El suicidio de un constructor y la bancarrota de una caja de ahorros: la historia tras el desahucio de son Bordoy

El cadáver estaba dentro de un coche que estaba aparcado –irónicamente– frente a la tapia de un cementerio. Junto al cuerpo había un revólver y en la cabeza del muerto, una herida de bala: aunque aquel hombre maduro no dispusiera de licencia de armas, la Guardia Civil manejó desde el primer momento la hipótesis del suicidio. La víctima era un promotor y constructor de pisos caído en desgracia: en su ruina, había contribuido a arruinar una entidad que le había concedido un crédito millonario para construir unos edificios de los que nunca se llegó a echar los cimientos. El empresario, de hecho, llevaba años pendiente de que comenzara un juicio para esclarecer los hechos. La escena la podría haber escrito David Simon para abrir una temporada de The Wire, pero no sucedió en Baltimore, sino en Mallorca. 

El muerto se llamaba Martín Gual. Su empresa, Haras Gestión de Suelo SL. La caja de ahorros con los balances contables agujereados, Sa Nostra. Seis años después de su desaparición –el 12 de diciembre de 2019, en Maria de la Salut, un pequeño pueblo del interior de la isla en el que su familia había gestionado una fábrica de harinas en la que el propio Gual había hecho sus primeros pinitos como contable: todo terminó donde había empezado–, este suceso vuelve a conectarse con la actualidad. La ruina de este hombre de negocios se plantó en las seis parcelas que, hacia 2007, compró en la periferia sureste de Palma: son Bordoy. 

Las mismas fincas donde viven unas doscientas personas a las que Cort –el Ayuntamiento de la capital balear– y Pryconsa –la promotora que, hace apenas dos años, adquirió los terrenos– quieren desahuciar para completar el proyecto que a Gual se le quedó en el limbo: un barrio de entre setecientas y ochocientas viviendas. Una parte, protegidas; la otra, libres. Entonces, el Partido Popular, que estaba en la oposición y ahora manda a nivel municipal, calificó aquellos planes de “pelotazo digno de Paco el Pocero”.

La Ley Carbonero, “un rescate del sector de la construcción”

El 14 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers Holding Inc. El efecto dominó fue devastador sobre las economías que lo habían fiado casi todo al ladrillo y la hipoteca. En el pelotón delantero, España. Aquella mañana de final de verano acabó –simbólicamente– la fiesta que se había acelerado –una década antes– con la liberalización del suelo que decretó el primer Gobierno Aznar. Unos meses antes de la implosión que se llevó por delante al banco de inversión neoyorquino, Zapatero le ganaba un debate a Rajoy negando la crisis –“España está en la Champions League de las economías mundiales”– a pesar de que existían síntomas de desaceleración. Evidentes. Es en ese contexto previo –justo durante la campaña electoral de la primavera de 2008– cuando se debate y se aprueba en el Parlament balear la Ley de Actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública. El mismo paraguas que casi dos décadas más tarde permitirá cimentar las casi nueve hectáreas de son Bordoy.

¿En qué se basaba aquella ley autonómica, a la que desde el primer momento se le bautizó con el primer apellido de su impulsor, Jaume Carbonero Malbertí, arquitecto, socialista y conseller d’Habitatge i Obres Públiques del segundo Govern Antich? En las reservas de suelo: edificar terrenos para destinarlos, como mínimo, al 50%, a vivienda pública. Eso sí, aligerando la normativa. O, dicho de otro modo: doblando la superficie urbanizable. 

Para un grupo de geógrafos mallorquines –Macià Blázquez, Antoni Artigues, Sònia Vives, A. Bauzà, Onofre Rullan, Ismael Yrigoy–, la Ley Carbonero, más que una fórmula para blindar los derechos de los ciudadanos de unas islas donde la especulación inmobiliaria es inseparable del boom turístico, fue una suerte de “rescate del sector de la construcción por iniciativa de la Comunidad Autónoma”. Pese a que la premisa era socialdemócrata –“keynesiana”–, la aplicación seguía otros cauces “muy en la línea del urbanismo neoliberal”. Resumida en una frase: “Los intereses privados siempre anteceden a los públicos”.

