerdo en la propuesta, pero surgieron imposibilidades a la hora de aplicarla”, indican fuentes de Hacienda, que anotan que posteriormente no hubo iniciativas similares.

Tampoco existen estimaciones acerca el número de eventuales beneficiarios de la medida, aunque la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en una horquilla de 111 a 125 millones de euros el gasto de los hogares aragoneses en transporte público entre 2015, el primer ejercicio en cuya declaración del IRPF podría haberse aplicado, y 2019, el año previo a la pandemia.

Esa misma fuente estima entre 80 y 127 euros el gasto medio anual de los aragoneses en billetes y abonos de tren y entre 100 y 126 el de autobús por carretera. El Bizi zaragozano superaba los 18.000 usuarios en 2019, lo que suponía el pago de 650.000 euros en abonos.