Buruaga insiste en que la condonación de la deuda de Cantabria es “una trampa”

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), dirá 'no' a la condonación por el Estado de la deuda de la comunidad, al considerar que es “una trampa” que “discrimina” a la autonomía. Así se ha pronunciado la líder del PP cántabro antes de conocer este miércoles los detalles exactos de la propuesta del Ministerio de Hacienda, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“La posición del Gobierno de Cantabria es clarísima desde el primer momento y no ha cambiado en absoluto porque a nosotros no nos engañan. La quita de la deuda es el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez sea presidente. La supuesta condonación es una maniobra trilera, porque la deuda no se evapora, se redistribuye entre todos los españoles que tendremos que pagar la nuestra y la catalana. Se va a traducir en recortes de inversiones, subida de impuestos y abandono de proyectos”, ha opinado.

La presidenta de Cantabria ha insistido así en que la propuesta de condonación de deuda del Gobierno a las comunidades autónomas es “una trampa” y “una maniobra trilera” que supone “el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez continúe en el poder”.

En este sentido, ha insistido en que “la deuda no se evapora”, sino que “se redistribuye” y “se reparte entre todos los españoles, que vamos a tener que pagar la nuestra y a escote la catalana”. Además, ha subrayado que la propuesta esconde una “discriminación” a Cantabria, con una quita 2,3 puntos por debajo de la media nacional en cuanto al efecto reductor por habitante.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda es condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades, de los que 809 millones corresponden a Cantabria. Según Buruaga, si se analiza de forma “completa y seria” la propuesta, se ve que a Cantabria se le condona un 24,9% de la deuda, frente al 26,7% del total nacional. Esto representa 1.369 euros por habitante en el caso de la comunidad, frente a los 1.892 del conjunto del país.

“Es decir, Cantabria se sitúa en el 72,4% de la media nacional, frente al 120,7% de Cataluña. Blanco y en botella. Estamos pagando los cántabros la deuda de los catalanes”. “La deuda que nos dicen que nos quitan como cántabros, la vamos a pagar como españoles”, ha sentenciado tras lamentar que “los seguidores de Sánchez se apresuraron ayer a celebrar esa quita de 809 millones para Cantabria” cuando, en su opinión, “es una tomadura de pelo.

“Quizás la única deuda que se evapora aquí es la deuda catalana”, ha valorado a preguntas de los medios este martes, un día antes de celebrarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda abordará la propuesta con las autonomías.

Una reunión que, además, considera “una farsa porque va todo cocinado”. “Solo sirve para tratar de imponer al resto de las comunidades autónomas unos criterios y unas condiciones que se han pactado unilateralmente con el independentismo catalán”, ha dicho la presidenta de Cantabria, que dirá “enérgicamente no” a la quita de deuda.

A juicio de Buruaga, en vez de hablar de condonación de la deuda, “lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez” es pagar “lo que nos debe” a los cántabros, “que es una cantidad muchísimo más relevante de aquella de la que estamos hablando”.

En este sentido, se ha referido a las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, “que suponen 26 millones de euros al mes que pierde Cantabria mientras no se actualicen”. Por ello, “en este momento Sánchez nos debe 52 millones de euros que proceden de los impuestos de todos los cántabros” correspondientes a enero y febrero, ha subrayado la presidenta.

Reacción socialista

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha calificado de “irresponsable e injusta” la decisión del Partido Popular de renunciar a la quita de 809 millones de euros de deuda. El dirigente socialista ha reaccionado así al mensaje de la presidenta de Cantabria en el que avanza la posición del Ejecutivo autonómico en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Ni son las formas ni es el fondo. Demuestra un seguidismo más propio de una hooligan que de una presidenta autonómica, que evidencia que está al servicio de los intereses de Alberto Núñez Feijóo antes que al servicio de los intereses de los cántabros y las cántabras”, ha criticado el secretario general de los socialistas cántabros. Para Casares, “en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a trasladar una propuesta por parte del Gobierno de España que beneficia a Cantabria y lo que debería hacer el Gobierno autonómico es valorarla con rigor, solvencia, responsabilidad y pensando en el interés general de los cántabros”.

“Calificar de trágala y maniobra trilera una propuesta de condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, de los que 809 millones corresponden a Cantabria, demuestra un desconocimiento profundo”, ha señalado. Un desconocimiento “interesado”, a juicio de Casares, “como demuestran los datos”. Así, el líder de los socialistas cántabros ha señalado que “mientras a Cataluña se le condona el 19,2% de su deuda, a Cantabria se le condona en la propuesta un 24,9%”.

“El mejor ejemplo de la incoherencia del PP es el Gobierno de la Junta de Andalucía, donde hace unos meses pedían que la condonación de la deuda alcanzara los 17.000 millones para llegar a un acuerdo y ahora que alcanza 18.791 millones para su comunidad autónoma, una cifra muy superior, dicen que no, ponen en evidencia esa estrategia del PP pensando siempre más en sus intereses partidistas que en los de la ciudadanía”.

Además, para Casares, “un Gobierno, como el de Buruaga y el PP, que está recortando los servicios públicos y que quiere convertir los derechos en negocio con la Sanidad pública y la Educación pública en jaque mate, no puede permitirse el lujo de renunciar a la condonación de la deuda”. “Estamos hablando de 809 millones de euros que servirían para reforzar la atención primaria, para abrir los consultorios rurales, para impulsar la modernización del sistema sanitario, para mejorar la atención a la dependencia, para fortalecer el sistema educativo o para apostar por la construcción de vivienda pública de alquiler o compra a precio asequible”, ha destacado Casares.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha afirmado que “en una Cantabria que ha retrocedido en dos años por los recortes en los servicios públicos, lo que necesita son más recursos y no menos, lo que merece es un Gobierno que trabaje para garantizar los derechos y oportunidades de los cántabros y no que quiera abrir una brecha de desigualdad con sus nefastas políticas”.

Rehén de Feijóo

También ha sido muy crítica con Buruaga la diputada y portavoz del PRC en materia económica, Paula Fernández, que ha asegurado que su Gobierno “ni está preparado, ni muestra voluntad” para defender los intereses de Cantabria en la negociación con el Estado sobre el futuro de la financiación económica “más allá de lo que diga Feijóo” y por ello “se limita a hacer seguidismo de la postura nacional del Partido Popular”, en lugar de “ponerse a trabajar para concretar una postura propia y buscar lo mejor para los cántabros”.

“Buruaga está convirtiendo a Cantabria en rehén de los intereses electorales de Feijóo, ha lamentado la parlamentaria regionalista tras el debate que ha mantenido este martes en el Parlamento con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), a quien ha encontrado ”muy poco comprometido con las necesidades específicas de la Comunidad Autónoma, que poco tienen que ver con las de otros territorios donde el PP tiene su granero de votos, como Andalucía, Madrid y Valencia“.

“A nadie le amarga un dulce”, ha continuado la parlamentaria en alusión a la quita de 809 millones de euros a Cantabria y la consiguiente reducción del total de la deuda en cerca de un 24%, con el ahorro de alrededor de 20 millones anuales en concepto de intereses, aunque a su juicio la Comunidad Autónoma “hubiera salido más beneficiada si la condonación se hubiera calculado con otros criterios, por los que el Gobierno autonómico ni siquiera ha luchado”.