Para encontrar esas reflexiones hay que buscarlas en el epicentro del Madrid más castizo, en el número 13 de la calle Duque de Alba, a unos pasos de Tirso de Molina. Allí se encuentra la sede de la editorial –y librería– Traficantes de Sueños. El sello que en 2013 –el valle de aquel colapso económico con silueta de sima– publicó un ensayo colectivo titulado Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos regionales y urbanos de la crisis. El capítulo octavo de aquel libro es un análisis de los intereses turísticos y financieros que habían hecho y deshecho en el urbanismo de Palma entre 2007 y 2011. 

La Ley Carbonero era un proyecto “novedoso” para el grupo de geógrafos: “Los anteriores gobiernos municipales conservadores habían vendido prácticamente todo el suelo municipal que podía ser destinado a vivienda protegida”. Aquel plan tenía, sin embargo, letra pequeña. “Únicamente los propietarios que fueran a la vez promotores” podían acogerse a la convocatoria del Govern. “Un blindaje”, continúa el ensayo, “a favor del promotor local que ya es propietario del suelo, pues las empresas peninsulares apenas disponen de este recurso. (...) En Palma, el 87% de las promociones las construyen los propietarios del terreno”. 

Y ahí aparecen, sin citarlos, son Bordoy y Martín Gual: “La convocatoria del concurso se hizo en julio de 2008. Al mismo se presentaron un total de 53 ofertas (28 en suelo rústico de transición), lo que suponía una oferta agregada de 28.715 viviendas, más las correspondientes en régimen libre. En el caso de Palma, la oferta ganadora fue la presentada por Haras Gestión de Suelo con un proyecto en segunda línea de Portitxol, al este de Palma, en el que se pretendía desarrollar una urbanización de 750 viviendas (212 en régimen libre) en un suelo ya urbanizable, pero con densidades netas y brutas superiores a las marcadas hasta entonces por el planeamiento urbanístico y territorial”.

Gastos difíciles de justificar

La matrícula de un colegio privado y británico o adquisiciones artísticas en una galería alemana: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fue contundente en la investigación que realizó al buque insignia de las empresas de los Gual. Según los investigadores, una parte de la financiación de Sa Nostra se lo había gastado el empresario en asuntos que nada tenían que ver con la construcción de unos edificios que rascaban el cielo –alguno contemplaba alcanzar las doce plantas– que había prometido en son Bordoy.

Una parte de la financiación de Sa Nostra se lo había gastado Martín Gual en asuntos que nada tenían que ver con la construcción de unos edificios que rascaban el cielo –alguno contemplaba alcanzar las doce plantas– que había prometido en son Bordoy

Cuando trascendieron estas informaciones, Martín Gual se defendía: “Nunca he pagado a ningún político ni responsable bancario”. Aseguraba que las gestiones de son Bordoy le habían costado 5,4 millones de euros y que demostraría su inocencia en el juicio que iba a celebrarse en la Audiencia Nacional y donde se le investigaba por su presunta relación con la quiebra de la caja de ahorros. Nunca llegó a hacerlo. Según publicó Diario de Mallorca, Martín Gual aparecía en la Lista Falciani por disponer en Ginebra de una cuenta con 240.000 euros. Además, la Abogació del Estado le acusaba de defraudar al fisco más de 400.000 euros en su declaración de la renta de 2012. Según sostuvo, su dinero suizo estaba relacionado con los ingresos que había generado cuando vivió en Uruguay entre 2006 y 2007. Nada que ver con el presunto desfalco de Sa Nostra que terminó en los tribunales.

Gual falleció antes de que comenzaran unas vistas que acabaron absolviendo a la veintena de personas que se sentaron en el banquillo. Dos veces. La última, el pasado septiembre. Entre los beneficiados, dos antiguos directores generales de la entidad –Pere Batle y Pau Dols– con los que el promotor presumía –en julio de 2009– por correo electrónico de tener el mismo hilo directo que mantenía con el entonces conseller Carbonero. Según publicó El Mundo, dos administradores de las sociedades de la familia Gual eran, a la vez, empleados de Sa Nostra.

Martín Gual falleció antes de que se celebrara el juicio de Sa Nostra, en el que se investigaba su presunta relación con la quiebra de la caja de ahorros

El hundimiento de Sa Nostra

2008. La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears cerraba su último ejercicio brillante. Era una entidad saneada, que empleaba a más de mil quinientos profesionales, tenía en marcha un plan de expansión por todo el país, disponía de una cartera de 650.000 clientes –casi el doble de los vecinos que había en el censo de Palma– y contaba su beneficio anual en decenas de millones de euros. Flotaba el optimismo. Pese a los informes desfavorables del Banco de España, los directivos de Sa Nostra decidieron darle crédito a los planos que dibujaba Gual. Muchísimo. El empresario se presentaba como el mayor constructor de vivienda pública en el archipiélago. Varias de las promociones más importantes que había desarrollado en la segunda mitad de los noventa estaban en el municipio de Calvià. Entonces, un feudo socialista. 

