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Aplazan el debate sobre la prohibición de abrir centros de culto en viviendas de Bilbao

Gorka Ascorbebeitia

La prohibición de abrir nuevos centros religiosos en Bilbao se ha visto retrasada, por lo menos un mes. El cambio propuesto por el equipo de Gobierno del PNV requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para lo cual es necesario un quórum especial de 15 votos a favor. La ausencia del alcalde Azkuna del pleno municipal de hoy debido a razones médicas ha impedido que los jeltzales puedan ejercer su mayoría absoluta y la oposición no ha prestado ninguno de sus votos para llevar a cabo la propuesta del consistorio.

La propuesta que hoy figuraba en el orden del día ha levantado ampollas tanto entre los representantes de las minorías religiosas de la villa como entre los grupos de oposición. Su principal novedad es la prohibición de abrir nuevos centros de culto en edificios residenciales. SOS Racismo emitió ayer un comunicado en el que criticaba la iniciativa del equipo de Gobierno y aseguraba que los jeltzales quieren usar las normas de urbanismo “para excluir a las minorías”. “Bilbao se pone a la cabeza de las malas prácticas en igualdad con la regulación más excluyente de las realizadas en el Estado español”, apuntaban fuentes de la organización.

SOS Racismo revela que la proposición que se quería aprobar en el pleno de hoy, además de lo ya anunciado, introducía la modificación de otro artículo “que deja más en evidencia la discriminación”. Se trata del ajuste del artículo 6.3.20. del PGOU, que establece los usos que sí se permiten como complementarios en viviendas colectivas. Estos van desde el deportivo, docente, sanitario, asistencial, hostelero, recreativo, ocio y espectáculo, oficinas, o galerías comerciales, hasta el industrial compatible con vivienda, pero excluyen explícitamente a los centros de culto.

La organización no gubernamental cree que el PNV “falta completamente a la necesidad de justificación” a la hora de plantear esta iniciativa. Las dos únicas razones que se apuntan desde el Gobierno son que a lo largo 2010 “se produjo un aumento significativo de las peticiones al cual se han unido varias denuncias derivadas por ruidos”. “Esto demuestra que estamos ante la utilización de la normativa municipal para excluir”, argumenta SOS Racismo. A su juicio, “se da una apariencia de legalidad y de aplicación general, para producir unos efectos concretos y discriminatorios”. “No se persigue la consecución de unos objetivos centrados en las actividades que se regulan sino dificultar el ejercicio de sus derechos a unos colectivos”, añaden.

En el pleno municipal de hoy, el PNV necesitaba el apoyo de al menos un voto de la oposición para sacar adelante las modificaciones del PGOU. En puntos anteriores del orden del día, el PSE ha cedido uno de sus votos a los jeltzales para que puedan sacar adelante dos iniciativas cuya aprobación no era todavía definitiva, permitiendo así el inicio del trámite. “No creemos que sea ético, ni justo, ni, por supuesto, democrático que en este Pleno, alguien se aproveche de la enfermedad de uno de sus miembros, y en especial de nuestro alcalde Azkuna, para saltarse el mandato de las urnas”, ha explicado Alfonso Gil, portavoz socialista en el Ayuntamiento.

En el caso de la modificación para prohibir centros de culto, sin embargo, los jeltzales no han contado con este apoyo. “Estamos absolutamente en contra de esta propuesta, nos parece que limita un derecho fundamental como es la libertad de culto”, ha declarado el portavoz socialista. “No queremos condenar a las minorías religiosas a instalarse en el extrarradio”, ha añadido Alfonso Gil.

EHBildu, ausente hoy del pleno al haber secundado la huelga general, ya adelantó el martes pasado su oposición a esta modificación. “Con este cambio Bilbao será la primera ciudad vasca que ponga límite a la libertad religiosa”, declaró Aitziber Ibaibarriaga, portavoz municipal del grupo. “Es una modificación con una motivación ideológica y racista y creemos que no hay criterios objetivos para realizarla”, añadió la concejal soberanista.

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