El Ayuntamiento de Santander ha solicitado personarse en la querella presentada ante el Tribunal Supremo por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra la construcción del Centro Botín.

 

La plataforma ha tenido que abonar una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acción popular, después de que el Supremo rechazara el recurso del colectivo contra esta decisión, según han confirmado a Europa Press fuentes del proceso.

 

El alto tribunal fijó esta fianza como cuestión previa antes de tomar una decisión de fondo sobre la querella. De ello se encargará una sala ya constituida, formada por cinco magistrados, que también deberá decidir sobre la personación del Ayuntamiento.

 

En su querella, presentada el 1 de febrero, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria. Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de “ningún tipo de actividad” en el mismo.

 

A lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento “reiterado” de la ley “en todos los trámites” de esta actuación, por lo que pide que se investiguen los hechos, que a su entender podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en actuaciones públicas, y se condene a sus responsables en el caso de haber delito. En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

 

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; e Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y es hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

 

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.