Los geógrafos mallorquines consideran en Paisajes devastados que Margarita Nájera –al frente del Consorci Platja de Palma– y Joan Mesquida Ferrando –como secretario de Estado de Turismo– son dos figuras clave para entender la gentrificación del litoral sureste de Palma. A diferencia de la costa de Ponent –chalés, jardines, el veraneo de la burguesía–, el Llevant estaba por explotar más allá de hoteles, sol y playa de la primera línea. No por capricho: las grandes fincas que ocupaban la zona que hoy ocupa el gran aeropuerto de Palma son tierras inundables. Que Gual, Nájera –alcaldesa calvianera entre 1991 y 2003– y Mesquida –su concejal de Economía entre 1991 y 1999– hubieran tenido relación en el pasado alimentó las críticas del PP. Los conservadores estaban en una oposición incómoda en Mallorca –empezaban a destaparse las corruptelas del segundo Govern Matas– y convirtieron al constructor en blanco de sus críticas, considerándolo “un empresario de partido”. 

Pero lo cierto es que Haras Gestión de Suelo se movió con habilidad: en 2007 –mientras se tramitaba la Ley Carbonero– compró a cambio de 48,5 millones de euros –la mitad, una carga hipotecaria de Sa Nostra– los 85.000 metros cuadrados de son Bordoy. La transacción se acordó con los anteriores propietarios: Fbex –una promotora que saltó a las portadas hace dos años: construyó el edificio que ardió en Valencia, donde murieron diez personas– y al Grupo Garbal, dirigido por José Miguel García. Este empresario, además de ser vicepresidente del Real Mallorca –a las órdenes de otro constructor todopoderoso que bajó a los infiernos: Vicenç Grande–, se sentaba –como vocal– en otra junta: la comisión ejecutiva de los socialistas palmesanos. 

Antes de que Lehman Brothers reventara –y se activase el efecto dominó–, Martín Gual iba superando trámites. Primero ganó el concurso del Govern Antich. Luego, Francina Armengol –desde la presidencia del Consell de Mallorca, responsable del Pla Territorial Insular– y Aina Calvo –desde la alcaldía de Palma, responsable del Plan General de Ordenación Urbana– dieron el visto bueno a la urbanización de son Bordoy. Las dos líderes socialistas predestinadas a suceder al president tendrían que esperar unos años para enfrentarse en unas primarias que dividieron a la militancia del PSIB. Aquella disputa interna ocurrió en 2014, cuando el guión de son Bordoy ya había dado un giro de ciento ochenta grados.

Una legislatura había bastado para que la centenaria Sa Nostra –diluida con otras cajas de ahorros en el Banco Mare Nostrum, sus activos vendidos a Caixabank– fuera historia. De las protegidas de son Bordoy nunca más se supo. Las empresas del constructor hacían aguas. El PP –que había recuperado la vara de mando en Palma por medio de Mateu Isern– apostaba –como recuerdan en Paisajes devastados– por un modelo “a la madrileña, de privatización de servicios públicos”. A la vivienda pública ni estaba ni se le esperaba. 

La izquierda se lava las manos

Tener un alcalde republicano –Toni Noguera, Més per Mallorca– y un gobierno de centroizquierda tampoco volteó la situación. Son Bordoy era una patata caliente que ni ecosoberanistas ni socialistas ni podemitas supieron manejar pese al encarecimiento exponencial del suelo. En 2018, Cort se mostró partidario de “abortar” la urbanización de aquellas antiguas possessions agrícolas “de forma consensuada con el Govern”. No sucedió. Los más de 10.000 metros cuadrados de escuelas e institutos, 5.000 de instalaciones deportivas y 2.000 de equipamientos socioculturales –además de un centro comercial de 20.000 metros cuadrados– que habían contemplado los planes de Martín Gual se los había llevado el viento. La posibilidad de construirlos seguía ahí. Simplemente, había quedado en el limbo por falta de liquidez.

