Las cuentas pendientes de Pedro Sánchez con Huesca: carreteras y ferrocarril para el Alto Aragón despoblado

La provincia de Huesca permanece atenta, tras la formación del nuevo equipo de gobierno de Pedro Sánchez, a la configuración de los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020. Hace un año se presentaron unas cuentas que, tras no salir adelante, abocaron a una nueva fase electoral. Eran de algo más de 209 millones de euros para el Alto Aragón y fuentes de la dirección socialista en la provincia confían en que “se supere esta vez la situación de bloqueo” y se vuelva a emprender una serie de proyectos que afectan sobre todo a infraestructuras y obras hidráulicas.

Las ‘cuentas pendientes’ del Gobierno con Huesca deberán resolver cuestiones que afectan a carreteras largamente demandadas o al proyecto de reapertura del Canfranc. En el primer caso, unos días antes de las elecciones del 10N se pusieron en marcha las obras de acondicionamiento de la N-260 entre el Congosto del Ventamillo y Campo. Cuentan con un presupuesto de 35,66 millones de euros y se trata de una reivindicación extendida en el tiempo por habitantes y empresarios de la zona. El plazo de ejecución es de 38 meses, por lo que debería concluirse a finales de 2022 o principios de 2023.

En 2019, los PGE contenían una partida de un millón euros para acometer este proyecto frente a los ocho que aparecían en 2018 en unas cuentas que se han prorrogado por segundo año consecutivo tras ser pergeñados por el ministro de Hacienda Montoro. En todo caso, el pasado año se avanzó en algunas infraestructuras a la espera de que se terminen de rubricar con el decidido empuje del Gobierno central.

Tras 13 años de obras, el tramo de la autovía A-23 entre Huesca y Jaca está a la espera de que se ejecute el tramo entre Lanave y Sabiñánigo, así como las variantes de esta localidad y de Jaca. Los puentes festivos registran registran retenciones con los cientos de vehículos que tratan de acceder al Pirineo aragonés por esta vía. En ese sentido, Fomento ya ha adjudicado el contrato de obras de la variante de Sabiñánigo de la A-23 en el tramo Este-Oeste por un importe de casi 71 millones. El plazo de ejecución es de 40 meses.

Los PGE de 2019 también miraban al tramo de la autovía A-21, la Huesca-Jaca-Pamplona, entre Sigüés y Jaca. En diciembre se abrió a la circulación el tramo Santa Cilia-Puente la Reina de Jaca, de seis kilómetros, y son ya 30 los que ha alcanzado esta infraestructura en Aragón frente a los 45 de Navarra, terminados desde el año 2012. Habrá que esperar hasta mediados de 2021 para que se pongan en marcha los 8,6 kilómetros entre Sigüés y Tiermas de la A-21 y los 13 entre Huesca y Siétamo de la A-22. Y aún se han de licitar más de 30 kilómetros en otros tramos pendientes de su finalización.

Las cuentas de 2019 se detuvieron en el Canfranc, en cuya reapertura y plazos puede jugar un papel clave el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los PGE nonatos de 2019 avanzaron una inversión de 16,4 millones de euros; 5,6 millones, para la línea Huesca-Canfranc y 4,8 millones, para la renovación de la superestructura ferroviaria. El impulso de los gobiernos español y francés es esencial para su financiación, una vez asegurado el respaldo de Europa y mientras se ultiman los estudios previos que den forma a la reapertura. El objetivo es asegurar una línea interoperativa entre España y Francia que favorezca usos turísticos y de transporte de mercancías. En el horizonte, la fecha de 2025.

En política hidráulica, el judicializado embalse de Biscarrués no parece figurar entre las prioridades de Sánchez. CHA, socio de gobierno de Javier Lambán en el cuatripartito aragonés, ya se ha posicionado en los últimos días; pide que “por decencia” se desestime definitivamente el proyecto.

Se cumplen seis años de la apertura por parte de Europa de un proceso de infracción contra España por este embalse; un procedimiento que se mantiene abierto a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, presentado después de que la Audiencia Nacional anulara, en julio de 2017, el anteproyecto y la Declaración de Impacto Ambiental del embalse de Biscarrués. La lucha contra la despoblación, a nivel nacional, también centrará la atención en la provincia de Huesca.