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El olvido está lleno de memoria democrática

Cartel de una calle en Sevilla donde se muestra un cambio de nombre de calle, aclarando que el antiguo nombre se ha eliminado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

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Estos días ha estado en el centro de la polémica mediática el estreno en la plataforma HBO de “Patria”, la adaptación televisiva de la aclamada novela de Fernando Aramburu. La campaña de promoción lanzada por la cadena norteamericana de streaming desencadenó una fuerte controversia en España que, sin duda, ha ayudado a que la serie sea ya un fenómeno popular a la altura del libro.

En uno de los teaser de promoción se mostraba la imagen del Txato en brazos de Bittori, su desconsolada mujer, instantes después de ser asesinado por un pistolero de ETA. Enfrentada aparecía la imagen de un terrorista desnudo y en posición fetal rodeado por sus despreocupados torturadores. Políticos, periodistas y ciudadanos denunciaron la equidistancia de una imagen que situaba al mismo nivel de sufrimiento al ciudadano vasco asesinado por ETA y al etarra torturado. Se blanqueaba la acción criminal del terrorista al equiparar su dolor al de sus víctimas. Es decir, para HBO había víctimas a ambos lados. El propio Aramburu afirmó que el cartel era un desacierto: “pierde de vista el dolor de las víctimas”.

Pocos días después, abrumada por el alcance de la polémica, HBO rectificó, retiró el controvertido cartel y recuperó el original en el que sólo aparecía Bittori junto a su marido acribillado por las balas etarras. Además, para que no quedara espacio para interpretaciones, se incorporó al tráiler un texto contextualizador: “Más de 800 asesinados, miles de heridos y 52 años de terror”.

Desde que ETA anunciara el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada las victimas han venido denunciando la existencia en Euskadi de una batalla por imponer un relato que exonere de responsabilidades a los terroristas. Ocurre en las calles, en algunos medios de comunicación, en el revisionismo de políticos e historiadores y en los homenajes que reciben los etarras en sus pueblos tras abandonar la cárcel. En ese relato se pone de manifiesto la existencia de una guerra y, por lo tanto, de dos bandos que actuaron durante medio siglo según los códigos de un conflicto bélico.

Es un relato maniqueo, injusto y sesgado, que no corresponde con la dramática experiencia sufrida por las sociedades vasca y española, ni hace justicia a la memoria de quienes perdieron la vida a manos de los terroristas. Una coartada que no sostiene la historia. Aunque en ningún caso debería minimizarse la distorsión causada por la guerra sucia que ejerció el estado durante varias etapas de esa larga tragedia. Una aportación criminal que probablemente rearmó y alimentó durante más tiempo la chatarra ideológica que cargaba las pistolas de los etarras.

Los principales partidos integrados en el denominado “bloque constitucionalista”, y la mayoría de ciudadanos españoles, coinciden en el relato sobre el terrorismo y, salvo matices, defienden un mismo punto de vista sobre lo ocurrido durante este doloroso periodo de la historia del país. Se defiende incluso la necesidad de que los libros de texto expliquen claramente a las nuevas generaciones que nacieron o crecieron sin conocer el terrorismo etarra, qué fue, qué significó y quienes lo apoyaron. Hay un dato que se ha recordado con frecuencia en los últimos meses: el 47% de los universitarios vascos de primer curso desconoce quién fue Miguel Ángel Blanco, según un estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe.

Si resulta tan necesaria esta tarea pedagógica para defender la memoria de los asesinados en contraposición con los terroristas que pusieron en riesgo durante décadas la democracia española, ¿por qué no se defiende con el mismo ahínco la necesidad de una ley de memoria histórica o democrática que explique quién promovió en 1936 un golpe de estado contra el gobierno legítimo, qué fue la dictadura franquista y quiénes fueron las victimas de su brutal represión?

Tras la presentación del “Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática” por parte del gobierno de coalición PSOE-UP, muchos han expresado su rechazo recurriendo al pertinaz argumentario: reabre viejas heridas, es revanchista, impone una mirada sesgada sobre la historia reciente de España u olvida que ambos bandos cometieron excesos. Este último adagio es el empeño clásico de las derechas españolas por hacer una equivalencia entre el gobierno de la República y los sublevados y, sobre todo, por disimular la devastación de los cuarenta años de dictadura. Al cuestionar la misma naturaleza antidemocrática del franquismo se cultiva el cinismo de un relato hecho a medida del consumidor. Exactamente lo mismo que se denuncia estos días en Euskadi.

