La lucha sin tregua de una asociación de ‘moteros’ contra los abusos a menores

Cazadoras negras, gafas de sol oscuras, estética motera y un objetivo: luchar sin tregua contra el maltrato y los abusos a menores. Los miembros de la Asociación Protección Infancia contra Abusos (PICA) llevan ya nueve años trabajando de forma altruista para “ayudar a víctimas menores que sufran cualquier tipo de abuso. Lo explica, Lorenzo Pérez, Latxo, el presidente de esta ONG implantada en todo el Estado, una asociación integrada exclusivamente por motoristas con unos valores muy marcados: la defensa del honor, la lealtad y la solidaridad. ”Son unos valores que queremos transmitir porque consideramos que la sociedad los está perdiendo“, apunta.

Según las cifras oficiales, uno de cada cuatro niños sufre algún tipo de abuso durante su infancia en España. Por ello, los miembros de esta asociación se vuelcan en informar y prevenir posibles maltratos con varios convenios que han firmado con el Ministerio de Educación y que les permiten explicar a los chavales en los colegios “las diferencias entre conflicto y abuso, y qué herramientas hay para poder evitar que ocurra cualquier tipo de maltrato”. Además, la asociación interviene cuando un menor ha sufrido algún tipo de abuso. “Trabajamos con él. Le ponemos en contacto con los psicólogos y la asociación sufraga ese gasto. Intentamos ayudar a que ese menor pueda salir adelante”. Su principal labor es de acompañamiento de ese menor, que nunca se sienta solo en la difícil situación por la que atraviesa e incluso “lo hacemos miembro de nuestro club”. “Los niños son el eslabón más débil de la sociedad y estaba muy desamparados en cualquier tipo de abuso”, lamenta. 

Nueva concentración en Zaragoza

Miembros de PICA participaron el pasado domingo en Zaragoza en una concentración de numerosos colectivos de familiares de enfermos mentales que reclaman una y otra vez, con escasa receptividad hasta ahora por parte de la Administración del socialista Javier Lambán, más medios personales y materiales para salud mental. Latxo, que leyó el manifiesto de la concentración, la cuarta que se celebra en los últimos años en la capital aragonesa, lamenta que la salud mental “no se contempla como una enfermedad y eso genera un problema serio. Hemos comprobado que la mayoría de las personas de menos de 55 años podemos cargar una mochila en muchas ocasiones innecesaria porque no lo hemos podido gestionar a lo largo del tiempo. Visitar a un psicólogo ha sido siempre como un estigma, como algo malo, cuando sin embargo, hemos normalizado que si a uno le duele el tobillo va al traumatólogo. Si mi cabeza no está bien, no me sirve de nada ser un Sansón”. Y añade: “No nos parece bien, ni lógico que la salud mental esté fuera del ámbito de la sanidad pública. ¿Todas las familias se pueden permitir el lujo de pagar a un profesional las veces que sean necesarias? ”.

Cifras abrumadoras

Las cifras son abrumadoras: uno de cada tres españoles presenta un caso probable de ansiedad y uno de cada cuatro, de depresión; unas 400.000 personas padecen un trastorno de la conducta alimentaria (TCA); uno de cada diez estudiantes españoles ha sido víctima de acoso en la escuela; y se suicidan, en nuestro país, diez personas al día, mientras lo intentan otras 20, es decir, mueren al año por suicidio casi 4.000 personas. La concentración del domingo fue convocada por las asociaciones que integran el colectivo “Aragón, por la salud mental”: TOC Zaragoza, Teléfono de la Esperanza, Paso a Paso, G.A.M, TCA Aragón, LIANA, ALBALDA, PICA Aragón, Otras Miradas, Fundación A.P.E, Familiares y Pacientes con TLP y CEES Aragón. 

En el manifiesto se reiteró la exigencia al Gobierno del cuatripartito de una mayor dotación de psicólogos clínicos y su inclusión en Atención Primaria para potenciar la detección precoz y evitar el colapso en las Unidades de Salud Mental. Denunciaron que en Aragón hace falta, además, un hospital de día para las personas con Trastorno Límite de Personalidad, la elaboración y puesta en marcha de plan aprobado de prevención del suicidio en 2017, la creación de una unidad de TOC en la comunidad y más nutricionistas en las dos unidades de Trastorno de Conducta Alimentaria, que la Consejería de Sanidad no contempla, según las asociaciones.