Reconstruyendo la Monarquía

El juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputada a Corinna Larsen –examante del rey Juan Carlos I, y partícipe y/o testigo de algunos de sus oscuros asuntos económicos– y las alarmas han vuelto a saltar –y van muchas veces en lo que va de año– en las más altas instancias del Estado. El cerco judicial y mediático en torno al rey emérito ha cogido velocidad en los últimos meses. Los detalles de algunos de los sumarios están erosionando hasta desplomarla la reputación del anterior jefe del Estado. Y los cordones sanitarios tejidos para proteger la de su hijo y sucesor, el rey Felipe VI, y la propia viabilidad de la Corona y de la Monarquía en su conjunto no corren con la misma presteza.

La citación de Larsen y del tóxico comisario Villarejo es para primeros de septiembre, los días 7 y 8. Estamos a seis semanas, pero la Casa del Rey no debería esperar tanto, tendría que tomar y hacer públicas cuanto antes las medidas con que se lleva especulando desde hace varias semanas. ¿Retirarle el título de rey emérito? ¿Fijar su residencia de por vida en algún país lejano? Todas las que sean necesarias, por extremas que parezcan. A grandes males, y este lo es, grandes remedios. En algunos momentos anteriores, ha dado la impresión de que en Zarzuela se reaccionaba tarde y sin la contundencia conveniente. Ahora se tendría que tomar la iniciativa, ser mucho más proactivos.

Ya conté aquí lo que le ocurrió a un entonces joven reportero cuando propuso hace más de 35 años elaborar un reportaje que llevaría por título 'Tabú I de España'. El tabú mediático que durante más de cuatro décadas ha rodeado a Juan Carlos I ha resultado un error mayúsculo. Inviolable judicialmente porque así lo dispone la Constitución y sin escrutinio público alguno por parte de la clase política y de los medios porque así se convino de modo insensato al comienzo de la transición, Juan Carlos I debió de sentirse libre para emprender todo tipo de enjuagues económicos. Dicen algunos teóricos que no hay mejor desinfectante que la luz del sol. Por lo mismo, la ausencia de luz multiplica la ponzoña.

No estamos ante un catarrillo, se trata de una enfermedad grave. No se cura con jarabe, requiere operar y cuanto antes, y en circunstancias muy difíciles, en medio de una crisis sanitaria, económica, social y política enormes.

El caso que el juez García Castellón ha activado ahora fue cerrado hace apenas dos años por otro magistrado. La Justicia, sea la Audiencia Nacional sea el Tribunal Supremo, debe llegar ahora hasta el final, no puede cerrar de nuevo en falso, y mucho menos cuando hay otra Justicia, la helvética, investigando. Que los españoles tuvieran que enterarse en Suiza de lo que se les ocultaba aquí sería un nuevo escarnio colectivo.

En los seis años que lleva de reinado, Felipe VI ha abierto puertas y ventanas, ha sacudido algunas alfombras –incluida la de su hermana Cristina y su cuñado Urdangarín–, ha avanzado mucho en transparencia. Ha de hacerlo mucho más, y más proactivamente. Solo así salvará la institución de las grandes grietas que su padre y antecesor le ha abierto. También la clase política ha de sumarse a la tarea. El Gobierno, en lo que le corresponda y lealmente. La oposición, aportando algo más que loas a Juan Carlos por su papel en la transición como si aquí no hubiera pasado nada.  

Ahora que la pandemia nos obliga a un gigantesco plan global de reconstrucción nacional, quizás haya que elaborar un plan lateral de reconstrucción de la Monarquía que refuerce los aspectos éticos y ejemplarizantes de la institución, aumente la transparencia económica y corrija el artículo 56.3 de la Constitución, el de la inviolabilidad, y el 57.1, el de la discriminación a la mujer en la sucesión.

El plan bien podría empezar por un prólogo exploratorio de la opinión pública: un Barómetro monográfico del CIS. No es de recibo que en las encuestas del instituto público de demoscopia no se pregunte sobre el Jefe del Estado desde hace cinco años.