El Gobierno de Aragón ejercerá acciones contra el Ayuntamiento de Zaragoza por no informar sobre varios expedientes

El Consejo de Gobierno ha dado autorización este miércoles a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ejecutivo aragonés a que ejerza las acciones necesarias para que el Ayuntamiento de Zaragoza cumpla con su deber de remisión de información al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en concreto a la Dirección General de Administración Local, respecto a ocho expedientes que incluyen contratos de servicios, obras, suministros y una subvención.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha querido dejar claro “que esto no tiene nada que ver ni con luchas partidistas, ni con procesos, ni con rifirrafes de ningún tipo. Se trata de un paso inevitable que debe hacer el Ejecutivo autonómico para cumplir y hacer cumplir la ley vigente”.

“El flujo de peticiones a las entidades locales para que remitan informaciones sobre contratos y subvenciones es constante y habitual y en todos los casos se termina con enviar esta información”, ha explicado Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Nos parece sorprendente, es un hecho insólito e inédito que solo el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, por motivos que desconocemos, ha decidido abstenerse de hacerlo, no hay otro ayuntamiento que no remita la información”.

Por ello, “en defensa siempre de los aragoneses el Ejecutivo se ve obligado a plantear las acciones que le permitan cumplir con su labor, como es la autorización de los servicios jurídicos para hacer cumplir al Ayuntamiento de Zaragoza con sus obligaciones”, ha apostillado.

Ocho expedientes

Son ocho los expedientes que debería haber remitido el Consistorio zaragozano a la Dirección General de Administración Local y “no lo ha hecho”. Los requerimientos “ni cuestionan, ni prejuzgan de forma alguna la corrección o incorrección, simplemente aspira a que cumpla su deber de remitir la información”, ha destacado la consejera.

La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón ostenta la competencia para la tutela económico-financiera de las entidades locales y está en la obligación de supervisar la actuación de las entidades en este sentido. Las peticiones de remisión de información desde Administración Local son habituales, al igual que su cumplimiento.

La primera de estas autorizaciones surge de la publicación el 14 de julio de 2022 del informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la contratación del Consistorio zaragozano en el ejercicio 2020. En ese documento, la Dirección General de Administración Local tuvo noticia de actuaciones del Consistorio zaragozano que se remontaban en algunos casos a agosto de 2017.

En concreto, cuatro resoluciones con 'órdenes de continuidad', por las que se prorrogaba la duración de contratos cuyo plazo de ejecución había finalizado, y de las que la Dirección General no tenía constancia, según ha informado el Gobierno de Aragón. Se trata del contrato de 'Control y calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y actividades de conservación de los equipamientos municipales'; el contrato de 'Servicios de aceleración tecnológica del CIEM Zaragoza'; el contrato de 'Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (sector I)', y el contrato de 'Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (sector II).

Administración Local pidió en el mes de septiembre al Ayuntamiento de Zaragoza que remitiera una copia de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía o por sus órganos delegados. Ante la falta de respuesta, se recordó al Ayuntamiento su deber de remitir esta información. A esta fecha, el Consistorio aún no ha remitido la información a la que está obligado por la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Administración Local de Aragón.

Mientras, otra autorización hace referencia a los tres expedientes distintos, de los que la Dirección General de Administración Local también fue consciente al publicarse el informe de fiscalización sobre los contratos del Ayuntamiento en 2020.

El primero afecta a las obras de mejora de conservación en los colegios públicos mediante declaración de emergencia por un importe de 1.062.779 euros, adoptado el 12 de julio de 2019. El segundo, a la contratación de emergencia el suministro de fundas para chalecos multiagresión para la Policía Local por un importe de 135.280 euros. Y, el tercero, a una subvención para la instalación de toldos en la Galería Comercial Delicias de la capital aragonesa. En septiembre y en noviembre se requirió la documentación al Consistorio, sin que se obtuviera respuesta.

La tercera y última autorización a los Servicios Jurídicos se refiere a una licencia de demolición de quioscos y anejos en el paseo de San Sebastián de Zaragoza, ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

La Dirección General de Administración Local requirió el pasado mes de octubre al Ayuntamiento para que remitiera una copia certificada del expediente tramitado, de forma que se pudiera comprobar la efectividad de la aplicación de la legislación autonómica en materia de urbanismo. Un requerimiento en el que se insistió en noviembre y que a fecha de hoy sigue sin estar cumplido, lo que ha llevado al Consejo de Gobierno a autorizar que la Dirección General de Servicios Jurídicos emprenda las acciones precisas para lograr que el Ayuntamiento cumpla con su deber.

Ley de Administración Local de Aragón

El artículo 145 de la Ley de Administración Local de Aragón, titulado 'Obligación de remisión de información', obliga a las entidades locales a “remitir al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en la forma y los plazos determinados reglamentariamente, una copia literal o, en su caso, un extracto adecuado y suficiente de sus actos y acuerdos”.

En su artículo segundo, indica que la DGA “podrá solicitar a los entes locales ampliación de la información que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles”.

El artículo tercero establece que la “Administración de la Comunidad Autónoma podrá, además, recabar en el ámbito de sus competencias y obtener información concreta sobre la actividad de las entidades locales, a fin de comprobar la efectividad de la aplicación de la legislación autonómica, pudiendo solicitar incluso la emisión de informes, la exhibición de expedientes y la remisión de copias certificadas de los mismos”.

En primer lugar, el Gobierno de Zaragoza quiere lamentar la extralimitación del ejecutivo autonómico en lo que tiene que ver con el acceso a determinada documentación municipal, que ha sido requerida en los últimos meses desde la DGA con una intensidad desconocida durante las últimas legislaturas. De hecho, entre los requerimientos de información masiva recibidos, se han solicitado hasta las actas de las reuniones del Gobierno de Zaragoza, algo que no está amparado en ninguna normativa ni responde a lógica alguna desde el punto de vista jurídico.

Respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que asegura que esta institución ha remitido “más de 300.000 resoluciones unipersonales correspondientes a esta legislatura y a los ejercicios de 2017 y 2018 que ya están en poder de los funcionarios autonómicos para su correspondiente revisión”. En dicho comunicado aseguran que los órganos municipales “han cumplido puntualmente con la obligación legal de trasladar al Gobierno de Aragón todos y cada uno de los acuerdo aprobados por el Pleno, por la Junta de Gobierno y por el Consejo de Gerencia sin que la institución autonómica haya mostrado disconformidad o haya requerido información extraordinaria en los plazos establecidos por el artículo 145.2 de la Ley de Administración Local”.

Por ello, el Gobierno de Zaragoza ha comunicado que procederá en las próximas horas a remitir una copia como se ha solicitado “para frenar el nuevo intento de confrontación del ejecutivo aragonés a través de los tribunales. Algunos de esos expedientes han sido incluso revisados por la Cámara de Cuentas de Aragón, que es el órgano fiscalizador que también analizó la contratación de emergencia realizada durante el COVID por el Gobierno de Aragón”.