Cantabria exige la convocatoria urgente de una sectorial para acordar un Pacto de Estado ante las emergencias climáticas

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha suscrito junto a sus homónimos de otras once comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla una declaración institucional conjunta que exige de forma urgente al Gobierno de España la adopción de medidas estructurales, financiación suficiente y un diálogo real frente al impacto de los incendios forestales, sequías y fenómenos meteorológicos extremos.

En una nota de prensa, Media ha remarcado que la prioridad absoluta de las administraciones en este momento de la temporada estival es responder a las emergencias, extinguir los incendios y atender a las personas e infraestructuras damnificadas.

Además, ha advertido de que minimizar el efecto “devastador” de estos riesgos requiere “anticipación, medios, infraestructuras y un marco normativo adaptado a la realidad del territorio, y no meras imposiciones ideológicas o documentos unilaterales lanzados sin consenso ni memoria económica”.

“Un verdadero Pacto de Estado no nace de una decisión unilateral del Ministerio ni de una simple solicitud de firmas a las comunidades autónomas”, ha defendido el titular de Medio Ambiente, quien exige un diagnóstico compartido, una memoria económica rigurosa, una negociación real, un calendario de ejecución claro y su debate y aprobación en las Cortes Generales.

“Hace diez meses tendimos la mano con propuestas concretas y el Gobierno de España ha dado la callada por respuesta a 12 autonomías que representan al 70% de la población española”, ha aseverado Media. Por otro lado, ha puesto énfasis en la urgencia de defender y revitalizar el medio rural como principal herramienta de conservación ambiental.

Según recoge la declaración, “durante ocho años el Gobierno central ha abandonado al mundo rural, ha olvidado las consecuencias de la despoblación, ha disminuido los medios de extinción -especialmente los aéreos- y ha paralizado las inversiones hidráulicas indispensables”.

En este sentido, Media ha indicado que la mejor política ambiental empieza por el territorio y no consiste en enfrentar la conservación ecológica con quienes viven y trabajan en los pueblos.

“Pueblos vivos significan montes vivos, y montes limpios y gestionados significan la mayor garantía de protección para nuestras familias y nuestro patrimonio natural frente a las emergencias. No se puede utilizar un problema tan serio como el cambio climático como pantalla para ocultar la falta de inversión y la imposición normativa”, ha añadido.

Asimismo, el consejero ha subrayado que la política de mitigación de emisiones de CO2 es un reto internacional -donde España representa el 0,6% global- que no debe desplazar la responsabilidad directa del Ejecutivo central en materia de adaptación y protección civil frente a los riesgos climáticos en el suelo español.

Solicitudes

Las doce comunidades autónomas y ciudades autónomas firmantes han formalizado un bloque de cuatro exigencias directas al Ejecutivo central.

Así, reclama respuesta urgente y formal a las propuestas detalladas y alternativas ya planteadas por las comunidades autónomas en octubre de 2025; convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abrir una negociación multilateral real, transparente y leal; mesa de trabajo sobre propuestas consensuadas --que el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal presentado en agosto de 2025 y la Declaración Conjunta Autonómica de octubre de 2025 constituyan la base de trabajo para este diálogo--; y tramitación parlamentaria y dotación económica, que el texto resultante de la negociación sea remitido a las Cortes Generales para su debate, negociación y aprobación.

El Gobierno de Cantabria ha reiterado que el Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales propuesto debe abordar los grandes pilares de la gestión ambiental de forma integral durante los 12 meses del año.

Entre ellos, la recuperación de una gestión forestal activa y eliminar restricciones burocráticas e ideológicas a los usos tradicionales; el incremento y modernización de los medios de prevención y extinción, reforzando la cobertura de medios aéreos estatales; la ejecución prioritaria de las obras hídricas pendientes para hacer frente a episodios extremos de sequía e inundaciones; dotación de recursos para aplicar de forma ágil y rigurosa el marco penal y sancionador que protege el patrimonio natural; y la garantía de una financiación estable y criterios objetivos de reparto entre las administraciones bajo un único marco operativo.