Pasaje Seguro considera “desafortunado” que la Fiscalía achaque al 'efecto llamada' el aumento de MENAS en Cantabria
La organización Pasaje Seguro cuestiona las observaciones que hace la Fiscalía, en el informe relativo al ejercicio de 2016, de las cifras relativas a menores no acompañados (MENAS) y asegura que se equivoca en sus interpretaciones. El colectivo critica que este órgano emplee la expresión 'efecto llamada', que considera “poco respetuosa” para referirse a los menores extranjeros y que no interprete “de un modo más adecuado el aumento de pruebas de determinación de la edad”.
El Ministerio público señala que el pasado año se practicaron a 17 menores pruebas de determinación de la edad y lo achaca al 'efecto llamada' producido por la “agilidad en los trámites y la falta de masificación en los centros de Cantabria”, denominación que esta agrupación considera “injustificada”.
Desde Pasaje Seguro subrayan que en el informe “se confunde decretos de determinación de la edad con menores extranjeros no acompañados acogidos y/o tutelados” y que “si se tratara de 17 menores en un año, no dejaría de ser una cifra que no justifica alarmar con la desgraciada expresión”. Para este colectivo, el uso del término 'efecto llamada' en este caso “alarma a la población en vez de estimular la solidaridad y felicitarse por el cumplimiento de la legalidad vigente”.
El grupo destaca que es “de suponer y desear” que no todas las tutelas habrán precisado prueba de determinación de la edad ya que, como señalan diversos organismos internacionales, “son muy invasivas, con un gran margen de error (hasta dos años) e innecesarias cuando el menor porta documentación en regla”.
Por tanto, sus integrantes piden “responsabilidad” en la utilización de expresiones como “efecto llamada”, un concepto que juzgan de “desafortunado”, basado en los “prejuicios” y en el “racismo” y que “genera alarma social”. Sitúan esta expresión al nivel de “avalancha” u “oleada” que se emplean con personas migrantes “animalizándolas” y que, en el caso de menores, resulta menos justificado aún pues “se trata de niños y niñas ante todo”, incide Pasaje Seguro.
Recuerda que se trata de menores que “soportan situaciones inhumanas y que buscan un futuro al que tienen derecho, desde un punto de vista objetivo (jurídico) y subjetivo (humano), y más en una comunidad autónoma cuya cifra de menores extranjeros no acompañados es minúscula”.
Pruebas poco eficientes
El colectivo ciudadano considera que, lejos de deberse a una presunta eficiencia en la tutela, los 17 decretos de determinación de la edad se podrían deber a la “generalización de estas pruebas altamente cuestionadas por instituciones” que van desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta la oficina del Defensor del Pueblo, pasando por varias sentencias de altos tribunales.
A su juicio, el ICASS “ha alimentado esta situación descartando documentaciones en regla”. Como ejemplo de ello, Pasaje Seguro señala el 'caso de Samuel', el menor camerunés sobre el que el Gobierno de Cantabria inició un procedimiento de expulsión irregular y que, con el apoyo de su abogada de oficio y de Cáritas, Pasaje Seguro y 100.000 firmas en change.org, finalmente vio reconocida su minoría de edad, que las pruebas negaban.
Para evitar este tipo de situaciones, Pasaje Seguro se reunió con el equipo del presidente Revilla y tal y como señala el colectivo, ha presentado un Protocolo al Gobierno de Cantabria, elaborado con el apoyo de juristas especializados, sobre el que esperan respuesta.
