El objetivo de déficit de Cantabria depende de que el Estado pague los 130 millones de las entregas a cuenta

Unos días después de que el camino a nuevas elecciones generales se confirmara y que trascendiera casi al tiempo la noticia de que el Ministerio de Hacienda había encontrado la fórmula para desbloquear 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta a las autonomías, entre ellas Cantabria, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, sigue esperando que este hecho se produzca así como el pago de la liquidación del IVA de 2017 por parte del Estado.

Así lo ha asegurado esta tarde en el Pleno del Parlamento la consejera de Economía para quien es vital esta recepción de dinero para que se cumpla el objetivo de déficit.

Cantabria todavía no sabe cuánto recibirá de Madrid en los próximos días, pero el Gobierno Revilla calcula que se trata de 130 millones de euros, cantidad que sube hasta los 175 millones si se añaden otros compromisos plurianuales del Estado en referencia a programas y proyectos como Valdecilla o la Dependencia.

En una interpelación del PP sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit de 2019, Sánchez ha recordado que la comunidad autónoma ha cumplido en 2017 y 2018 con un “gran esfuerzo”, que va a seguir haciendo.

En cuanto al objetivo de déficit, la consejera ha explicado que este año está en el -0,10% y, aunque el último dato publicado lo sitúa en el -0,80%, ha detallado que la “desviación” se debe a la recepción de “menos ingresos” del Estado.

Así, ha apuntado que el recibir las entregas a cuenta sin actualizar, al ser las contempladas en los presupuestos generales de 2018 que están prorrogados, “supone un menor ingreso mensual de 8 millones y medio de euros (8.577.007 euros)”.

“Hasta el mes de agosto este menor ingreso ha tenido una repercusión de unos 68,6 millones menos y, si añadimos que en julio de este año en las liquidaciones de IVA del 2017 no se han recibido los 50 millones, por no estar aprobados los presupuestos del Estado de 2019, estamos en estos momentos con una insuficiencia de 118,6 millones”, ha detallado.

Así, en estos momentos, Sánchez ha indicado que la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno es de -135 millones de euros, de los que el Estado debe a la comunidad 118,6 millones. “Es una diferencia 16,4 millones”, ha calculado, por lo que ha asegurado que, si la región recibiese la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA de 2017, estaría “casi en cumplimiento”.

En concreto, si Cantabria recibe esos 118,6 millones en lo que confía el Gobierno regional, el objetivo de déficit de la comunidad se situaría en el -0,11% y, junto con un “control exhaustivo de los ingresos y los gastos” que se está realizando, la consejera ha asegurado que “vamos a cumplir”.

Sobre la regla de gasto, Sánchez ha enfatizado que Cantabria cumplió en 2018 cuando la tasa era del 2,4% y para este año está en el 2,7% por lo que, ha dicho, “les aseguro señorías que también cumpliremos”.

La misma expectativa de cumplimiento ha mostrado en el objetivo de deuda pública, que el año pasado estaba en el 23% del PIB y se cumplió y para 2019 está en el 22% por lo que “cumpliremos este objetivo”, ha dicho Sánchez añadiendo que además así lo auguran los propios estudios del Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Fracasa la propuesta fiscal del PP

Los grupos parlamentarios del PRC y el PSOE han tumbado esta tarde en el Pleno la moción con la que el PP quería instar al Gobierno regional a implementar su propuesta fiscal, con bajada de impuestos e incremento de deducciones, iniciativa que sí ha contado con el apoyo de Cs y el Grupo Mixto (Vox).

La propuesta de los 'populares' proponía bajar los tramos autonómicos del IRPF, suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava las hipotecas de primera vivienda, así como crear deducciones para familias o jóvenes, entre otras, con las que, según ha defendido la diputada María José González Revuelta, los cántabros pagarían “500 euros menos de media” y “hasta 1.000 euros menos las clases medias”.

Los partidos del Gobierno (PRC-PSOE) han criticado que el PP, sin ganar las elecciones, trate de que se lleve a cabo a través de esta iniciativa la política fiscal recogida en su programa electoral y que la diputada regionalista Emilia Aguirre ha tachado de “injusta, regresiva y dañina” y que solo está dirigida a beneficiar a “quienes más tienen”.

Tanto la diputada del PRC como la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, han asegurado que el Gobierno quiere una política fiscal “justa y progresiva” y han criticado que los 'populares' vienen al Pleno con “sus promesas electorales” sobre las que los cántabros ya tienen “aprendida la lección” porque, cuando el PP estuvo en el Ejecutivo, no sólo subió impuestos sino que “aprobaron solitos 13 nuevas tasas”.

Cobo ha denunciado que los 'populares' “prometen menos impuestos y más desgravaciones pero no explican cómo, de hacerlo, se sostienen los servicios públicos”. “Cómo se puede recaudar menos sin explicar cómo afecta a la sanidad, la dependencia o las políticas sociales”, ha añadido.

Frente a las críticas de regionalistas y socialistas, González Revuelta, ha augurado que la subida de impuestos está “en la agenda de PRC-PSOE y en el ADN de este Gobierno”. “Siempre sube los impuestos, todo les parece poco para mantener el gasto de la administración”, ha denunciado la diputada del PP, que ha anunciado que los 'populares' mantendrán una “ofensiva” para reivindicar la bajada de impuestos “el tiempo que sea necesario”.

Esta propuesta de los 'populares' ha contado con el apoyo de Cs y Vox aunque no sin críticas a la política fiscal que llevó a cabo el PP cuando estuvo al frente del Gobierno de Cantabria.

Vuelta Ostrera

El Gobierno de Cantabria velará para que “no se mueva ni una piedra ni un tubería” de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia firme de derribo, hasta que esté en funcionamiento la nueva depuradora.

Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Vox sobre si el Ejecutivo regional PRC-PSOE baraja alternativas a la demolición de la estación depuradora de aguas residuales. A esta cuestión, ha contestado Blanco recordando que tanto las obras de derribo de la actual EDAR como la construcción de la nueva dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, en funciones en la actualidad, al igual que todo el Ejecutivo central.

Frente a ello, ha apuntado el regionalista, la administración autonómica “solo puede velar por que no se mueva ni una piedra ni una tubería hasta que no esté en funcionamiento la nueva”.

Vuelta Ostrera ha centrado otro punto del orden del día, en el que PRC y PSOE han rechazado junto con Vox una iniciativa de Ciudadanos para urgir al Estado que decida el emplazamiento de la estación, y en el que los regionalistas han acusado a los naranjas de estar “eligiendo” ese lugar y, en consecuencia, “quitando competencias” al Ministerio, que es el que debe resolver.

La proposición no de ley, defendida por Félix Álvarez, portavoz y diputado de la formación liberal, ha contado únicamente con la abstención del PP, que lidera la oposición al bipartito y que inicialmente había anunciado que iba a votar a favor.

La parlamentaria del PRC Rosa Díaz, que además es alcaldesa de Polanco, uno de los municipios a los que da servicio la depuradora y que podría albergar la nueva, ha tachado de “partidista, oportunista y demagógica” la propuesta de Ciudadanos, partido que se ha decantado públicamente por la isla de Monti -o de Solvay- para albergar la futura instalación.

Según ha indicado la regidora regionalista, tras las alegaciones efectuadas a las posibles ubicaciones se ha abierto un nuevo plazo, a raíz del cual se tendrá que formular la declaración de impacto ambiental, y a partir de este paso y conforme a los informes técnicos se decidirá la ubicación de Vuelta Ostrera, para lo que “todos” -ha dicho- han de defender el mejor emplazamiento.