La reforma fiscal alivia las arcas públicas aragonesas con más de 400 millones en dos crisis

La reforma fiscal que en 2016 sacó adelante el Gobierno PSOE-Cha de Javier Lambán y José Luis Soro con el apoyo del Podemos de Pablo Echenique y la IU de Patricia Luquin ha permitido aliviar con algo más de 400 millones de euros las arcas públicas en sus seis años de vigencia, en los que, además de con dos crisis, el final de la iniciada con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el comienzo de la asociada a la pandemia del coronavirus, se han dado, paradójicamente, los cinco ejercicios de mayor actividad en términos macroeconómicos de los tejidos productivo y comercial aragonés.

A falta de comprobar si se confirman previsiones como las de BBVA Research, que pronostican para el cierre de 2021 una tasa de crecimiento del 4,7% que situaría el PIB de Aragón en el lindero de unos 37.000 millones que solo se han llegado a rebasar en 2019 (38.084), tanto el resultado de esos dos años como los dos previos, y también el primero de la pandemia, son, junto con el de 2008, los únicos en los que el volumen de negocio del territorio se ha situado por encima de los 35.000 millones.

Ese ritmo de crecimiento sería, por otro lado, la mayor marca del siglo, aunque resulta obvio que en ese registro de 2021 habrá una fuerte componente de ‘efecto base’, es decir, de mejora más relativa que efectiva por calcularse sobre la referencia del cierre de 2020, cuando como consecuencia de la pandemia se produjo un histórico retroceso de ocho puntos y medio.

Las cifras son halagüeñas, aunque la actividad económica conjunta de Aragón seguirá, de confirmarse esas previsiones que probablemente haya que revisar a la baja por la conjunción de los efectos de ómicron, la inflación, la crisis de suministros y el encarecimiento de la energía y las materias primas, algo más de cuatro puntos por debajo de la alcanzada en 2019.

Cuando los datos desmontan mantras sesgados

La coincidencia temporal de esas tres líneas de fuerza, como son la subida de impuestos, la fase de mayor actividad de la historia en términos macroeconómicos y la presencia de dos crisis, no cuestiona ningún planteamiento de las ciencias económicas, cuya aproximación sería en cualquier caso de carácter explicativo, aunque sí impugna algunos mantras de sesgo liberaloide que sostienen que aplicar impuestos frena la actividad económica: el cuestionamiento viene de los datos, no su interpretación.

En cualquier caso, esos algo más de 400 millones recaudados en seis años, según los datos del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón y a falta de contabilizar los ingresos de los dos últimos meses de 2021, supondrían apenas un 2% de los alrededor de 20.000 millones de euros que habrá crecido el PIB de Aragón en esos seis años sobre la base de 2015, cuando cerró en una cota de 32.876 millones de euros.

¿En qué consistió esa reforma fiscal? Básicamente, además de subir el IRPF a las rentas de más de 90.000 euros, elevar el Impuesto de Patrimonio a quien lo tiene de más de medio millón de euros y aplicar un recargo de 2,4 céntimos por litro de combustible en Hidrocarburos, cuya gestión se llevaría unos meses después el Gobierno central, el paquete incluía un aumento de un punto (del 7% al 8%) en el tipo de Transmisiones Patrimoniales, cuyo grueso procede de la compraventa de pisos, y, en este caso tras plantearlo Podemos, la creación de sendos tributos específicos sobre los pantanos y las líneas eléctricas.

Finalmente, durante la tramitación de la reforma y a propuesta de IU, se incluiría un gravamen sobre los depósitos bancarios que custodian las entidades financieras con sedes en Aragón.

Pagan las eléctricas, la banca y el ladrillo

Dejando al margen las aportaciones del IRPF, Patrimonio e Hidrocarburos, por la dificultad de calcularlas, la mayor inyección, superior al 40% del conjunto, procede del impuesto sobre los aprovechamientos hidroeléctricos, que ha generado ingresos por valor de 173,42 millones de euros, a mucha distancia de los 22,08 del tributo sobre las líneas de alta tensión.

En segundo lugar se sitúa el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios, que entre enero de 2016 y octubre de 2021 había generado una recaudación de 121,26 millones de euros, más del doble de lo que apuntaban los cálculos previos.

Por último, los 87,31 millones de la subida de un punto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales procede de operaciones inmobiliarias por valor de más de 87.000 millones de euros cerradas en ese sexenio en la comunidad.