El Museo del Banco Santander deberá solventar el escollo de la protección máxima del Conjunto Histórico

Imagen de la terraza con vistas a la bahía que modificará la cubierta del edificio. | BANCO SANTANDER

El proyecto de reconversión como museo de la sede noble del Banco Santander en el Paseo de Pereda deberá conllevar un proceso de adaptación del planeamiento urbanístico, dado que el edificio tiene una Protección Monumental al estar enclavado en el Conjunto Histórico del Paseo de Pereda-Castelar.

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Dicha área de protección afecta a la primera línea tanto del Paseo Pereda como de Castelar y fue declarada Bien de Interés Cultural en su categoría de Conjunto Histórico por un decreto de 1985. Así está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que data de 1997 después de que los tribunales tumbaran el de 2012.

Al estar catalogado dentro de un Conjunto Histórico, el inmueble tiene una protección máxima que condiciona todas las obras que puedan hacerse en él. Prácticamente, según las fuentes consultadas, las obras de ampliación, sustitución y nueva planta están prohibidas, a no ser que haya una autorización expresa que habrá de extenderse también al cambio de uso, que pasa de oficinas a equipamiento cultural.

El proyecto del Banco Santander para reconvertir el edificio en museo en donde instalar su colección de arte conlleva modificaciones sustanciales del edificio, tanto en su interior como en su cubierta. Según el proyecto de David Chipperfield presentado el pasado viernes en Santander, el inmueble contaría con una terraza nueva, parte abierta a modo de mirador, y parte acristalada, que alteraría también la altura del edificio. Igualmente, cambiarán las características del arco que une los dos volúmenes del inmueble, el cual se acristalaría y contendrá una pasarela de tránsito así como conexiones a las plantas superiores. Otros cambios afectarían a su interior.

El Ayuntamiento de Santander, y más concretamente el departamento de Urbanismo que dirige el concejal Javier Ceruti (Cs), quien acaba de nombrar como director de Urbanismo a Antonio Bezanilla, deberá pronunciarse sobre la modificación urbanística en ciernes para sacar adelante este proyecto que conllevará una inversión cercana a los 60 millones de euros, y que incluye también la reforma del edificio de Hernán Cortes, antigua sede del Banco Mercantil. 

Asimismo, deberá pronunciarse el Gobierno de Cantabria, ya que el edificio está enclavado en una zona BIC. Según la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, las intervenciones en un Conjunto Histórico BIC son excepcionales y poco menos que encaminadas a la conservación. El apartado b) de la ley de 1998 dice textualmente:

"No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles; excepto que contribuyan a la conservación general del conjunto. Las propuestas de nuevas alineaciones y rasantes, las alteraciones de la edificabilidad, los cambios de usos, las parcelaciones y agregaciones estarán debidamente justificadas, debiendo contribuir a la protección o desarrollo adecuado del conjunto, procurando tanto la conservación del núcleo como su consideración como una estructura social viva adaptable a los nuevos tiempos".

El desarrollo parcial de la Ley que se publicó en 2001 se refiere a la autorización (artículo 41) del Gobierno de Cantabria, previo pronunciamiento de la Consejería de Cultura, a la hora de dar el visto bueno a modificaciones en un Conjunto Histórico:

"No podrá concederse licencia alguna para la modificación de alineaciones y rasantes, incrementos o alteraciones de volumen del Conjunto, parcelaciones o agregaciones y, en general, para cualquier cambio que afecte a la armonía del Conjunto Histórico, sin acuerdo favorable del Gobierno de Cantabria previo informe de la Consejería de Cultura y Deporte". 

El Ayuntamiento de Santander no tenía constancia este pasado lunes de haber recibido ninguna petición al respecto de los promotores del proyecto. Estos han calculado un año de plazo para la obtención de las "licencias municipales" necesarias para la reforma de los dos inmuebles. Posteriormente, el plazo estimado de ejecución será de 20 meses en el caso del edificio de la calle Hernán Cortés y 36 para el del Paseo de Pereda.

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Publicado el
30 de julio de 2019 - 14:33 h

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