El equipo de gobierno de Santander ha tenido que legalizar a posteriori 24 millones de euros en contratos realizados durante los cuatro últimos años

El Ayuntamiento de Santander ha tenido que “legalizar” a posteriori 24 millones de euros en gastos e inversiones que no contaban con el debido respaldo contractual o presupuestario en los últimos cuatro años, período coincidente con la gestión de la alcaldesa Gema Igual (PP), bien en solitario, bien en comandita con Ciudadanos esta legislatura.

El informe de Control Financiero del Ayuntamiento de Santander, arroja esta cifra que pone de relieve la lentitud y falta de medios del Consistorio, sobre todo a la hora de formalizar los contratos con las empresas que prestan algún servicio público. Por poner un ejemplo, el de Parques y Jardines lleva si contrato en vigor desde 2018 y las facturas de la adjudicataria han de ser legalizadas periódicamente en el pleno de la Corporación mediante la fórmula de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Al equipo de gobierno no le gusta la expresión “facturas en el cajón” con el que suelen denominarse estos compromisos, pero la oposición considera que el términos se queda corto y que sería más adecuado denominarlas “facturas en el baúl” por su volumen y antigüedad, como ha dicho en el último pleno el portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro.

El PP ha contraatacado a esta crítica de la oposición con las “facturas en el cajón” que dejó el primer gobierno regional PRC-PSOE y que se encontró el PP al formar el gobierno bajo presidencia de Ignacio Diego en 2011: más de 200 millones, sobre todo procedentes de Sanidad. A eso ha respondido el portavoz socialista Daniel Fernández diciendo que la gestión de Diego dejó una deuda diaria de un millón de euros durante los cuatro que estuvo al frente del Ejecutivo.

En todo caso, todos reconocieron que los reconocimientos extrajudiciales entrañan un riesgo. Si pasan el trámite del pleno -la oposición no obstaculiza su aprobación ya que de estos pagos dependen sueldos de empleados de las empresas y la continuidad de las mismas- pueden ser objeto de impugnación posterior, ya que están viciados de ilegalidad según continuamente advierte el control interno municipal. Este vicio se basa en el uso habitual y reiterado de lo que en el fondo y en la forma no deja de ser un mecanismo excepcional.