“Siguen produciéndose cortes de suministro energético en Cantabria”
La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes ha convocado para este jueves 2 de febrero un apagón energético de 19.00 horas a 20.00 horas, así como una concentración a la misma hora en la plaza del Ayuntamiento de Santander, como ya se hizo el pasado 21 de diciembre a nivel estatal. El encuentro se hará bajo el lema #NoMásCortesDeLuz, tal y como se llevó a cabo en aquella masiva protesta.
Luis Cuena y Marcos Gutiérrez, portavoces de este movimiento, han denunciado que tienen constancia de que “siguen produciéndose cortes de suministro energético en los últimos días”, ante “los episodios de cierta crudeza” que estamos viviendo durante este invierno.
En la comparecencia han manifestado que los informes que se han elaborado sobre pobreza energética por parte de las Organizaciones Ambientales desvelan que entre “un 7% y un 8% de la población cántabra padece esta problemática, una cifra por debajo de la media del Estado (11%)”.
Por tanto, en Cantabria, comunidad que cuenta con algo más de medio millón de habitantes, son alrededor de 40.000 personas las que sufren de esta lacra.
Cuena ha resaltado que “son aproximaciones puesto que no se han hecho estudios exhaustivos como en Francia y Gran Bretaña, países con tradición en este tipo de análisis”. “No hay auditorías del sistema y se ha hecho a partir de los datos de ONGs”, apunta.
En España “están contabilizadas 2,3 millones de personas que sufren pobreza energética a pesar de que se estima que la población real está en torno a los 5,3 millones de habitantes, es decir, las cifras oficiales están por debajo de la mitad de lo que en realidad existe”.
Bono Social
Mientras tanto, en diciembre se aprobó la normativa sobre el bono social y el pasado martes 31 de enero se convalidó en el Congreso. También el Gobierno de Cantabria ha habilitado un Fondo de Suministros Básicos dotado con 2 millones de euros. A pesar de ello, Cuena subraya que faltan por desarrollarse “varios reglamentos que pongan en marcha este decreto por lo que el problema de fondo no se ha resuelto; estamos en la misma situación que teníamos”.
Como consecuencia de ello, el portavoz de la Plataforma lamenta que “se ha perdido la oportunidad de atajar el problema este invierno” y, por tanto, estas medidas contra la pobreza energética, “solo se podrán poner en práctica a partir del próximo”.
Asimismo, Cuena hace hincapié en que hay “tres reglamentos que haría falta perfilar”. Se trata de la definición de 'consumidor vulnerable', de cómo va a funcionar el bono social- qué aspectos energéticos va a incluir y cuáles va a dejar fuera-, y en tercer lugar, el procedimiento para evitar los cortes de suministro.
Destaca también la necesidad de “dar un giro absoluto” al bono social y regirlo por “cuestiones relacionadas con la renta” como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La Plataforma considera que el real decreto-ley convalidado el pasado martes es “bastante insuficiente” puesto que “no da respuesta integral” y “deja de lado a todos los conceptos energéticos que no son la electricidad estrictamente”. “Demandamos que incluya todos los combustibles que entran a formar parte de la calefacción, como el gas, biomasa o carbón”.
Reclamos
Por todo ello, “mientras se van resolviendo cuestiones de fondo y se abre una discusión en todo el Estado en torno a este tema hemos lanzado siete medidas que consideramos urgentes”, ha expuesto Gutiérrez.
Reclaman “la prohibición legal inmediata de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos, el fin a los 'abusos tarifarios' a través de una tarifa asequible y regulada por el Gobierno, y la creación de una auténtica tarifa social de servicios energéticos que sustituya al actual bono social”.
Además, solicitan “el reconocimiento y la devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs) y la auditoría a los sistemas eléctrico y gasista”.
Finalmente, demandan “la aplicación de tipos de IVA reducido y superreducido a la electricidad y al gas pasando del 21% actual al 10% y al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía, y la detracción de la parte fija del término de potencia en 2017 por parte de Viesgo para perceptores de la Renta Básica acogidos al Bono Social”.
