El macrojuicio de 'La Loma' reabre las heridas de la corrupción urbanística en Castro: medio centenar de imputados se sientan en el banquillo esta semana

Más de cuatro años después de que el juez Luis Acayro Sánchez ordenara la apertura de juicio oral por el caso 'La Loma' en Castro Urdiales, el medio centenar de imputados por la mayor trama de corrupción urbanística en el municipio se sentará en el banquillo para ser juzgado. Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria encausará a 23 políticos, 13 constructores, y 10 funcionarios y técnicos municipales en un plazo de seis meses, en un juicio que comienza esta semana en Las Salesas. 

Castro Urdiales, uno de los municipios más azotados por la especulación urbanística y con una ristra de causas, algunas pendientes y otras ya cerradas, relacionadas con el ladrillazo, verá cómo la celebración de este macrojuicio reabre las heridas de aquella etapa negra que acabó bautizándolo como 'la Marbella del norte'. 

La Fiscalía ha solicitado para todos los imputados cerca de 200 años de cárcel en total, entre los que se encuentran los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, estafa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y desobediencia a la autoridad.

La causa, conformada por 101 tomos y más de 57.500 folios, y que cuenta con más de 370 testigos para tomar declaración, fue instruida por el juez Acayro Sánchez durante su etapa al frente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales. 

La confirmación por parte de la Audiencia de la instrucción y las imputaciones formuladas por este magistrado provocaron la dimisión, en mayo de 2015, a las puertas de las elecciones municipales, de los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales, Daniel Rivas, y Laredo, Juan Ramón López Revuelta.

Ese mismo mes de mayo, Acayro Sánchez dictó el auto de apertura de juicio oral, en el que reiteraba la existencia de “múltiples indicios” de delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, en el desarrollo urbanístico de La Loma.

Todos ellos cometidos, según el juez instructor, “en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades”, que habrían provocado un perjuicio al patrimonio municipal de unos 9,4 millones de euros, y el enriquecimiento ilícito de algunos de los imputados.