Aragón reducirá las prácticas de las profesoras embarazadas para que no renuncien a su baja de maternidad

Teresa Piedrafita obtuvo su plaza como profesora de Educación Física en las pasadas oposiciones

Aragón se suma a las comunidades autónomas que han decidido acabar con la discriminación que sufren hasta ahora las profesoras funcionarias, cuyo embarazo o baja de maternidad coincide con las prácticas que deben realizar tras sacar una plaza en las oposiciones.

Uno de los contratos de investigación con más prestigio lleva a las científicas a renunciar al permiso de lactancia

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La dirección general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón emitirá próximamente una resolución para que este periodo de prácticas se reduzca de seis a tres meses para estos casos excepcionales, según han indicado a este diario fuentes del Ejecutivo autonómico. La resolución se aplicará ya en este curso 2018-2019 y afectará a aquellas profesoras funcionarias que se vean en esta situación, tras aprobar una plaza en las últimas oposiciones celebradas en julio.

Este el caso de Teresa Piedrafita. Ella consiguió una plaza de profesora de Educación Física. Ahora está embarazada de su segunda hija. Si disfruta de la baja de maternidad (16 semanas) más el permiso de lactancia (15 días) no dispondrá de seis meses para cursar el periodo de prácticas necesario para ser nombrada funcionaria de carrera, como marca la orden publicada el 31 de agosto que regula las prácticas para los profesores.

Esto supone un “agravio comparativo” respecto al resto de aspirantes, indica, ya que, si no las realiza durante este curso, se coloca automáticamente detrás de sus compañeros de oposición a la hora de elegir centro.

“Mis compañeros de oposición van a tener más puntos que yo para elegir centro”

“Mis compañeros de oposición van a tener más puntos que yo para elegir plaza definitiva. Yo, en cambio, descenderé en la lista del puesto 39 al 46 por no haber podido hacer las prácticas por el hecho de dar a luz en este curso”, afirma. Explica que la alternativa que le ofrecieron en el Servicio Provincial de Educación era ceder la baja de maternidad a su marido e incorporarse en diciembre, algo a lo que no está dispuesta.

Casi sin haber pasado la cuarentena, comenta, “es mi segunda hija, y ya no voy a tener más, quiero disfrutarla en los primeros meses de vida y, sobre todo, poder alimentarla con lactancia a demanda”. Y añade, antes de conocer la decisión del Gobierno de Aragón: “Estoy dispuesta a perder mi mes de vacaciones y a incorporarme antes, pero no a renunciar a la baja de maternidad”.

Además, al retrasarse la adjudicación de la plaza definitiva, Piedrafita perdería también un año de antigüedad respecto al resto, lo que pospondría también el cobro de trienios. Ahora la única forma de evitarlo es renunciar a su periodo de baja de maternidad o lactancia. Sin embargo, esto no ocurre en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cantabria, donde han puesto en marcha medidas para evitar ese trato discriminatorio.

En cambio, en Aragón, las docentes que se encuentren en esta situación solo tenían dos posibilidades: renunciar a los distintos permisos que les corresponden limitando su baja y su periodo de recuperación, o no hacer las prácticas y posponerlas al curso siguiente.

La nueva resolución se aplicará a las profesoras en prácticas de este curso

Ahora, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que corregirán esta situación y emitirán en los próximos días una resolución para reducir el periodo de prácticas de seis a tres meses, que se podrá aplicar ya en el caso de las profesoras en prácticas que aprobaron su plaza en las últimas oposiciones.

En la misma situación que Teresa Piedrafita se encuentra otra profesora de Biología de un instituto de Zaragoza. Ella sacó su plaza en las oposiciones del pasado mes de junio, estando ya embarazada, y ahora en septiembre ha empezado a hacer las prácticas. Quiere terminarlas este curso porque, en el caso contrario, perdería el puesto que consiguió en las oposiciones. Pero para poder hacerlas se ve obligada a renunciar a los últimos días de baja de maternidad y a la lactancia. Su intención era trabajar hasta el día de antes de dar a luz, para poder hacer tres meses de prácticas (desde septiembre a diciembre), e incorporarse después para poder cursar los otros tres meses restantes.

“Mi agobio es que no me pase nada de aquí a diciembre para que no me tenga que coger ninguna baja antes y me dé tiempo”, explica. Y añade: “Me dicen que las puedo hacer al año que viene y que no pasa nada, pero sí que pasa, perdería mi puesto por el que he luchado tanto y podría tocarme un destino más lejano, y eso con un niño pequeño es complicado”, sostiene.

Desde el Sindicato De Trabajadores De La Enseñanza De Aragón (STEA-i), que ha recogido las reivindicaciones de estas mujeres, afirman que no son casos puntuales. Al contrario, apuntan, son bastante frecuentes dado que es un sector altamente feminizado. “Además, los años de preparación de oposiciones coinciden con la edad reproductiva de las mujeres, por lo que nos encontramos con bastantes casos, y nos encontraremos con más en las siguientes oposiciones a maestro”.

Miembros de este sindicato se reunieron con el director general de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, para abordar este asunto y plantearles una solución, como la que se ha adoptado en otras CCAA. Para Marta Lisbona, de STEA-i, “la solución pasa por reducir el periodo de prácticas a tres meses de duración de forma excepcional en estos casos, que es lo mínimo establecido por la ley”. 

“Con esta medida estaríamos facilitando que las funcionarías en prácticas pudiesen ser nombradas funcionarias de carrera al mismo tiempo que el resto, y puedan disfrutar de su permiso de maternidad y en la mayoría de casos del permiso de lactancia acumulada, evitando un trato discriminatorio  por el hecho de ser madre”, sostiene.

Desde el sindicato recuerdan que la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón deja claro en su articulado que esta situación supone una “discriminación” por razón de género a las mujeres por su embarazo o maternidad.

De hecho, esta normativa insta a eliminar los obstáculos que impliquen cualquier discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva y a promover medidas para la conciliación en “el embarazo, la maternidad y paternidad, aplicando las condiciones que eviten los efectos negativos que puedan tener en los derechos de su persona”. Por ello, valoran que el Gobierno de Aragón haya atendido sus reivindicaciones y se solucione así lo que consideran que hasta ahora ha sido una “auténtica discriminación”.

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