La letra del anteproyecto es cuestionable en algunos de sus puntos y debe ser ajustada en su tramitación, pero nunca será, pese a ello, un texto de consenso. No puede serlo. La democracia española debería aspirar a que todos sus partidos políticos fueran capaces de compartir un mismo relato sobre la historia reciente del país. La consecuencia de ese consenso sería una ley pactada que no fuera rechazada o cuestionada por partidista o ideológica. Evidenciaría también una madurez democrática surgida de la experiencia y del tiempo. Para ello sería fundamental que la derecha española se desprendiera definitivamente de su pasado franquista y no titubeara a la hora de llamar dictadura a lo que no fue otra cosa. Y que no se arrojaran siniestros matices sobre la existencia de una España derrotada que vivió oprimida durante cuarenta años.

Muchos pensaron que, como ocurrió en largo proceso de desnazificación en Alemania, sería necesario que desapareciera la “generación culpable” para poder afrontar el pasado sin traumas y con perspectiva. Y que la Transición, un artefacto político útil para una coyuntura histórica, sería revisada y actualizada por los hijos de quienes la pactaron para que respondiera a las necesidades de la sociedad actual. No solo no ha ocurrido sino que las nuevas generaciones se han situado en posiciones más extremas e intransigentes.

Hay quienes consideran que la “Ley de Memoria Democrática” es una enmienda a la totalidad de la Transición, como si ésta fuera un presente continuo que determina la vida de los ciudadanos pero no requiere de ajustes; son ellos los que deben adaptarse. El historiador Raimundo Cuesta sostiene que la Transición se habría erigido en una suerte de “categoría metahistórica, en una entidad que se explica, con mayúscula, por sí misma”. Y en ese contexto, la izquierda es generosa y democrática si pacta y cede, como hizo en el 77, pero intransigente y sectaria si reclama cambios. Y de este modo lo que se definió como un tránsito (como su propia palabra explica) entre regímenes se ha convertido con el paso de los años en la hora fundacional de una nación con toda su parafernalia de mitos y leyendas.

El anteproyecto de ley detalla algunos apartados: auditoría del expolio, reparación del trabajo forzado, nulidad de las resoluciones de los tribunales franquistas, localización y exhumación de fosas, fiscalía para la investigación de ciertos hechos producidos entre 1936 y 1978, banco de ADN, censo de víctimas, retirada de honores, extinción de las fundaciones pro franquistas, introducción de la memoria democrática en la ESO y acceso a los archivos. Es difícil no encontrar justicia democrática en estos propósitos, más allá de posiciones ideológicas.

Como señalaba recientemente Emilio Silva, presidente de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en un momento en que Europa, incluida España, está viendo cómo sus parlamentos se llenan de diputados y diputadas de extrema derecha, “no podemos cometer el error de perder de vista la memoria de la antidemocracia. Entendiendo quiénes eran los fascistas, qué hicieron, para qué lo hicieron, quiénes colaboraron con ellos, qué papel tuvo la jerarquía de la Iglesia católica en el golpe de Estado y en el franquismo…”.

El historiador Francisco Espinosa recordaba en CTXT que Fritz Bauer, fiscal general del estado federal de Hess, inició su lucha contra la impunidad de los antiguos dirigentes nazis cuando entendió que el único punto de partida válido para la RFA exigía “erradicar las raíces del nacionalsocialismo, que pasaba obligatoriamente por una confrontación honesta con el pasado. Lo primero que consiguió, en 1952, fue establecer jurídicamente que el Tercer Reich había sido un “Estado de no derecho”, legitimando así los levantamientos y atentados contra el régimen y el Führer”.

La “Ley de memoria democrática” no puede ser despachada por la derecha como otra batalla cultural de la izquierda revanchista sino como un ejercicio necesario de educación en democracia; en especial en un país con tan corta tradición democrática. Del mismo modo que es justo honrar la memoria de las víctimas de ETA, es necesario recordar a quienes sufrieron la represión de la dictadura. Porque se corre el riesgo, como denunciaba Eduardo Maura, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, de aceptar con naturalidad que “ser demócrata es estar en contra de ETA” y olvidar que ser demócrata significa también “ser antifranquista y antifascista”.

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29 de septiembre de 2020 - 23:04 h

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