La economía social se reivindica ante el 8F y reclama a los partidos aragoneses más apoyo frente a los macroproyectos

En un contexto electoral tras meses de anuncios sobre centros de datos y macroinversiones en Aragón, la economía social ha convocado a los principales partidos políticos para recordarles su existencia: la de un modelo productivo que no se deslocaliza. Con cerca de 23.000 empleos directos y un peso próximo al 10% del PIB regional, CEPES Aragón ha puesto sobre la mesa siete exigencias clave para la próxima legislatura y ha sometido a las formaciones a un “examen” sobre su compromiso real con una economía que sitúa a las personas por encima del capital.

Entre las principales demandas, la patronal de la economía social ha reclamado reforzar el Plan Aragonés de Impulso al sector y extenderlo con planes provinciales y locales; situar este modelo en el centro de la agenda legislativa; convertirlo en aliado estratégico frente al reto demográfico; apostar por el emprendimiento colectivo, especialmente en sectores emergentes y tecnológicos; impulsar su papel en las transiciones digital y verde; aplicar de forma efectiva la contratación pública responsable y garantizar la representación del sector en órganos como el Consejo Económico y Social de Aragón.

Durante el encuentro, al que han acudido PP, PSOE, CHA, Aragón Existe, IU-Movimiento Sumar y PAR, todas ellas han coincidido en reconocer el peso económico y social del sector, aunque con distintos énfasis. Las ausencias de Podemos y Vox han sido comentadas, en especial la de este último por su previsible peso en el futuro parlamento aragonés. Eva Fortea (PAR) ha calificado de “grave” que, con los resultados que pronostican las encuestas, no hubiera ningún representante, mientras que Fernando Ledesma (PP) ha apelado al voto “estratégico” para “poder gobernar sin rémoras de gente que odia los ODS o la Agenda 2030”.

Propuestas concretas

Aragón Existe ha puesto el foco en la fiscalidad. Beatriz Redón y Raúl Murillo han defendido un tratamiento tributario diferenciado para las empresas de economía social, al considerar que su finalidad no es el beneficio individual. Han planteado avanzar en impuestos propios de la comunidad y reclamar cambios en el impuesto de sociedades, además de mejoras en IVA y cotizaciones sociales. “No se puede disputar una empresa de economía social exactamente igual que una privada”, han dicho, subrayando su papel en el arraigo territorial, el empleo de calidad y el relevo generacional en el medio rural.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha reivindicado como principal aval la aprobación en la pasada legislatura de la Ley de Economía Social y el Plan de Impulso, pero ha criticado que en los últimos años “no se haya exprimido toda su potencialidad”. Ha cuestionado la “parálisis” del Consejo Aragonés de Economía Social, la ausencia de convocatorias de subvenciones y la falta de continuidad presupuestaria, además de advertir de que las rebajas fiscales del PP “detraen recursos” para políticas públicas que podrían destinarse a este sector. Para los socialistas, la apuesta por la economía social debe ser “transversal a toda la acción de gobierno”.

IU-Movimiento Sumar, con Jesús García Usón como portavoz, ha destacado el crecimiento del sector hasta casi 23.000 empleos directos y su aportación a la estabilidad laboral y la cohesión social. Ha defendido la necesidad de una dirección general específica de economía social, así como una apuesta clara por la contratación pública responsable y por fórmulas como las comunidades energéticas, la vivienda colaborativa y los proyectos vinculados a la transición ecológica. También ha denunciado la reducción presupuestaria del sector desde 2021 y la desaparición de algunas líneas de apoyo estructural.

Por parte del PP, Ledesma ha defendido que la economía social es un modelo “complementario” al de la empresa de capital y ha subrayado los incentivos fiscales incluidos en su programa electoral, especialmente en el IRPF para quienes inviertan en este tipo de entidades. Ha señalado que ya se trabaja en un nuevo Plan de Impulso a partir de 2026 y en la modificación de la ley de cooperativas, además de reivindicar la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública como principal palanca para reforzar el sector.

Del PAR, Fortea ha situado la economía social como “estratégica” para el desarrollo de Aragón y especialmente del medio rural. Ha defendido la simplificación administrativa, el acompañamiento técnico a los proyectos de emprendimiento colectivo y un refuerzo de los instrumentos financieros específicos. Fortea ha subrayado además su potencial en ámbitos como los cuidados, la inclusión laboral y la fijación de población en zonas despobladas.

Desde CHA, María del Carmen Bozal ha defendido la economía social como base de un modelo productivo “arraigado al territorio” frente a macroproyectos que, a su juicio, generan poco retorno social. Ha apostado por convertirla en aliada estructural de las administraciones, reforzar su presencia en sectores como los cuidados, el turismo sostenible, la transición ecológica y la innovación, e impulsar fórmulas como la vivienda colectiva para dar respuesta tanto a la emancipación juvenil como a la soledad no deseada.

Vivienda colaborativa

Tras la exposición de cada partido, los asistentes han podido trasladar sus cuestiones y dudas a los representantes políticos. Se han planteado preguntas sobre alternativas de acceso a la vivienda y sobre el desarrollo de la ley del tercer sector. En el turno de respuestas, Aragón Existe ha defendido la vivienda colaborativa como un modelo que ya se está impulsando desde algunos ayuntamientos gobernados por su formación. Redón ha dicho que se trata de una herramienta “nueva”, que genera resistencias administrativas, pero que permite avanzar en fórmulas de acceso vinculadas a la economía social y al arraigo territorial, y ha mostrado disposición a alcanzar acuerdos con cualquier fuerza política para desarrollarla.

Desde el PP, Fernando Ledesma ha explicado que la vivienda cooperativa en cesión de uso se está incorporando en la modificación de la Ley de Cooperativas y también en la futura Ley de Vivienda, y ha animado al sector a participar en las primeras fases de elaboración normativa para influir en los textos. El popular ha defendido además las políticas del actual Ejecutivo autonómico en materia de vivienda pública de alquiler, especialmente orientada a trabajadores en zonas turísticas tensionadas, como “una línea inédita hasta ahora en Aragón”.

IU-Movimiento Sumar ha recordado que la vivienda colaborativa ya fue planteada durante la tramitación de la ley, tanto en la fase gubernamental como parlamentaria, aunque algunas enmiendas no prosperaron. García Usón ha dicho que este modelo forma parte de su programa electoral y lo ha vinculado a una concepción más amplia de la economía social como herramienta para afrontar problemas estructurales, más allá del crecimiento del PIB.

Por parte del PSOE, Óscar Galeano ha defendido que “ninguna fórmula sobra” ante un problema de vivienda que ha calificado de estructural y de difícil resolución a corto plazo, y ha reclamado una mayor inversión pública y coordinación entre administraciones. Además, ha vuelto sobre la contratación pública responsable, señalando que Aragón cuenta con un marco jurídico suficiente, pero que falta desarrollo efectivo, presupuesto y formación técnica en las administraciones para aplicar cláusulas sociales de manera sistemática.

Las intervenciones han cerrado el debate con un consenso amplio sobre la necesidad de explorar vías alternativas de acceso a la vivienda y de reforzar el papel de la economía social en las políticas públicas, aunque con distintos énfasis en el ritmo, los instrumentos y el papel de cada administración en su despliegue.