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Las luces y sombras de los 100 primeros días del bipartito PRC-PSOE

El Gobierno de Cantabria liderado por Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos ha mostrado su cara más social y ha reforzado las políticas públicas más abandonadas por el PP durante la pasada legislatura

La renuncia de promesas electorales como el AVE, la gestión de grandes infraestructuras como el Puerto de Laredo o algunos nombramientos polémicos han centrado los ataques de la oposición

Miguel Ángel Revilla interviene en la toma de posesión de sus consejeros. | Raúl Lucio

Miguel Ángel Revilla interviene en la toma de posesión de sus consejeros. | Raúl Lucio

Los actuales responsables del Gobierno de Cantabria tomaron posesión el pasado 10 de julio en un acto solemne en el que prometieron "trabajar sin descanso en favor de los ciudadanos". Desde entonces han transcurrido 100 días, el plazo de cortesía que incluso la oposición más exigente concede a los nuevos cargos antes de juzgar ferozmente su labor. 100 días en los que el Ejecutivo autonómico ha engrasado la fórmula ya ensayada durante dos legislaturas del bipartito PRC-PSOE y que deja luces y sombras sobre la coordinación, las prioridades y la acción política del nuevo Gabinete.

El pacto sellado por el regionalista Miguel Ángel Revilla y la socialista Eva Díaz Tezanos contaba con una ventaja en sus primeros días: no ha sido necesario un periodo de adaptación porque tanto el presidente como los ocho consejeros habían ocupado cargos de responsabilidad en el pasado. Muchos de ellos, incluso, habían compartido la mesa del Consejo de Gobierno en la anterior etapa. La experiencia, positiva o no, se daba por hecha. Solo debían recuperar las riendas de los departamentos en los que habían estado trabajando cuatro años atrás.

Dos de las caras 'nuevas', las de Ramón Ruiz y María Luisa Real, no lo eran tanto puesto que ambos habían ejercido labores públicas previamente. Solo daban un paso más en su carrera y tomaban mayores responsabilidades si cabe. Ambos, además, en carteras que el Gobierno quiere utilizar como banderas del cambio que se ha llevado a cabo.

Y es que en estos poco más de tres meses, el nuevo Ejecutivo autonómico ha mostrado su cara más social y ha reforzado las políticas públicas más abandonadas por el Partido Popular durante la pasada legislatura. Lo reconoce buena parte de la oposición en el Parlamento. Desde Podemos a Ciudadanos, nuevos grupos políticos con representación en la Cámara, aplauden iniciativas y decisiones tomadas por el Gobierno en este terreno.

Como críticas fundamentales aparecen la renuncia de promesas electorales como el AVE -principal reivindicación del presidente Revilla durante buena parte de su dilatada trayectoria política-, la gestión de grandes infraestructuras como el Puerto de Laredo y el más que probable rescate económico a un proyecto muy dañino para las arcas públicas, la existencia de dos gobiernos, o algunos nombramientos polémicos de uno y otro partido que ponen en entredicho la tan exigida regeneración política.

Reparto de papeles

Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE) parecen convivir con una relativa comodidad. El presidente y la vicepresidenta se han repartido los papeles y, mientras el líder regionalista ejerce su papel institucional y disfruta de su amplia exposición mediática, la secretaria general de los socialistas cántabros ha asumido una labor más ejecutiva y sobre ella pivotan muchas de las iniciativas políticas con más recorrido en lo que va de legislatura.

De hecho, la macroconsejería que ostenta Díaz Tezanos abarca áreas tan dispares como Universidad e Innovación, Medio Ambiente o Política Social, además de ser responsable última de la empresa pública Sodercan. En estos 100 días ha anunciado un ambicioso Plan de Emergencia Social destinado a solventar las necesidades más acuciantes de los ciudadanos  o capitaneó la respuesta de la comunidad autónoma a la crisis de los refugiados.

Pacto por la Educación Pública

Junto a la vicepresidenta aparece casi siempre el que fuera su 'escudero' durante la etapa anterior, Ramón Ruiz (PSOE), ahora como máximo responsable de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. La lucha contra la LOMCE y los movimientos emprendidos para "minimizar" el efecto de la conocida como Ley Wert, que le llevó a protagonizar un tenso enfrentamiento con el obispo de Santander como consecuencia del recorte en las horas de Religión, la recuperación de los profesores a tiempo completo en las aulas de dos años o la propuesta de organizar un banco de libros de texto para reducir el coste que deben afrontar las familias cada curso han conseguido el aplauso de la comunidad educativa.

