Las eléctricas pagan en Aragón veinte millones cada año por explotar el territorio

Aragón es uno de los pocos territorios europeos en los que las compañías eléctricas tienen que destinar una parte de sus ingresos a compensar al país por el impacto que provocan con la explotación del territorio de la que obtienen sus ingresos. 

Las renovables, cuyo despliegue está provocando una retahíla de conflictos locales en buena parte de las zonas en las que se está ejecutando su implantación, también se verán sujetas a esos peajes en forma de impuestos conforme los parques vayan entrando en servicio.

El grueso de esas obligaciones económicas para las compañías nace con la reforma fiscal que impulsa el primer Gobierno de Javier Lambán en 2015, apoyada por Cha, su único socio entonces en el ejecutivo, y respaldada también por Podemos, que en aquellos tiempos le daba un tenso apoyo al PSOE, y por IU.

Sin embargo, los planteamientos venían de atrás, concretamente de 2005, cuando el Gobierno PSOE-Par de Marcelino Iglesias implantó el impuesto sobre las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y los óxidos de azufre procedentes de la quema de carbón para generar electricidad, un tributo que tenía como principal pagano a la central térmica de Andorra y en menor medida a las de ciclo combinado de Escatrón y Castelnou.

Veinte millones al año en impuestos ambientales

Las aportación de las compañías a las arcas autonómicas se sitúa en el entorno de los veinte millones de euros anuales, según indican los informes mensuales de ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, que cifran en 104.089.090 la recaudación efectiva entre enero de 2016, cuando entró en vigor la última reforma fiscal, y agosto de este año.

En ese periodo, la recaudación anual ha oscilado entre los 17,15 millones de euros del año pasado y los 21,1 de 2018, a falta de cerrar los cobros correspondientes al presente ejercicio.

La principal aportación procede del Impuesto sobre los Aprovechamientos Hidroeléctricos, que ha aportado entre 14,9 y 17,6 millones de euros en las cinco primeras anualidades concretas en las que se ha aplicado.

Le sigue el que grava la propiedad y el uso de líneas de alta tensión, cuyos registros se han movido entre los 1,4 y los 2,2 millones de euros, con Red Eléctrica de España como uno de los principales contribuyentes.

Y cierra el capítulo el que afecta a las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero, en el que las liquidaciones finales han ido de los 2,12 millones de 2016 a las devoluciones por valor de 1,58 del año pasado.

Gravar las heridas en el territorio y en el paisaje

El cierre de la central térmica de carbón que Endesa explotaba en Andorra a finales de junio del año pasado conllevará una importante merma de la recaudación por este concepto, a lo que se suma la progresiva reducción de la actividad en las de ciclo combinado que queman gasóleo con la progresiva descarbonización de la producción energética.

La legalidad de este tributo fue avalada por el Tribunal Supremo, que, tal y como antes había hecho el Superior de Justicia de Aragón, rechazó los recursos de Endesa contra las liquidaciones que le giraba el Gobierno autonómico y dictaminó que este estaba totalmente legitimado para imponer gravámenes económicos a las actividades que generan daños en el medio ambiente. 

Una década después, y a partir de esa misma base jurídica, la comunidad ponía en marcha un impuesto sobre los embalses de capacidad superior a los veinte hectómetros cúbicos o cuyas presas superen los quince metros de altura como compensación por “el daño medioambiental causado por la alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos” para embalsar agua con la que generar hidroelectricidad.

El de las líneas de alta tensión grava desde enero de 2016 las “afecciones e impactos ambientales y visuales en el entorno natural” que causan esas instalaciones “incluso cuando los elementos se encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento”.