Cantabria ocupa por segundo año consecutivo el penúltimo lugar por comunidades en servicios sociales

Cantabria sigue ocupando, por segundo año consecutivo, el 16º puesto en el ranking de las autonomías sobre servicios sociales que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el denominado Índice DEC 2023, solo por delante de Murcia. De acuerdo con este informe, que se ha dado a conocer este jueves, la calificación de la región se sitúa en un 4,05, lo que la sitúa en la categoría de 'irrelevante' y lejos del 7,44 ('alto') de País Vasco, que encabeza la tabla.

Cantabria mantiene una tendencia “acusadamente descendente” desde 2013, a pesar del ligero incremento de puntuación en 2023, marcada por la pérdida continua de relevancia económica y un escaso desarrollo de la ordenación del Sistema y deterioro de la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía, que se agudiza a partir de 2020, aunque registran ambas un repunte en 2023. Cantabria ha pasado de ser en 2013 una de las Comunidades más destacadas en el desarrollo de sus Servicios Sociales a la penúltima clasificada en 2023.

En el reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema de Servicios Sociales, Cantabria sigue teniendo sólo como referencia la Ley autonómica, sin desarrollo a través de un catálogo o cartera de servicios, y sin planificación estratégica. Tampoco puntúa en ninguno de los tres nuevos indicadores que sustituyen, en esta aplicación, a la Ley de nueva generación: ética, investigación e historia social única.

La relevancia económica en materia de servicios sociales de las administraciones públicas de Cantabria (Gobierno regional y entidades locales) registra un deterioro continuado desde 2013, partiendo desde una posición muy destacada, en la que incluso alcanzaba la Excelencia, que ya ha perdido.

Como en el resto de comunidades, Cantabria incrementó su gasto en servicios sociales en el año 2022 (+6,8%), pasando de 478,5 euros por habitante en 2021 a 511 euros en 2022 (+32,5 euros).

El resultado es que, aunque solo por un euro, Cantabria se sitúa por primera vez por debajo de la media estatal (512,0), cuando siempre había estado muy por encima.

También disminuye, aunque muy ligeramente (-0,04 puntos) el porcentaje del gasto en servicios sociales en relación con el presupuesto total de las administraciones públicas en Cantabria, del 8,99% en 2021 al 8,95% en 2022. Y vuelve a situarse por debajo de la media estatal, que fue del 10,24%.

En cuanto al porcentaje que representa el gasto en servicios sociales de las administraciones públicas de Cantabria en relación con el PIB regional, también se ha reducido desde 2020, que era del 2,11%, hasta el 2,02% en 2021 y 1,95% en 2022 (-0,84 puntos). No obstante, éste es el único indicador de relevancia económica en el que Cantabria continúa por encima de la media estatal, que es 1,81%

El protagonismo de las entidades locales -ayuntamientos- sobre el gasto total en servicios sociales en Cantabria es el más bajo de todas las comunidades, solo el 6,5%, correspondiendo a la comunidad el 93,5% restante, cuando la media del conjunto regional es 27,3% y 72,7% respectivamente.

Este escaso protagonismo local, también en materia económica, reafirma que una de las causas de la ineficiencia del sistema en esta Comunidad reside en esa falta de implicación y protagonismo de los ayuntamientos, ya que incumple uno de los paradigmas más sólidos del sistema como es la proximidad.

Cobertura efectiva de prestaciones y servicios

En cuatro indicadores Cantabria destaca por encima de la media: plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 70 años, con una cobertura de 4,51 %, superior a la media estatal que es 3,91%; centros de día para personas mayores de 70 años, con una cobertura de 1,19% frente a 0,96% de media; Rentas Mínimas de Inserción, que las percibe en Cantabria el 9,2% de su población bajo el umbral de la pobreza, mientras que la media es del 8%; y plazas residenciales para personas sin hogar, con 60,3 por cada 100.000 habitantes en Cantabria, y 52,2 en España.

La mayor parte de los indicadores de cobertura en Cantabria están por debajo de la media estatal, destacando especialmente la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales, con un profesional por cada 2.815 habitantes, muy por encima de la media, que es de un profesional por cada 1.764 habitantes. Lo que lleva a constatar, de nuevo, que la debilidad del nivel local en los servicios sociales de Cantabria constituye el mayor déficit del sistema y puede explicar su escasa eficiencia, según el DEC.

También es baja la calificación de su Atención a la Dependencia, con 2,5 puntos en la Escala del Observatorio (un punto menos que el año anterior), lejos de 5,1 de media del conjunto de comunidades; y la Ayuda a domicilio, con una cobertura del 5,5% frente a 7,6%. No obstante, la intensidad de este servicio es mayor en Cantabria, con 26,1 horas de media mensual, que la media estatal, que son 20,2 horas.

Igualmente están por debajo el servicio de teleasistencia, con una cobertura de 9,4%, siendo la media estatal 14%; las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad, con una cobertura del 1,6% en Cantabria frente al 3,1% de España; y las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 7 por cada 100 mujeres con orden de protección cuando la media es de 14,25. Aquí el informe destaca que solo 3 años antes, en 2020, el porcentaje de cobertura alcanzaba el 39,8% en Cantabria.

Asimismo, Cantabria está por debajo del conjunto nacional en plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 16,3 plazas por cada 100.000 habitantes frente a 41,2. En plazas residenciales para personas con discapacidad (1,7%), la cobertura en Cantabria es similar a la media estatal.

El único eje que muestra una clara evolución en estos 12 años es el de relevancia económica, que refleja un claro deterior, mientras que los otros dos ejes, ordenación del sistema y cobertura efectiva de prestaciones y servicios, apenas han evolucionado.

“Cantabria sigue mostrando así un sistema escasamente desarrollado y con notables desequilibrios, con una cobertura en riesgo, por la falta de desarrollo de su normativa y planificación”, concluye el informe.