Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Camargo renunciaron a ingresar 9,6 millones de euros por rechazar el Centro de Refugiados

La renuncia a la conversión del antiguo Psiquiátrico de Parayas en un Centro de Refugiados del Ministerio de Inclusión le supondrá al Gobierno de Cantabria perder 8,1 millones de euros por la venta de la finca camarguesa de 43.000 metros cuadrados, así como le supondrá otra pérdida de millón y medio en tasas al Ayuntamiento por las licencias. Dichas cantidades, que rondan los 10 millones de euros en total, se incluían dentro de los 30 millones con que el Gobierno central estaba dispuesto a invertir en un proyecto que, dada la negativa cántabra, se desarrollará en otra comunidad autónoma.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, no ha cuestionado las cifras, pero sí que ha reducido la inversión del Estado en infraestructuras a 7,3 millones, por lo tanto a un total que ha cifrado en 18,5 millones. El proyecto, a su juicio, era “humo” cuyo único sentido era ofrecer un reclamo electoral al socialista Pedro Sánchez. “No hemos dicho 'no' a un centro de refugiados, hemos dicho 'no' a un centro de refugiados en Parayas”, ha indicado Sáenz de Buruaga en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria durante la sesión plenaria de este martes.

El Gobierno de Cantabria sigue insistiendo en que el antiguo psiquiátrico acabará convertido en un centro asistencial, cuya dotación quedará recogida en los próximos presupuestos de Cantabria. Su aprobación pende de un hilo dado que Buruaga está en minoría. Esta ha anunciado que su Ejecutivo va a redactar un plan funcional para definir un proyecto asistencial “con rigor, atención a las necesidades de la población y diálogo”, ha dicho. “A partir de mayo, en Cantabria ya no gobierna Pedro Sánchez y las decisiones se toman en función de los intereses de Cantabria”.

La presidenta ha subido este martes a la tribuna a iniciativa del Grupo Socialista, quien ha demandado explicaciones sobre la renuncia a los 30 millones de euros que comportaba la construcción del Centro de Refugiados en la sede de la antiguo Psiquiátrico de Parayas, cerrado desde 2016. En la tribuna del pública se encontraba el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP).

Al PP sólo le ha respaldado Vox, mientras que en defensa de la inversión del Estado se han situado socialistas y regionalistas, estos últimos recordando que el pacto de investidura que hizo posible que Buruaga fuera presidenta “se ha incumplido”, precisamente por no mantener proyectos en marcha como el de Parayas.

Socialistas y regionalistas ven más cerca una cohabitación política entre 'populares' y extrema derecha que ha quedado de relieve también este lunes con la aprobación por ambos de una iniciativa que conllevará la derogación de la ley cántabra de Memoria Histórica. En ciernes está la negociación y aprobación de los presupuestos de 2024, que decantarán definitivamente el juego de alianzas del PP.

Crítica socialista

“No tienen ningún plan para Parayas, solo quieren salir del lío en que se han metido, porque mejor les hubiera ido aprovechando los recursos del Gobierno de España y destinar 8,1 millones para asistencia y dejar de competir con [Isabel Díaz] Ayuso. Lamento la decisión sectaria, ideológica, insolidaria y el olorcillo a privatización que tiene”.

Quien así ha hablado ha sido el exvicepresidente y líder socialista Pablo Zuloaga, para quien la cesión de la finca al Estado por Cantabria “no hubiera sido gratuita, ya que los 30 millones de euros incluían una valoración de 8,1 millones de los terrenos de Parayas”. “¿Por qué la señora Buruaga no quiere 8,1 millones de euros y el Ayuntamiento de Camargo, 1,5 millones en tasas?”, se ha preguntado. “Tuvo la oportunidad de reconvertir un espacio en desuso para obtener recursos con que atender las necesidades de Dependencia”, ha insistido.

Buruaga

“Entendemos que España tenga que construir centros de refugiados y sabemos que hay compromisos europeos y fondos finalistas que pueden reinvertirse en otra comunidad autónoma. Hay otros lugares donde el Gobierno de España puede reubicar ese centro pero a las personas mayores o con discapacidad o con trastorno mental no podemos mandarles a recibir atención a otras comunidades. España es muy grande. El problema no es el qué, sino el dónde.”

