Cantabria aplicará rebajas fiscales de 100 euros a 127.000 contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000

El Gobierno de Cantabria ya ha tomado una decisión sobre las rebajas fiscales que aplicará en la declaración de la renta de 2022 y ha optado por la fórmula de efectuar descuentos lineales a los cántabros cuyos ingresos estén por debajo de 30.000 euros, abandonando la vía de deflactar los tramos del IRPF, que a la postre beneficiaría a los que mas ganan, según ha explicado este viernes la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE).

Así, el Gobierno autonómico descarta deflactar las tarifas del IRPF y opta por deducciones lineales de 100 euros para los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros. Se plantea, asimismo, una deducción de 200 euros en declaraciones conjuntas hasta 40.000 euros. Quienes menos tienen, más se benefician de la rebaja, una progresividad fiscal de la medida que ha defendido la consejera socialista.

“Es una propuesta fiscal justa, progresiva, alineada totalmente con las tensiones inflacionistas provocadas por la guerra de Ucrania”, ha valorado la consejera. Según esta, “la propuesta del Gobierno cántabro supondrá para las rentas medias-bajas un beneficio cuatro veces superior a si deflactásemos los tramos”.

En total, la rebaja lineal beneficiará a 127.000 ciudadanos y supondrá un coste para las arcas públicas de 16,5 millones. Este coste, en todo caso, no tendrá repercusión ni este año ni el próximo, ya que afectará a las entregas a cuenta que realizará el Estado en 2024.

“La medida supone un beneficio cuatro veces superior a la deflactación para los tramos más bajos y es estanca, es decir, exclusivamente beneficia a las rentas medias y bajas y no a las altas, al revés de lo que ocurre con la deflactación”, ha explicado Álvarez.

El Gobierno de Cantabria no va a eliminar, por otra parte, el impuesto de patrimonio porque beneficiaría al 0,5% de contribuyentes con patrimonio superior al millón de euros y supondría, en contrapartida, una pérdida de recaudación de 16 millones de euros.

Se mantendrá la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II, de la que se benefician descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Y se congelarán el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados, que “no se verán afectados ni al alza ni a la baja”.

Ayudas complementarias y tasas

Aparte de intervenir en los tramos del IRPF, el Gobierno cántabro va a subir en un 50% una serie de ayudas que venía aplicando mediante deducciones en la declaración del IRPF. Así, la próxima Ley de Acompañamiento recogerá un incremento en un 50% de las ayudas a acogimiento familiar de menores (llegará hasta 360 euros), por gastos de guardería (hasta 450 euros), cuidado de familiares y de hijos (hasta 150) y a familias monoparentales. Las deducciones en su conjunto tienen un impacto de 2,6 millones, con el incremento aplicado, beneficiando a 13.500 contribuyentes.

Asimismo, se va a prorrogar un año, hasta el 31 de diciembre de 2023, la bonificación de 49 tasas y tarifas vinculadas a la actividad industrial, entre otras. Son las tasas y tarifas recogidas e la Ley 2/2022, que estipulaba bonificaciones a empresas de transporte por carretera, servicios agrarios, construcción, actividad industrial, pesquera, forestal y pecuaria.

Tres escenarios y una opción elegida

En Cantabria, el salario medio es de 24.395 euros, pero la riqueza no se reparte por igual: 173.239 contribuyentes no superan los 21.000 euros de ingresos, 50.525 se sitúan entre 21.000 y 30.000 euros de renta y 57.847 ganan entre 40.000 y 60.000 euros al año. Por último, 10.423 contribuyentes ganan más de 60.000 euros anuales.

Las medidas que defiende el Gobierno de Cantabria inciden exclusivamente en las primeras franjas tributarias, entre los contribuyentes con ingresos medios y bajos. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Estudiando tres escenarios, observando la repercusión de las medidas en el contribuyente y en el erario público, y aplicando principios de sostenibilidad y progresividad fiscal a la hora de decidir, según ha explicado la consejera.

El primer escenario fue deflactar la tarifa autonómica como buena parte de la oposición parlamentaria demanda. Significaría que los diferentes tramos fiscales se incrementan un 10%. El impacto de esa medida supondría que un salario entre 12.000 y 20.000 euros tendría un ahorro de 31 euros. Este ahorro se triplica para los que tienen un sueldo entre 21.000 y 30.000 euros. Y quienes cobren entre 30.000 y 60.000 tendrían un ahorro multiplicado por siete con respecto a la renta más baja. Y se dispara aún más el ahorro con un sueldo por encima de 60.000 euros: es 20 veces superior, por encima de 550 euros. El impacto presupuestario sería, además, de 25 millones de euros, el 75% de los cuales beneficiaría a quienes cobren por encima de 30.000 euros. Es una propuesta “claramente regresiva”, en opinión de la titular de Economía.