Ruiz quiere impulsar un Pacto por la Educación Pública de Cantabria que incluya a todos los actores implicados en el sistema escolar. Pese a sus buenas intenciones, no ha conseguido librarse de las críticas de los sindicatos por el arranque del curso y ha sido muy cuestionada también su gestión al frente de Cultura, donde tardó mucho tiempo en nombrar el equipo que deberá tomar el pulso a las necesidades del sector.

Muchos frentes abiertos

Otro de los consejeros más activos del Gobierno ha sido el responsable de Industria, Turismo y Comercio. Francisco Martín (PRC), que ocupó la cartera de Medio Ambiente por encargo socialista entre 2007 y 2011 y se ha alistado ahora en las filas regionalistas con el objetivo de frenar la sangría que supone pérdida de puestos de trabajo en empresas como Sniace, Greyco o Nestor Martin, entre otras compañías en apuros.

Además, ha tenido que lidiar en muy poco tiempo con la negociación de las aperturas dominicales de las grandes superficies, con la suspensión del proyecto del Teléferico del Mirador del Pas o con el desarrollo del plan eólico, que levanta las sospechas de los grupos ecologistas. También ha tenido que responder por una posible privatización del Instituto de Hidráulica de Cantabria, que pretende captar fondos para ampliar sus proyectos de investigación.

La batalla de Valdecilla

La responsable de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), debe gestionar la 'mudanza' a las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una tarea que sigue pendiente más de seis meses después de la visita del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy (PP), que anunció durante una inauguración encubierta la finalización de las obras después de años de trabajos.

Este desembarco en lo que debe ser el buque insignia de la Sanidad cántabra ha estado rodeado de polémica por las acusaciones cruzadas con el Partido Popular por la concesión o no de la licencia municipal que permitirá iniciar la actividad y completar el traslado. También se apunta en su hoja de servicios la modificación del decreto que dejaba fuera de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

¿El fin de los desahucios?

El pacto entre los dos socios de Gobierno no fue suficiente para lograr la investidura en primera votación de Miguel Ángel Revilla, que firmó también un acuerdo con Podemos para regresar al poder. Este apoyo puntual -una abstención que permitió al regionalista ser presidente de nuevo- tiene contrapartidas.

Así, la lucha contra los desahucios ha entrado en la agenda política y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón (PRC), ha anunciado la elaboración de una Ley de Emergencia Habitacional en la que está trabajando en coordinación con colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cantabria.

Nombramientos polémicos

Mazón, además, se ha encontrado con un problema heredado de su anterior etapa como consejero: la fallida puesta en marcha del Puerto de Laredo, cuyo rescate puede costar a las arcas públicas cerca de 30 millones de euros. Por si fuera poco, el 'fichaje' por parte de Francisco Martín del antiguo gerente de esta instalación, Antonio Bocanegra, ha levantado más aún la sombra de la sospecha sobre su gestión.

Otro de los nombramientos polémicos del nuevo Gobierno, del que la oposición ha exigido explicaciones en el Parlamento, es el de Pedro García Carmona como director general de Administración Local en la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Rafael de la Sierra (PRC), cuestionado por su imputación en el caso de la firma falsa durante la moción de censura que se produjo la pasada legislatura en Torrelavega.

La crisis del sector lácteo

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria recayó en Jesús Oria (PRC), otro de los hombres de confianza de Miguel Ángel Revilla con amplia experiencia en la gestión. En estos tres meses ha tenido que afrontar una grave crisis en el sector lácteo, con numerosas protestas de los ganaderos cántabros por el precio que pagan por la leche las grandes distribuidoras.

En su mano estará también la gestión del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria, un instrumento de programación de los fondos comunitarios que se destinan al desarrollo de la ganadería y del medio rural que supondrá una importante inyección económica para las zonas más despobladas de la comunidad autónoma, que ronda los 40 millones de euros anuales.

El encargado de la caja

Al que le corresponde gestionar los recursos de los diferentes departamentos es a Juan José Sota (PSOE), consejero de Economía, Hacienda y Empleo, que deberá hacer números para contentar a las dos sensibilidades del Gobierno y, al mismo tiempo, a la oposición parlamentaria. La primera batalla política de envergadura en esta legislatura llegará en el debate de los presupuestos para el año que viene.

La minoría parlamentaria de socialistas y regionalistas obliga a una dura negociación con el resto de grupos para sacar adelante las cuentas públicas de 2016. Para complicar aún más las cosas, el debate se celebrará en plena campaña de las elecciones generales del mes de diciembre, una cita con las urnas que distorsionará el discurso político de aquí a final de año.

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