Cantabria otorga a los sanitarios la condición de “autoridad pública” para blindar su integridad

La Ley de Simplificación Administrativa que actualmente tramita el Gobierno de Cantabria es una norma de amplio alcance. Su regulación y las modificaciones de decenas de leyes y decretos la asemeja más a una Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, también conocida como Ley de Acompañamiento, que todos los años se aprueba junto a los Presupuestos de la Comunidad.

Una prueba de ello es que, mediante la regulación de la Simplificación Administrativa, se intenta atajar dos problemas actuales de la Sanidad cántabra: el riesgo que para la integridad de los sanitarios entraña la atención al público, resultado de agresiones físicas y verbales; y cubrir las plazas que pocos quieren cubrir en aquellos puestos de difícil cobertura como está ocurriendo este verano con la Atención Primaria y hospitales como el de Laredo.

De este modo, el Gobierno que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP) pretende modificar un amplio elenco de leyes y decretos que, entre otras cosas, otorga a los sanitarios del sistema de salud autonómico la condición de “autoridad pública” y al tiempo desbloquea la posibilidad de convocar Ofertas Públicas de Empleo, destinadas específicamente a cubrir los puestos de difícil cobertura por no ser lo suficientemente atractivos para los profesionales.

Que los sanitarios sean consideradores “autoridad”, al igual que pasa desde hace tiempo con los agentes policiales, tiene muchas implicaciones. Por de pronto, su palabra tiene valor probatorio, y su relato es considerado como verdadero. De este modo, pasa la carga de la prueba contradictoria a la otra parte, en este caso, el usuario de la Sanidad cántabra. El Gobierno justifica esta modificación en la necesidad de proteger más a médicos y enfermeras que están siendo objeto reiteradamente de agresiones tanto en Atención Primaria como Especializada.

“A los efectos de la presente Ley, se entiende por personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria el personal de los centros e instituciones sanitarias integrados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o en los organismos públicos o entidades, de naturaleza o titularidad pública, vinculadas o dependientes de la misma. El personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria tendrá la consideración de autoridad pública, con el fin de procurar el respeto que les es debido en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades para alcanzar una convivencia adecuada, gozando de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente”, refleja el anteproyecto de ley.

Como servidor público, una vez el Parlamento apruebe definitivamente la ley, el sanitario gozará de especial protección y las agresiones de que pueda ser objeto en el ejercicio de su cargo tienen consecuencias penales. Asimismo, su palabra puede ser cuestionada pero mediante pruebas prácticamente indiscutibles; de lo contrario, su relato se da como verdadero. En caso de ser inexacto o mentir, el empleado público afronta consecuencias especialmente severas.

Plazas de difícil cobertura

La Ley de Simplificación Administrativa solo tiene otro cambio aplicable a los sanitarios: para solventar el nudo gordiano de la falta de profesionales para plazas de difícil cobertura, y es que el Gobierno va a cambiar lo dispuesto para el Personal Estatutario en lo concerniente a licitar la cobertura de este tipo de puestos de trabajo. Dicha convocatoria se realizará antes de que la ley cumpla tres años.

La modificación dice así: “Excepcionalmente, cuando concurran necesidades urgentes de incorporación de personal, se podrán aprobar ofertas de empleo público para ámbitos o categorías específicos. En todo caso, las plazas de difícil cobertura vacantes y desempeñadas con carácter temporal se incluirán en la correspondiente Oferta de Empleo Público para su desarrollo a través del sistema de concurso, que contemplará, como criterio preferente del baremo de méritos, la experiencia en el desempeño de plazas declaradas de difícil cobertura. La ejecución de la citada oferta de empleo público deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años”.

La Ley de Simplificación Administrativa propone la modificación de 41 normas del ordenamiento jurídico y pretende aplicar 160 mejoras en procedimientos que afectan a los más diversos ámbitos, desde las subvenciones hasta las tasas, pasando por patrimonio, salud, educación y tiempo. Actualmente, está en fase de consulta pública. A mediados de septiembre será aprobada por el Consejo de Gobierno con los cambios que se introduzcan y en octubre entrará en el Parlamento de Cantabria para su debate y votación. El borrador está disponible en el enlace de Participación Ciudadana de la web del Gobierno de Cantabria.