La presidenta de Cantabria ha aprovechado la comparecencia para anunciar la reapertura del centro según sus intenciones: como centro asistencial. “Mi intención, ya como consejera de Sanidad, es reabrir Parayas y nuestra postura de convertirlo en centro sociosanitario dedicado a la atención de dependientes, mayores y salud mental es coherente con la de hace 10 años. Nuestro planteamiento es el mismo”.

Cuando fue consejera (2011-2015), el psiquiátrico se integró en el Servicio Cántabro de Salud. Contaba entonces con 100 camas de hospitalización y era atendido por 200 trabajadores. Se integraba, según ha dicho, en el más ambicioso Plan de Salud Mental que ha tenido esta Comunidad. “El Gobierno del señor Zuloaga, que dijo que nunca lo cerraría, no invirtió un euro y lo cerró”, ha espetado.

“El Partido Popular siempre ha mantenido su misma postura e incluso ha acudido a las elecciones con su negativa a un centro de refugiados y sí a favor de un centro asistencial. El Ayuntamiento de Camargo, resultado de los comicios del 28 de mayo, ha votada por la conversión en una residencia de mayores”, ha proseguido.

Buruaga ha justificado su proyecto en las necesidades de Cantabria: “En nuestra Comunidad hay más de 21.000 personas con un grado de dependencia reconocido, en su mayoría mayores de 65 años. Contamos con 65 residencias con un total de 6.300 plazas, 4.400 públicas o concertadas. Este es el presente. Pero hay que planificar el incremento futuro de la población dependiente. Es indiscutible que necesitamos centros residenciales para cubrir una demanda que aumentará. Según los cálculos del Gobierno anterior 1.500 plazas nuevas hasta 2027”.

En su réplica, el socialista Zuloaga le ha reprochado el sesgo ideológico que hay detrás del rechazo al Centro de Refugiados. “Detrás de esta decisión hay un claro poso ideológico: primero porque viene del anterior gobierno, de Revilla y Zuloaga; segundo, porque usted no entiende la solidaridad, sino la caridad; y tercero, porque usted tiene en su mano privatizarlo y que un patrimonio público pase a manos de empresas privadas”.

PRC

Rosa Díaz, portavoz del PRC, ha reprochado el incumplimiento del pacto de investidura y la falta de diálogo entre Cantabria y el Estado acerca del futuro del centro. “Creemos que una decisión de este tipo no tendría que haber sido unilateral del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Camargo. Logroño y Valladolid han renunciado pero pidieron una reunión para encauzar la situación. Se podría haber intentado salvar parte de los fondos europeos. Se podría haber alternado un centro de refugiados más pequeño con otros usos”, ha dicho.

“Han incumplido el acuerdo de investidura porque era un proyecto comprometido y se pone en riesgo el proyecto de la Residencia Cantabria por si tienen algo pensado para la financiación del parque científico”, ha añadido.

Díaz ha concluido recordando que el centro de Parayas, en 2010, operaba en condiciones infrahumanas para residentes y trabajadores, algo que no fue subsanado por el PP los cuatro años siguientes cuando llegó al Gobierno de Cantabria.

Partido Popular y Vox

El portavoz Juan José Alonso ha expuesto la postura del Partido Popular, en línea con la presidenta de Cantabria: “No invertiremos en un Centro de Refugiados que no quiere nadie”. Alonso ha llamado la atención sobre la contradicción del PRC al respecto, cuando su concejal en Camargo ha votado junto a PP y Vox, mientras el partido como tal ha defendido una postura contraria. “Esta es una obra que no quiere ni el Ayuntamiento de Camargo ni los vecinos de Camargo. No es sorprendente que el alcalde de Camargo, Diego Movellán, cumpla sus compromisos. Lo sorprendente es que el PRC desautorice a su representante local”, han sido sus palabras.

Leticia Díaz, por Vox, ha considerado que “no es de recibo, señor Zuloaga, afirmar que se pierdan 30 millones”. Y lo ha dicho porque, al igual que el PP, es escéptica ante la voluntad de cumplimiento de su compromiso por parte del Ministerio, como ya habría ocurrido en otras ocasiones.