Ocio nocturno hasta las 2.00 horas, grupos de hasta 15 personas y registro de clientes en algunos locales: Cantabria endurece sus restricciones para evitar rebrotes
Cantabria, tal y como ha venido anunciando a lo largo de toda la semana, ha decidido endurecer sus medidas restrictivas para frenar el aumento de positivos y evitar rebrotes de la pandemia de la COVID-19. Y es que aunque esta comunidad tampoco es de las más golpeadas en esta nueva oleada que está empezando a surgir por todo el país, lo cierto es que en los últimos días se ha detectado un incremento de positivos por coronavirus, algunos relacionados con varios focos, que preocupan a las autoridades.
En este sentido, el Gobierno autonómico ha optado por modificar el decreto del 18 de junio por el que se levantó el estado de alarma en Cantabria para imponer nuevas medidas restrictivas que ha ido adelantando en los últimos días. Concretamente, la nueva orden, que se ha publicado en la tarde de este viernes, establece una reducción en el número de personas por grupo de 25 a 15, excluyendo a los convivientes.
Además, el Ejecutivo ha limitado el horario de los locales de ocio nocturno a las 2.00 horas para reducir el riesgo de contagios en unos espacios que, si bien en Cantabria no han sido objeto de ningún foco, en el resto del país sí están suponiendo zonas de especial riesgo. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha asegurado este viernes que se ha trasladado esta medida a la Asociación de Hostelería y que “por supuesto que se ha escuchado” a este colectivo.
En este sentido, el titular de Sanidad ha dicho que “es necesario compatibilizar los intereses de las asociaciones de empresarios y los de la ciudadanía con este tipo de medidas con las que se reduce el riesgo de contagios y rebrotes”. Y es que son tres las comunidades que ya han regulado los horarios de apertura de locales, a las que este viernes se suman Cantabria y Catalunya, que serán seguidas por Euskadi y Andalucía la próxima semana. “Va a ser una medida generalizada en todo el país”, ha subrayado el consejero.
Registro de clientes en diferentes establecimientos
Además, otra de las restricciones que incluye la resolución es la de controlar mediante registro los clientes que acceden a determinados establecimientos como hoteles, alojamientos turísticos, peluquerías, centros de belleza, gabinetes de estética, salones de manicura, pedicura y depilación, saunas y gimnasios, pero no a los bares y restaurantes, de momento, tal y como ya estaba anunciado, una medida que tiene como objetivo servir de ayuda en las labores de rastreo que efectúa la comunidad de los contactos de los diferentes positivos detectados.
Tal y como recoge la resolución publicada en el BOC este viernes el registro de los datos se encontrará exclusivamente a disposición de la Dirección General de Salud Pública y “tendrá como única finalidad facilitar el rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de Covid-19”.
Los establecimientos deberán recopilar la fecha y hora del acceso, nombre y apellidos y número de teléfono de contacto de cada persona y requerirá el consentimiento del interesado y solo se podrán conservar durante un mes desde el acceso.
Entrada en vigor de las nuevas normas
Tanto la reducción de grupos hasta 15 personas como el cierre de locales de ocio para bares, restaurantes y otros establecimientos públicos será de obligado cumplimiento a partir de las 00.00 horas del próximo domingo, 26 de julio. El Gobierno aplaza hasta el 10 de agosto (diez días hábiles tras la publicación de la resolución en el BOC) el registro obligatorio de acceso a determinados locales.
Por otro lado, Cantabria por el momento no se ha planteado llevar a cabo un registro de datos de todos los turistas procedentes de países o comunidades con brotes, una medida que ya han anunciado que llevarán a cabo otras como Galicia, con el objetivo de facilitar las actuaciones en el caso de detectar nuevos contagios.
Asimismo, a preguntas de la prensa sobre si Cantabria dotará de mascarillas gratuitas a personas necesitadas, Rodríguez ha considerado que “tenemos que facilitárselas a las personas que por sus capacidades económicas no tengan capacidad para su adquisición”, pero ha aclarado que es un asunto que excede de la competencia de su Consejería.
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