CC.OO. alerta de que muchos delitos medioambientales quedarán impunes
Comisiones Obreras de Cantabria ha denunciado este martes que la propuesta de reforma de la Ley de Montes constituye “una traba y un ataque” a la investigación de delitos medioambientales por parte de los agentes del medio natural, al “limitar sus competencias” y encomendar los atestados a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin especialización en esta materia. En su opinión, ello dilatará las investigaciones y hará que muchos delitos queden impunes.
Según han explicado, con este proyecto de ley el colectivo de los agentes forestales -formado por 6.500 funcionarios a nivel nacional y 120 en Cantabria-, pasarían de ser un cuerpo independiente a convertirse en auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que supone que ante un delito ambiental como por ejemplo un incendio, tendrán que esperar a que llegue un policía local o un guardia civil para poder empezar a realizar su trabajo.
Según el sindicato, esta situación podría traducirse en la pérdida o manipulación incorrecta de pruebas que a la postre pueden ser decisivas para el esclarecimiento de dicho delito, con lo que “el único beneficiario sería el delincuente ambiental”.
Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Javier Báscones, el agente forestal Javier Martínez, delegado de la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, y Carmelo Renedo, miembro de la sección sindical de CCOO del Gobierno de Cantabria.
Al respecto, han señalado que la Policía Local no tiene ningún tipo de formación en delitos medioambientales; el SEPRONA de la Guardia Civil está sometido a una gran “precariedad” de medios; y la Policía Nacional nunca interviene en este tipo de delitos.
“Intermediarios y filtros”
Para CCOO, introducir “intermediarios y filtros” en la denuncia penal de los delitos medioambientales dificultaría la “exitosa labor” de los agentes forestales, reconocida por la Fiscalía en sus memorias anuales tanto en Cantabria como a nivel nacional. Todo ello, con el objetivo -dicen- de “abrir la veda a la privatización” de este servicio y que los agentes forestales “puedan pertenecer a empresas privadas”.
Según CCOO, la propuesta de reforma de la Ley de Montes contradice leyes orgánicas, es decir normas de rango superior, que dejan claras las funciones de los agentes forestales como policía judicial, y establecen que sólo los jueces y fiscales coordinarán las investigaciones. Para el sindicato, el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó en enero desposee a los jueces y fiscales de esa facultad y se la atribuye al Ministerio del Interior.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha destacado además que dicha reforma ha conseguido unir en contra a todos los sindicatos representativos, asociación de agentes forestales, a las grandes asociaciones ecologistas nacionales, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, asociaciones de fiscales y jueces y la mayoría de partidos políticos del Congreso de los Diputados.
Y denuncia que el proyecto de ley se ha aprobado “con nocturnidad” porque esas cuestiones se han introducido después de la exposición pública.
