La oposición reprocha a PP y Cs falta de progresividad y participación en la fiscalidad de 2021 aprobada

La oposición municipal al equipo de gobierno PP-Cs ha reprochado a este que la fiscalidad que se aplicará en 2021 a los santanderinos no es progresiva, no ha estado presidida por un proceso de participación pública y suprime procesos como el de autoliquidación.

El Pleno de la Corporación santanderina ha aprobado este jueves los precios públicos, tasas e impuestos que regirán el próximo año, una fiscalidad que contiene rebajas por un monto global de cuatro millones de euros. La fiscalidad ha sido aprobada con los votos de PP y Cs, mientras PSOE y UxS han votado en contra y regionalistas y Vox se han abstenido.

Para la oposición socialista, estas rebajas no tienen en cuenta los ingresos de los contribuyentes y puso como ejemplo la rebaja del IBI (se aplicará un coeficiente del 0,41, una centésima por encima del mínimo legal). Para el portavoz Daniel Fernández, la rebaja del IBI se notará cuantitativamente en aquellos barrios con las propiedades más caras, como El Sardinero y Castelar, mientras que las propiedades más modestas tendrán un ahorro también más modesto. Fernández ha calificado este hecho como de “injusticia fiscal”. “No está en el ADN de la derecha que los santanderinos paguen según sus ingresos”.

Para el equipo de gobierno, y en lo tocante al Impuesto de Bienes Inmuebles, la reducción aplicada (un 2%) supondrá un 'ahorro' para el conjunto de los ciudadanos de 952.000 euros, un argumento en el que ha coincidido con el socio de gobierno de Ciudadanos, cuyo portavoz, Javier Ceruti, también ha insistido en que el dinero ha de estar “en el bolsillo de los santanderinos”. Huergo considera que la merma en la recaudación por IBI se compensará con los nuevos contribuyentes que accedan a las viviendas nuevas en construcción.

El equipo de gobierno cifra en nueve millones de euros el impacto de las rebajas fiscales en 2020 y 2021.

Puestos a rebajar, la oposición también ha reprochado a PP y Cs que no haya tenido en cuenta la situación de las concesiones de servicios públicos, con unos posibles reequilibros financieros en ciernes en el caso de Agua y Basuras a beneficio del Ayuntamiento, que propiciarían rebajas sustanciales en los recibos al contribuyente. Esta es una postura que viene manteniendo desde hace meses el PRC y a la que el PSOE también se apunta. En concreto se reprocha que las reducciones en los recibos de Agua y basura se limiten a reflejar la reducción del IPC y no se aplique una rebaja más sustancial que propiciarían reequlibrios financieros con los contratistas que ajustarían las tarifas a los servicios reales que se prestan. Se refieren con ello a las tarifas que aplica Aqualia desde 2012 y los siete millones de euros de quebranto económico que calcula el Ayuntamiento por la ejecución de la recogida de residuos. Si esos excesos de tarificación o deficiencias en la ejecución de servicios conllevaran una reducción del precio que se cobra al contribuyente, la rebaja sería superior a la del IPC, razona la oposición.

Otro elemento de desencuentro entre equipo de gobierno y oposición ha sido la participación pública sobre la nueva fiscalidad. La regionalista Amparo Coterillo ha censurado que se supriman procesos como el de autoliquidación, una crítica en la que ha coincidido el socialista Daniel Fernández, quien ha destacado que la supresión impedirá al contribuyente poder rectificar liquidaciones en un plazo de cuatro años, cuando la liquidación normal solo posibilita un mes para recurrir. El socialista Daniel Fernández ha indicado a este respecto que el proceso de alegaciones en la exposición pública de precios, tasas e impuestos no es equivalente a un proceso previo de participación pública por lo que considera que la fiscalidad santanderina no tiene en cuenta la opinión de los vecinos.