Y es que deflactar los tramos del IRPF no es una opción que guste a la consejera. La considera “indiscriminada, regresiva y menos eficiente”, ya que beneficia al 100% de los contribuyentes, incluidos los de mayor poder adquisitivo, con un impacto mayor en quienes más ganan (‘efecto escalera’).

El segundo escenario estudiado fue el de una deflactación parcial que solo afectara a rentas medias y bajas, concretamente un 4,1%, así como bajar medio punto el tipo impositivo del primer tramo (de 9,5% a 9%). Este es el modelo que aplica la Xunta de Galicia y que el PP quería importar a Cantabria. El impacto presupuestario de este escenario es de 13,2 millones de euros, de los cuales 2,3 millones repercutirían en las rentas inferiores y más de la mitad del coste beneficiaría a los que cobran más de 30.000 euros. El ahorro para contribuyentes de hasta 21.000 euros de renta sería de 37 euros (seis euros más que en el escenario anterior); los de hasta 30.000 ahorrarían 61 euros, mientras que el ahorro sería de casi el doble para los que ganen hasta 60.000 euros. A partir de esta cifra, el ahorro se mantiene en 115 euros.

La tercera opción, la elegida a la postre, fue una deducción lineal con un límite de ingresos. Se trata de una deducción de 100/200 euros en tributación individual/conjunta con un límite de hasta 30.000/40.000 euros, respectivamente. El impacto presupuestario ascenderá a a 16,5 millones de euros. Los contribuyentes con rentas inferiores a 21.000 euros, “que necesitan más apoyo para absorber el incremento de precios”, se benefician del 50% de la reforma con un ahorro medio de 120 euros. Quien ingrese entre 21.000 y 30.000 ahorraría 122 euros. Beneficia exclusivamente a contribuyentes con rentas bajas y medias.

Tiene un doble beneficio, según el Ejecutivo: la deducción es estanca, se dedica exclusivamente a quien lo necesitan, rentas bajas y media, con un ahorro cuatro veces superior si se aplicase la deflactación.

Escudo social

Las deducciones y ayudas fiscales son acumulables a las que va a aplicar y aplica el Gobierno central, ha explicado la consejera. Esta ha resaltado que la propuesta del Ejecutivo autonómico servirá para continuar ampliando el “escudo social” que supone la “amplia red de medidas sociales” puestas en marcha tanto por el Ejecutivo cántabro como por el Gobierno de España, con medidas como el incremento de la Renta Social Básica, las ayudas al sector primario e industrial, la ampliación del banco de recursos escolar y del bono social término, la revisión de los contratos de obra pública, el transporte gratuito, el tope al gas, la bonificación de los carburantes o la rebaja del IVA eléctrico, entre otras.

“El aumento de la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros, beneficiará a unos 60.000 contribuyentes de Cantabria con un ahorro medio de unos 400 euros”, ha precisado refiriéndose a las medidas fiscales del Gobierno central.

Repercusión en el presupuesto

El Gobierno de Cantabria considera que el foco ha de ponerse en los que menos ganan, no en los que más, toda vez que estos mantendrán unos niveles de bienestar buenos, aunque no sean beneficiarios de las deducciones. Lo explica Ana Belén Álvarez: “Aquellas rentas que cobran 50.000 o 60.000 euros, evidentemente también se ven afectadas por la subida de precios, pero entendemos que no precisan de la ayuda pública para mantener un nivel de bienestar aceptable y sobrellevar esta coyuntura que esperemos se normalice pronto”, ha dicho.

En cuanto a la posible incidencia en el sostenimiento de las inversiones y servicios de la minoración de ingresos, la consejera ha señalado que no tendrá una repercusión inmediata. “No impacta en el gasto nada porque toda la recaudación e ingresos no afectan para nada a 2022 y 2023, solo a las entregas a cuenta del 2024”, han sido sus palabras.

La consejera cántabra no ha evitado la oportunidad de la presentación de las deducciones fiscales para rechazar el “populismo” de quienes acusaron al Gobierno de pretender hacer caja con la fiscalidad de todos. “La acción de cualquier gobierno siempre es cuestionable. Se puede criticar los proyectos, pero no se puede hablar nunca de que que los gobiernos son glotones, insaciables y que llenamos los cofres… En mi humilde opinión, no son opiniones propias de alguien que aspira a presidir Cantabria”, ha dicho Álvarez en rueda de prensa.

“Los recursos que se gestionan no pertenecen a ningún consejero ni gobierno, son de todos y sirven para financiar infraestructuras y servicios. Ningún gobierno se enriquece ni llena cofres. Si fuera así tendría un nombre en el Código Penal. La proximidad de las elecciones no lo justifica todo”, ha subrayado.