Los más de 10.000 metros cuadrados de escuelas e institutos, 5.000 de instalaciones deportivas y 2.000 de equipamientos socioculturales –además de un centro comercial de 20.000 metros cuadrados– que habían contemplado los planes de Martín Gual se los había llevado el viento

Las familias que viven en son Bordoy ponen cara de póquer cuando se les pregunta por todo lo que sucedió a raíz de la Ley Carbonero. “A nosotros nunca nos han puesto ningún problema, nos hicimos nuestras casas aquí y hemos vivido en paz. Puede que todo eso saliera en los periódicos, pero nosotros no nos enteramos. Hasta el verano pasado, cuando vimos unas máquinas que estaban picando para comprobar si aquí abajo había agua –y la hay, mucha–, no tuvimos noticia de que querían construir en las parcelas donde, por lo menos, mi familia y yo vivimos desde hace veintiocho años”, cuenta Ángel Paredes.

Puede que todo eso saliera en los periódicos, pero nosotros no nos enteramos. Hasta el verano pasado, cuando vimos unas máquinas que estaban picando para comprobar si aquí abajo había agua, no tuvimos noticia de que querían construir en las parcelas donde, por lo menos, mi familia y yo vivimos desde hace veintiocho años

Ángel Paredes — Pendiente de desahucio

Las fechas que menciona el vecino que ejerce como portavoz de los amenazados por desahucio son clave para acabar de entender el último capítulo del enredo. Dos cosas sucedieron –en paralelo– durante la primavera de 2023: el PP regresó al poder en Palma tras ocho años en la bancada de la oposición y Pryconsa compró unas parcelas que seguían siendo urbanizables. Aquel movimiento supuso el desembarco en Mallorca de un gigante tan asociado a la vivienda protegida como a los gobiernos populares –su fundador estuvo imputado en el Caso Guateque y fue absuelto porque se declararon ilegales las escuchas que activaron las pesquisas– y anticipa precios inasumibles para la mayor parte de los palmesanos.

Si Gual defendía en su momento que quería construir pisos de “100.000 euros, a pagar con cuotas mensuales que no superaran los 400”, ni el Govern ni Cort aclaran a cuánto se venderán los 350 domicilios “asequibles” que se despacharán “a precio tasado”. Las 150 que salgan al mercado sin restricciones hoy costarían más de 6.000 euros el metro cuadrado, a juzgar por las tarifas que maneja Pryconsa en los edificios que está levantando en son Güells, también en la periferia oriental de Palma, pero bastante más lejos de la costa.

El legado especulativo del alcalde Fageda

Las páginas mallorquinas de Paisajes devastados consideran que fue durante los tres mandatos de Joan Fageda Aubert cuando Palma viró el rumbo. Entre 1991 y 2003, el alcalde Fageda –un catalán que trabajó como aparejador y constructor en la isla a lo largo del tardofranquismo y se enroló en Alianza Popular cuando llegó la democracia– consideró “una utopía” las políticas que había desarrollado la izquierda hasta el momento –durante un mandato, con Jaume Carbonero ejerciendo de concejal de Urbanismo– y apostó por una ciudad “más limpia, más segura, más eficiente”. También, mucho más cara para habitarla. En 1995, un piso de cien metros cuadrados costaba, de media, 66.000 euros en Palma. Pese al punto de ruptura que significó el estallido de la burbuja, hoy puede estar por encima del medio millón. 

Es en aquella época, tan bien retratada por Bigas Luna a través de los personajes de Javier Bardem y Maribel Verdú en Huevos de oro, cuando se construyen en Palma más de 33.000 viviendas en apenas tres lustros. En aquel lote cayeron varias de las parcelas que seguían vírgenes de edificios pese a estar cerca de la playa. Había, sin embargo, barracas. El Molinar, antaño barriada de obreros y pescadores, comenzaba a ganar valor turístico. Sus antiguos habitantes sobraban. A familias como a la de Ángel Paredes –según sostiene el afectado– Cort les sugiere que abandonen esos terrenos donde tienen sus chabolas. La alternativa fue trasladarlos a son Bordoy “con un permiso de cesión de uso”. Tanto tiempo después, los grupos municipales del PP y el PSIB ni confirman ni desmienten su existencia. Y los afectados se aferran a sus empadronamientos, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la esperanza. La perra –una pequeña teckel, cachorro de cuatro meses– de uno de los vecinos se llama Remedios.